El socavón: ¿apuesta por el olvido?

   

 

   

Si algunos en el gobierno apostaron a que con el tiempo –ya 20 días– se olvidaría la tragedia en el Paso Express de Cuernavaca, equivocaron de nueva cuenta sus cálculos.

La noche del domingo se volvió a inundar y hubo que cerrarlo nuevamente. Las fotografías del lugar muestran una verdadera laguna en lo que se iba a “arreglar en dos semanas”.



El enojo contra una obra pública mal hecha, en la que murieron dos personas decentes y trabajadoras, no se esfuma con declaraciones ni se va con las lluvias.



Ahí está lo que mata las acciones positivas del gobierno: la manga ancha, displicencia, ante los errores que con toda razón lastiman a la ciudadanía.



Esa obra costó dos mil 213 millones de pesos, más de mil millones más de lo acordado, y sólo duró tres meses, mató a dos personas y afecta a vecinos y cientos de miles de usuarios que con sus impuestos pagaron por ella.



El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo la semana pasada que de acuerdo con los reportes preliminares hubo “fallas, anomalías y omisiones de funcionarios públicos y de las empresas del consorcio constructor Aldesa Epcor”.



También hubo responsabilidad del gobierno de Morelos que no dio mantenimiento al drenaje que pasa por debajo de la carretera, se taponeó y colapsó.



Si ya lo saben, ¿por qué no castigan?



¿En qué consisten esas “anomalías” de parte de funcionarios públicos”? Porque dentro de ese término cabe todo.



Hay dos muertos, mil millones de pesos pagados de más, y una obra inservible.



El consorcio constructor respondió que sus empresas no son responsables del socavón.



Entonces, ¿quién?



Dice el consorcio constructor en un comunicado que “en todo momento hemos ejecutado los trabajos de acuerdo a los lineamientos y con los materiales especificados en el proyecto e instrucciones concretas recibidas, cumpliendo la normatividad de ejecución y dentro de la legalidad”.



Si lo hicieron todo bien, ¿por qué duró tres meses la obra?

Si nos dejamos llevar por lo que dice el consorcio constructor, volveremos a la hipótesis de las “lluvias atípicas”, que no convencen a nadie porque es inadmisible que se construya una obra que no resiste un aguacero.



Y todo ello por la módica suma de dos mil 213 millones de pesos.



Dice el comunicado que “el consorcio está integrado por un equipo de ingenieros, calificados, con amplia experiencia en la ejecución de obras complejas de infraestructura tanto pública como privada”.



Ese párrafo es un verdadero insulto. Ahí está una empresa inhabilitada por la secretaria de la Función Pública, que se cambió de nombre para llevarse el proyecto. Y una compañía española que más le vale aclarar lo sucedido –si hubo dádivas a funcionarios para cobrar más caro y bajar el costo de la obra– a fin de que no abonen en la triste fama de algunas empresas de origen español que vienen a México a robar.



Su “amplia experiencia en la ejecución de obras complejas” y su “equipo de ingenieros calificados” no fueron capaces de hacer un paso express, mil millones de pesos más caro de lo presupuestado, sin que se hundiera y matara a dos ciudadanos de bien.



El gobierno no puede apostar al olvido en este caso, porque simplemente no hay olvido.



Queda en la memoria un sedimento de rabia por las “anomalías” de funcionarios de la SCT y constructoras que vienen a México a hacerse la América sin aportar calidad ni excelencia.