Por la tarde del miércoles, la Junta de Gobierno emitió un comunicado en que establece que aunque sus integrantes respetan las posiciones vertidas por el STAUAEM, “discrepamos en que el rector no sea un interlocutor viable con el Gobierno federal y estatal. A nuestro juicio, el rector tanto de hecho como de derecho es el interlocutor idóneo para representar, gestionar y exigir los recursos requeridos para la institución”.
Y subrayan “no estamos de acuerdo en que haya habido una deficiente administración de los recursos que dispone la universidad, pues de acuerdo a la información a la que tenemos acceso, proveniente del Órgano Interno de Control y del Despacho de la Auditoría Externa el problema de la institución es un asunto de insuficiencia de recursos financieros, derivado de los compromisos signados por el propio Congreso del Estado (pensiones y jubilaciones), cuyo incumplimiento impide a la Administración atender cabalmente las responsabilidades a su cargo que la normatividad le obliga”.
Finalmente, hacen un “llamado a la unidad entre quienes integramos la Comunidad Universitaria, pues a través de ella la institución puede resolver éste y los siguientes desafíos que se le presenten”.
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