Ciudad de México

La Arquidiócesis de México denunció que Morelos atraviesa un estado de corrupción y decadencia que orilló a líderes sociales a marchar hacia la Secretaría de Gobernación para dar cauce a las demandas de la población contra la inseguridad y la corrupción.

En el editorial “Morelos, corrupción y decadencia” del semanario Desde la Fe, la arquidiócesis acusa al sistema de incurrir en graves violaciones a los derechos humanos y de poner en riesgo la paz de sus habitantes.De acuerdo con la publicación, Morelos "vio cómo las esperanzas de la alternancia se vinieron abajo como castillo de naipes o fortaleza construida en el aire; poco a poco, por las oquedades del régimen perredista, se minó la franca corrupción, que pone en tela de juicio los supuestos logros ante la realidad de una sociedad apabullada por la propaganda oficial sobre la reducción de la delincuencia; sin embargo, la realidad es otra". 

El semanario destacó que según el Semáforo Delictivo, herramienta que monitorea la incidencia delictiva en México, en junio, Morelos superó 31 por ciento la media nacional en homicidios y dijo que a pesar del esfuerzo institucional por mostrar una imagen contraria.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) señaló que de cada diez delitos, sólo uno se denuncia.

En la “Ciudad de la Eterna Balacera”, Cuernavaca, los encargados de la seguridad denuncian por lo menos 49 colonias de alta peligrosidad, donde se cometen robos violentos, agresiones sexuales y homicidios, y la ciudadanía no denuncia por desconfianza y frustración.

A la crisis de inseguridad se suman los reclamos contra el incumplimiento en las promesas de campaña de Graco Ramírez, entre ellos impulsar la revisión del gobierno, la revocación del mandato y la creación de empleos, entre otras.

El editorial afirma que a pesar de las protestas, el gobernador Graco Ramírez se aferra al cargo para impulsar sus pretensiones políticas y que cuatro de cada 10 morelenses no tiene trabajo.  

Ante las demandas,  el obispo Ramón Castro y Castro anunció su apoyo  por ser obligación pastoral “llevar la voz de los que no tienen voz”, pero también porque, dijo, fue perseguido por las autoridades que lo acusan de apropiaciones indebidas de recursos y de solapara actuaciones políticas que derivaron en amonestación de la Secretaría de Gobernación.

“Así, monseñor Castro caminó hasta los límites del Estado como un ciudadano y pastor, pues tiene de primera mano, a través de sus visitas pastorales, el pulso exacto de un Estado moribundo”, destacó la publicación.