El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, calificó como un acto de autoritarismo la solicitud hecha por el Congreso del Estado para que comparezca a aclarar la aplicación de los recursos de la institución e insistió en que no ha habido ninguna malversación del dinero público, ni nóminas de funcionarios elevadas, ni desfalcos; porque de haber sido así, el gobierno federal ni siquiera los hubiera atendido y comprometido a sacar adelante a la universidad como ya lo hizo.
Calificó la petición del Congreso como un retroceso al Estado de Derecho, a la vida democrática y a la autonomía de la universidad.
“Yo creo que no hemos vivido en la historia de la democracia en el estado, una situación tan grave y tan delicada como la que estamos viviendo, en donde el Congreso del Estado prácticamente sigue las instrucciones del Ejecutivo o de otra persona para llamar a cuentas al rector y citarlo a comparecer”, comentó Vera Jiménez.
Indicó que él no es una autoridad nombrada y electa por ellos, sino que es una autoridad nombrada por el Consejo Universitario conforme a la Ley Orgánica, por lo que refirió “yo esperaría a que rectificaran esta decisión porque a mí no me han notificado del acuerdo tomado por la Junta Política, de tal suerte que esperaré a que ellos sean prudentes y no se extralimiten en sus funciones”, declaró el rector de la UAEM.
Dijo que los diputados locales tienen las cuentas públicas y los estados financieros de la institución, y que, además, éstos han sido públicos, es decir, que no pueden decir que no se han dado a conocer, porque también hay una obligación de rendir cuentas ante los universitarios.
Con cada auditoría se rinden cuentas en las ordinarias y las especiales, no es que no queramos informar ni que no me quiera presentar, en caso de que me citen, sino que no es su facultad hacerlo ni tampoco pedir rendición de cuentas de esta manera porque para eso está la Auditoría de Fiscalización.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.
El problema, insistió, no tiene que ver con los altos salarios ni con la malversación o los desfalcos, sino con una deficiencia presupuestal, en donde el gobierno no ha querido dar ningún recurso para el pago de pensiones y jubilaciones y prestaciones no reconocidas, no de personal de confianza, quienes están con los mínimos de la ley de acuerdo a su reglamento, sino con las prestaciones que tienen los administrativos en sus contratos colectivos y que es producto de muchas luchas y conquistas salariales.
Vera Jiménez reiteró que si hubiera un desfalco, tal y como lo está señalando la Auditoría del Estado, la Federación no le hubiese dado curso a la solicitud de rescate financiero, y también aprovechó para decir que están ya muy avanzadas las negociaciones y en breve este asunto se podrá destrabar.
Por lo que se refiere al crédito contratado, el rector dijo que la Ley Orgánica permite aumentar el patrimonio contratando créditos, es decir, que las cuentas públicas y estados financieros están auditados por un auditor externo, y fueron entregados en su momento al propio Congreso, al Congreso de la Unión (CU) y, también, fueron avalados por la Comisión de Hacienda Federal, además de haber sido autorizados por el CU, donde se evidencia que no se tomó ningún recurso público para el pago de ese crédito.
Vera Jiménez reiteró que al cambiar la Ley de Deuda Pública y la de Disciplina Financiera, “la universidad está sujeta a pedir permiso al Congreso, pero en el momento de solicitar el crédito no era necesario, de tal suerte que ahora quieren aplicar de manera retroactiva una ley, lo cual es ilegal”, explicó el rector.
Insistió en que el crédito se ha pagado con recursos propios y autogenerados, no se ha pagado con las participaciones estatales ni federales, proceso que aclarará con mayor precisión cuando se pase a otra instancia federal.
Finalmente, confirmó que el recurso está aplicado en diversas obras de infraestructura para atender el crecimiento de la matrícula que pasó de poco más de 21 mil estudiantes a más de 40 mil, la infraestructura pasó de 100 mil metros cuadrados a 180 mil metros cuadrados y además se tienen recursos etiquetados para construir 20 mil metros cuadrados más, para el desarrollo de programas educativos fundamentales que benefician al estado y al país.