Inseguridad, debate sexenal
Eolo Pacheco |
2017-08-16
La pregunta es simple: ¿Se sienten seguros los ciudadanos de Morelos?
Las cifras, las estadísticas, los discursos y las marchas son parte del debate público, lo de fondo es la percepción social, lo que la gente siente.
La seguridad es desde hace varios años el centro del debate social y político en Morelos; Graco Ramírez prometió acabar con la inseguridad y la violencia, se fijo a si mismo un plazo de 18 meses para cumplir su promesa de campaña y ha invertido miles de millones en equipar a las policías y construir un moderno centro de inteligencia. Cinco años después la pregunta es obvia ¿Ha mejorado la seguridad en Morelos?
Muchas han sido las manifestaciones sociales y políticas contra la inseguridad en la tierra de Zapata, varias veces las calles de la capital se han llenado de personas que exigen seguridad, demandan justicia y recriminan al gobierno la falta de resultados. Casi todos los sectores han tomado las calles por este motivo: médicos, enfermeras, maestros, obreros, profesionistas, abogados y hasta la iglesia se ha expresado a favor de la paz y contra lo que consideran una grave crisis de violencia e inseguridad.
La respuesta oficial siempre es igual: vamos bien y estamos mejor que antes. El gobernador presume que todo está bajo control, que somos ejemplo de seguridad nacional, que el centro de mando (C5) ha dado resultados y que el comisionado de seguridad es confiable y da resultados.
En esta discusión todos lanzan cifras: el mandatario asegura que las estadísticas son favorables, que los delitos de alto impacto han disminuido y que la gente vive tranquila y en paz. Morelos ya no es un estado inseguro, ni mucho menos un territorio sin ley en manos de un narcogobierno, como ocurrió en las administraciones pasadas, repite incesantemente Graco.
Sus críticos opinan lo contrario: Morelos es uno de los estados más peligrosos del país, ocupa uno de los primeros cinco lugares a nivel nacional en la lista de los cinco principales delitos de alto impacto y varios de sus municipios forman parte de la relación de comunidades con mayor delincuencia y peligrosidad; los datos los toman del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación y del INEGI.
El duelo de cifras es incesante y poco convincente de ambos lados. El gobernador no acepta la información que emiten organismos nacionales, salvo en aquellos casos en donde se resalta una mejoría; los opositores no reconocen la versión del gobierno local ni siquiera cuando acepta que hay renglones en donde no se han obtenido los mejores resultados.
Al final del día las cifras que unos y otros manejan sólo condimentan el discurso político y enardecen al ciudadano común. Lo de fondo en este debate no son las estadísticas que se ofrecen, ni las declaraciones que se hacen, sino el sentir de una población que vive con miedo, que no ve resultados y espera mucho más de sus autoridades. Una estadística más: según el INEGI, el 80 por ciento de los habitantes de Morelos percibe una alta inseguridad en su comunidad.
Personalmente no tengo duda de que las autoridades están haciendo un esfuerzo importante para atajar el avance de los grupos delictivos, pero también estoy convencido que hace falta mucho más de lo que hasta ahora se ha hecho. Desconozco si técnicamente la estrategia policiaca es la correcta, pero observo que existe un divorcio absoluto entre el gobierno estatal y la sociedad, lo cual impide que la comunicación fluya de buena manera y los resultados se acepten.
Aunque hablamos de una estrategia policiaca, el plan de la nueva visión carece de algunos elementos indispensables para hacer que el plan funcione. Explico: a lo largo del sexenio la policía ha estado sujeta a presiones políticas y varias veces el titular del área se ha convertido en parte del debate entre actores de poder; el gobierno estatal no ha sabido mantener una sana diferenciación entre la estrategia de seguridad y la agenda política, ni mucho menos se ha interesado en hacer funcional la comunicación institucional, particularmente en todo aquello que tiene que ver con la lucha contra la delincuencia.
Puede ser que, como recién lo afirmaron los integrantes del Grupo de Coordinación Morelos, nuestro estado haya logrado contener la violencia y reducir la incidencia delictiva, pero en materia de percepción no han sabido posicionar esa idea, ni podido convencer al ciudadano común de que vamos por buen camino.
De nada sirve que todos los grupos institucionales celebren que vamos por buen camino en la lucha contra la delincuencia si los habitantes del estado se sienten inseguros en su comunidad. Mientras las personas vivan con temor y las noticias policiacas ocupen espacios preponderantes de la prensa (ahí está el periódico Extra), todos los esfuerzos oficiales quedarán cortos. Este ambiente de incredulidad y miedo, por cierto, a quien beneficia es a la delincuencia.
Al final del sexenio el debate sobre la seguridad sigue siendo el aspecto principal de la agenda política y ciudadana. Cada secuestro, cada extorsión, cada asesinado, cada levantón, cada asalto y cada ejecución representan un golpe frontal a la credibilidad del gobierno y a la fortaleza de las instituciones.
Mientras el gobierno estatal no atienda de manera integral la comunicación y actúe de forma específica en el tema de la inseguridad, todas las declaraciones se las llevará el viento. Llegar al proceso electoral con un ambiente contaminado por la violencia será terrible para el partido en el poder y peligrosísimo para el gobernador en su cierre de sexenio.
Aunque en las estadísticas la estrategia de seguridad pueda estar dando buenos resultados, en la percepción pública el plan es fallido.
Simple ¿Creen los ciudadanos que hoy Morelos es un estado seguro?
- posdata
El consejo estatal de Morena acordó por unanimidad rechazar la afiliación de Manuel Martínez Garrigós, de su hermano y de sus allegados, por considerar que el ex alcalde de Cuernavaca no representa los principios éticos ni los objetivos que impulsa el partido en sus documentos básicos.
La decisión se tomó luego de varios días de dimes y diretes entre morenistas y ante el pavor que causó a varios altos personajes del Movimiento de Regeneración Nacional la llegada de un personaje como Garrigós.
Los argumentos que planteó el consejo de Morena son aceptables en el debate mediático, pero carecen de sustento jurídico. El ex alcalde podría acudir a un tribunal a defender sus derechos políticos y fácilmente ganaría la batalla a sus detractores, pues la determinación de no aceptarlo parte sólo de dichos públicos.
El problema para Manuel es que sería absurdo obstinarse en pertenecer a un partido en donde no lo quieren. Lo penoso para Morena es que una sola persona puso en jaque a la institución, hizo mover a todo un consejo y mostró lo poco consistente que es el partido en el estado.
En el duelo MMG-Morena todos perdieron: uno porque demostró que ya nadie lo quiere y los otros porque exhibieron su torpeza al actuar.
Por cierto: si en Morena fueran tan quisquillosos con el pasado oscuro de sus militantes ¿Cómo explican las afiliaciones nacionales y estatales de sujetos con historiales negros y posturas anti sociales? ¿No acaso todos se purifican cuando llegan a Morena?
- nota
Por enésima ocasión, hace unos días el comisionado estatal de seguridad en Morelos, Alberto Capella rechazó que la violencia e inseguridad en la entidad estén desbordadas, como lo aseguran algunos dirigentes sociales y políticos; las afirmaciones, dice, son "irreales, dramáticas y necias" porque no están sustentadas en cifras sino en "posicionamientos emocionales" y subjetivos.
En entrevista con MILENIO, al que ha convertido en su medio de comunicación de cabecera, el tijuanense consideró que las críticas al esquema de seguridad en el estado son una exageración cargada de dramatismo que contienen un enorme trasfondo político y de ninguna manera representan una lucha genuina de la sociedad.
"Tenemos total discrepancia en los argumentos que se han venido esgrimiendo, no desde ahorita, sino que son situaciones muy reiteradas. Las familias que viven en Morelos pueden atestiguar cambios importantes (en la seguridad), si bien es cierto no suficientes, sí cambios radicales en función de lo que se vivía en años pasados".
Para el jefe policiaco la seguridad y los resultados en materia de combate al delito son inobjetables; de manera firme (y con un dejo de arrogancia) Capella asegura que detrás de las críticas están los intereses políticos de un grupo que lo que buscan es golpear al gobierno y atraer reflectores con miras a las elecciones de 2018.
Morelos es uno antes y otro después de Alberto Capella; el comisionado asegura que a su llegada a Morelos (enero de 2014) el reto principal fue el combate al secuestro y que mientras no fuera atacado de frente y se redujera, no podía aspirar a un estado seguro. “De 2013 a 2017 registraron 371 denuncias por secuestro, se han detenido a 679 personas y condenado a 437 con penas de entre 18 y 150 años de prisión. Lo más importante: han sido liberadas 132 víctimas en tres años".
"La seguridad en Morelos es una realidad. Lo otro (las protestas), son parte de un juego de intereses de grupo que desafortunadamente van a seguir haciendo crisis de aquí al 2018, cuando venga el tema electoral; pero esos enconos no nos sorprenden".
- post it
En Morelos la estrategia de seguridad funciona, dice el gobierno. En la última reunión del Grupo de Coordinación Morelos sus integrantes afirmaron que el estado va por buen camino en su lucha contra la inseguridad. Así lo dijeron:
Morelos logró en los últimos meses una importante contención y reducción de la incidencia delictiva, producto del trabajo coordinado y en equipo entre autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad, protección de la vida y el patrimonio de los morelenses.
El delito de homicidio doloso se redujo en un 28.5 por ciento en el periodo de enero-diciembre de 2016 comparado con el 2012, lo que significa 246 homicidios menos. En el 2016, este delito se encontraba en el sexto lugar a nivel nacional, sin embargo, en el periodo enero-junio 2017, se ubica en la séptima posición en una tasa por cada 100 mil habitantes.
La disminución se logró gracias a la determinación de autoridades federales y a la coordinación estrecha con autoridades estatales. Del primero de enero al 11 de agosto del 2017 se han desarticulado 16 bandas criminales, con la detención de 104 personas (92 hombres y 12 mujeres), quienes se encontraban involucradas en delitos de alto impacto como homicidio, compra y venta de droga, privación de la libertad, secuestro, violación a la ley federal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y extorsión.
El Grupo de Coordinación Morelos acordó:
1. Fortalecer los operativos para inhibir el robo de combustible, detectar tomas clandestinas de hidrocarburo y detener a personas dedicadas al robo, trasiego y venta de combustible robado en el estado.
2. Reforzar la vigilancia en las fronteras de Morelos con estados que sufren grandes complicaciones de carácter delictivo.
“En Morelos se combate la delincuencia con policías capacitados, mejor infraestructura, inteligencia, tecnología; con los ciudadanos y con una estrecha coordinación interinstitucional.
El Grupo de Coordinación Morelos está integrado por los representantes en Morelos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal Delegación Morelos, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Coordinación Estatal de Reinserción Social.
- redes sociales
Duro mensaje envió el secretario de educación al rector de la UAEM en materia financiera. El golpe es contundente, deja muy mal parado a Alejandro Vera y abre la posibilidad de que el psicólogo sea procesado.
La cercanía del jefe universitario con Morena a través de algunos de sus hombres más cercanos (Mario caballero y Guillermo López Ruvalcaba), genera un enorme costo político y rompe los acuerdos que había alcanzado el rector en el centro del país.
Si la protección federal se acaba, no habrá marcha que alcance para detener la crisis financiera de la UAEM, ni amparo que evite que Alejandro vaya a la cárcel.
Al estar en Morena, el rector juega con fuego en el momento más frágil de su mandato.
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