Crisis de gobierno
El inicio de la semana que corre a partir del lunes 21 de agosto de 2017, no podía ser más preocupante. El periódico Reforma publicó en su sección nacional, una noticia que da cuenta de un video transmitido en las redes durante los pasados días, en donde el Presidente Municipal de Mazatepec, Morelos, se muestra de hinojos, amenazado por un sujeto enmascarado, el cual portaba un arma, y que se asumió como intermediario de Santiago Mazari Hernández, identificado como “El Carrete”, y que se sabe mantiene el dominio de la zona sur del Estado de Morelos y parte de Guerrero, para el trasiego del narcotráfico.
La noticia lastima, por decir lo menos, a la entidad. Pues se evidencia una persistente presencia y actividad delictiva que somete y subordina la tarea gubernamental. En los términos del video, se menciona que ya se habían dado todas las facilidades por parte del propio Jorge Toledo, en ocasión de la gestión de éste al frente del sistema penitenciario. Quiere decir que la práctica de intercambio entre las autoridades establecidas y las organizaciones criminales es práctica regular.
La administración pública se privatiza por la vía de las organizaciones criminales, situación que otorga garantías para la operación y permanencia de las actividades ilícitas, que de esa forma invaden y establecen dominio en la gestión de los ayuntamientos, o en algunos de ellos. El asunto no es menor porque implica que el narcotráfico y la criminalidad que de él se desprende, no solo permanece por la sagacidad, equipamiento y adiestramiento de la estructura delictiva (en este caso de El Carrete), sino también por la complicidad abierta o forzada de las autoridades municipales.
Por tanto no estamos frente al simple combate policiaco de una actividad ilícita, sino de cara a un tema que se inscribe ya en el ámbito del Estado, en su vulnerabilidad y su sojuzgamiento para declinar en su responsabilidad de ser institución que garantiza el interés público y la vigencia de las normas, expresando la voluntad soberana de la ciudadanía, para convertirse en servil garante y protector de criminales. Existe un formidable reto para el estado de Morelos, consistente en hacer que las instituciones de la entidad operen de tal manera, que su desenvolvimiento sirva de aliento al esfuerzo colectivo, en vez de frustrarlo. Se vive una verdadera crisis de legitimidad, pues el implicado es el orden de gobierno municipal que constituye una instancia básica para el funcionamiento del Estado mexicano en su dimensión federalista.
De ahí que no se puede concebir ese problema como la mera participación de un ayuntamiento en una actividad ilícita, pues evidencia que a través de ese espacio se infiltra a las autoridades estatales, pervirtiéndose su funcionamiento; se genera así una claro deterioro de la gestión pública, afectando no solamente su imagen sino también el fundamento y naturaleza de su función, de modo que al trastocarse supone también la idea que se gobierna desde la lógica de los poderes arbitrarios, la corrupción y la criminalidad, lo cual sirve de aliciente para que las actividades ilícitas se propaguen, y no sólo dominen en las esferas de gobierno, sino también tiendan a hacerlo en el campo de la propia sociedad.
Al imponerse la ilegalidad, se manda el mensaje que desde esa vía es posible triunfar económicamente bajo el manto de la impunidad, pues la propia autoridad resulta implicada. Es urgente actuar para rescatar la ética de la política y de la gestión pública. Si el narcotráfico se impone como poder arbitrario para brindar garantías desde la gestión pública, no sólo seguirá imperando la impunidad, sino también se expandirá la criminalidad por el éxito que alcanza, por sus ingresos y por su capacidad de mandar al poder estatuido; es decir por su fuerza para construirse en gobierno de facto, propiciando así la corrupción de gobierno y sociedad; uno por debilidad y componenda; la otra por contaminación, hostilidad, hartazgo, intimidación y sobrevivencia.