SERPIENTES Y ESCALERAS

 

Ayer por la mañana el titular de la SCT compareció ante senadores y diputados por lo ocurrido hace unas semanas en el Paso Exprés, cuando se abrió un socavón y dos personas murieron al caer en él. La historia es terrible, engloba serios actos de corrupción, de ineficiencia técnica, de irresponsabilidad gubernamental y de complicidad política. Hoy está citado el gobernador de Morelos, a quien también se le preguntará sobre lo ocurrido aquella trágica mañana. El secretario y el gobernador se acusan mutuamente; a la vista de la opinión pública los dos son culpables.

Nadie anticipó el problema social, legal y político que acarrearía el socavón del Paso Exprés Cuernavaca; la mayoría consideró que sería un incidente más en esa accidentada obra y no un asunto que movería a las dos cámaras federales y a toda la opinión pública durante varias semanas.

La historia se complicó cuando el gobernador de Morelos tomó el asunto como bandera política y agitó las aguas a nivel nacional acusando al secretario de comunicaciones y transportes de haber cometido actos fuera de la ley. Lo que parecía ser un hecho trágico más en una carretera que ya había causado la muerte de decenas de personas en distintos accidentes, se fue transformando en un debate político que involucró a un funcionario de primer nivel del gobierno federal, muy cercano al presidente de la república y a un gobernador que participa activamente en la formación de un frente opositor contra el PRI.

El mandatario perredista equivocó el camino al incluir en el debate mediático acusaciones directas contra Gerardo Ruiz Esparza y señalamientos de corrupción y omisiones contra la secretaría. Cuando conoció de los hechos Graco Ramírez tuiteó, pero nunca acudió al lugar del incidente; luego viajó a Monterrey a una gira política y desde allá retomó el tema para atacar al gobierno de la república.

En su verborrea contra el titular de SCT el perredista perdió de vista aspectos clave que hoy le tienen contra la pared. Graco Ramírez no se conformó con deslindar a su gobierno de los hechos y referir que la obra era de corte federal, que los trabajos eran de mala calidad y los precios mucho más elevados de lo ordinario. Hasta ahí el discurso era duro, pero sin consecuencias para él.

El problema vino cuando Graco afirmó que su gobierno conocía las fallas de la obra y sabía que la tragedia se avecinaba, cuando dijo que en su gobierno estaban enterados de que existía un alto riesgo de colapso y que informaron de ello a las autoridades federales a través de diversos oficios. “Nosotros sabíamos, les advertimos que la obra iba a colapsar y que habría una tragedia” dijo el gobernador en varias entrevistas a nivel nacional. En ese punto la historia cambió y el gobernador pasó de ser un espectador a responsable de los hechos.

El revire del gobierno federal fue obvio y lo planteo Ruíz Esparza: si el gobernador conocía del problema debió actuar y detener la obra o suspender el tránsito de la carretera, pero no lo hizo, pero además, “en ningún oficio advierten de riesgo”. El gobierno estatal y su titular son responsables por omisión en dos momentos: cuando conocieron del riesgo y no procedieron de manera preventiva y cuando ocurrió el incidente y no actuaron de forma inmediata; era su responsabilidad legal, dice Ruíz Esparza.

La declaración del secretario de comunicaciones y transportes cayó como balde de agua fría en el gobierno estatal: nadie en el estado esperó que el funcionario federal fuese a reaccionar de esa manera, ni mucho menos que trasladara la responsabilidad y la culpa de la muerte de dos personas a las autoridades locales. Los argumentos de Ruiz Esparza fueron contundentes y dejaron pasmado a un gobernador acostumbrado a golpear, pero no a recibir respuesta de sus golpes: La SCT es responsable de la obra, pero el gobierno de Morelos es culpable de que las personas que cayeron al socavón murieran.

Del lado del mandatario morelense la historia del socavón se debe ver, hasta ahora, en tres capítulos: el primero cuando Ruiz Esparza lo responsabilizó directamente de la muerte de dos personas; el segundo cuando el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión se unió a esa hipótesis y presentó en San Lázaro una demanda de juicio político acusándolo por el homicidio culposo de dos personas; el tercero es hoy en el senado de la república, cuando Graco acuda a comparecer ante una comisión que quiere ir al fondo del tema y asume que igual que el titular de la SCT, el gobernador de Morelos debe informar sobre lo ocurrido y asumir la responsabilidad que le corresponde.

El socavón del paso exprés está dejando muy mal parados a los dos personajes; a Gerardo Ruiz Esparza lo ha mantenido en el ojo del huracán, lo volvió uno de los secretarios más lastimados en los últimos meses y hace que la opinión pública exija respuestas en estas y en todas las obras que ha desarrollado. Para mala suerte del secretario, después del socavón de Cuernavaca ocurrieron más “incidentes” en obras de otros estados que avivan la hipótesis de que en esa dependencia las cosas se hacen mal y a precios muy elevados.

Para Graco el escenario no es mejor: ante la opinión pública nacional es igual de responsable que el secretario por no haber actuado a tiempo y cada día hay más personas convencidas de que la muerte de los dos varones que viajaban en el auto pudo evitarse si el gobierno local hubiese actuado a tiempo; en Morelos la mayoría considera a Graco culpable de lo que pasó.

A Ruiz Esparza no le fue bien en su comparecencia ante legisladores federales, explicó lo que pasó y defendió su postura: la secretaría es responsable del socavón, no de la muerte de dos personas. Hoy toca al tabasqueño decir su verdad y tratar de convencer a los legisladores que él no es responsable de un homicidio culposo, ni tampoco de haber sugerido al delegado que no supervisó la obra.

Si Graco Ramírez no hubiera hablado de más, nada de lo que hoy enfrenta habría sucedido. Así ha sido todo el sexenio.

• posdata

Primer acto:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo las modificaciones que el PRD en el Congreso de Morelos hizo en abril a la Constitución de la entidad para aumentar de 5 a 12 años el periodo de residencia para los aspirantes a la gubernatura. Dicha modificación, cuentan, tenía dedicatoria para el alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco, quien ahora tiene la puerta abierta para poder aspirar a la gubernatura de la entidad.

Los ministros declararon procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad promovida por el partido Encuentro Social, el Partido Humanista y el Partido Morena de Morelos y reconocieron la validez del proceso legislativo del Congreso de Morelos por el cual se reformaron diversas porciones normativas en materia electoral, según decreto del 27 de abril de 2017.

Los ministros desestimaron las acciones de inconstitucionalidad respecto del planteamiento de invalidez que se solicitó a los del artículo 26, fracción tercera, que refiere la prohibición a una serie de funcionarios públicos, incluidos los alcaldes, para postularse al cargo de diputado local si no se separan del cargo 90 días antes de la elección.

El resolutivo determinó mantener la vigencia para avalar la edad mínima de 25 años para las personas que aspiren al cargo de alcalde y de 21 para algún otro cargo dentro de los ayuntamientos; lo que también se avaló fue la reducción de 30 a 20 diputados en el Congreso de Morelos y que ningún partido tenga más de 12 legisladores

Segundo acto:

En la sesión de ayer la SCJN invalidó lo relativo a:

1. El requisito de obtener el 5% de la votación total emitida para que se asigne un diputado por Representación proporcional. El mínimo será de 2%.

2. El requisito de obtener el 3% para poder obtener financiamiento público.

3. La facultad del Congreso para nombrar al titular del OIC del Instituto Electoral Morelense. Y

4. La prohibición de que los Consejeros Electorales reciban aguinaldo.

Van dos golpes seguidos al Congreso Morelos en la reforma electoral.

¿Quién es el abogado que asesora a los diputados?

¿No les da pena a los legisladores que tiro por viaje les corrijan la plana desde México?

• nota

Con pésima dicción y pocos argumentos el presidente del CCE Morelos entra al debate universitario; como empresario exige a la UAEM que transparente sus recursos, justo ahora que los organismos empresariales morelenses están entrampados en un severo problema de mal manejo interno de recursos.

A pesar de su arrogancia Juan Pablo Rivera está muy lejos de ser el hombre honesto que quiere aparentar. Habría que recordar, por decir algo, que su empresa, Comosa, es una de las grandes beneficiarias de este gobierno y su nombre se incluye en el debate de la Coparmex por el mal manejo de 15 millones de pesos del pasado encuentro empresarial.

Por supuesto que el rector debe explicar la situación financiera de la universidad, pero Rivera Palau no tiene calidad moral para hablar de honestidad.

• post it

La historia es terrible y refleja lo que pasa en muchos municipios de Morelos. Así lo reseña Excelsior:

“Hombres armados y con el rostro cubierto interceptaron en una fecha desconocida al alcalde de Mazatepec Jorge Toledo Bustamante para darle un mensaje de su jefe, en el que le reclama que se esconda de ellos y le piden su colaboración como pago al apoyo que recibió en la campaña electoral, según el video.

Los narcotraficantes le piden a Toledo que los respete y le reclaman un pago por 5 millones de pesos, cantidad que -aseguraron- no es elevada, sino apenas "algo de lo que se roban".

El alcalde trató de justificar que sus ingresos son bajos y que no puede reunir esta cifra y solicita hablar con el jefe de Los Rojos, al que las autoridades han identificado como Santiago Mazari, alias “El Carrete”.

Al no ser atendido en su petición, el alcalde le envía al capo un mensaje para recordarle las facilidades que le otorgó cuando fue encargado del sistema penitenciario.

Entre 2009 y 2010 Toledo fue subsecretario de Reinserción Social de Morelos, un cargo en el que era responsable de todas las prisiones de ese estado.

Los hombres armados obligaron al alcalde, miembro del Partido Humanista de Morelos, a hincarse y lo amenazaron de muerte.

Los Rojos también operan en el estado de Guerrero y se dedican al trasiego de cocaína, heroína y cristal hacia Estados Unidos.”

Lo que vivió Jorge Toledo, lo cuenta él mismo, lo padecen al menos una docena más de presidentes municipales de Morelos. Los hechos ocurrieron en diciembre del 2015, narra el edil, pero las amenazas y extorsiones continúan hasta hoy y la sufren por igual ciudadanos y autoridades.

¿Qué pueden esperar la gente de esta tierra cuando ven que un presidente municipal es tratado de esa manera?

¿Qué hace el gobierno estatal frente a una situación que conoce y reconoce, pero no puede o no quiere controlar?

¿Cómo afirmar con este tipo de hechos que no hay crisis de inseguridad y que Morelos es un territorio de paz?

¿En serio no estamos en un narcoestado?

• redes sociales

La comparecencia del gobernador de Morelos con legisladores está programada a las 8 de la mañana. Habrá que estar atentos de lo que ahí se dice, pero sobre todo lo que de ese encuentro deriva.

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