* FOSAS Y POLÍTICA
El tema de las fosas irregulares de Tetelcingo hará difícil la cita que el fiscal General del Estado, Javier Pérez Durón, está llamado a cumplir con los diputados locales el miércoles 18 de mayo. Esta comparecencia no debería tener mayores problemas porque el funcionario acudirá a atender su obligación legal de presentar semestralmente un informe de sus actividades a los legisladores, quienes lo eligieron para el cargo. Es decir, no hay un tema particular por el cual lo hayan convocado. Sin embargo, la Fiscalía ha sido emplazada para esa fecha por activistas y grupos de padres de desaparecidos, a entregar información específica sobre la identidad de los más de 100 cuerpos que fueron inhumados en el panteón de la comunidad indígena de Tetelcingo, en Cuautla, o bien a abrir las fosas, con la amenaza de que de no hacerlo, los emplazadores las abrirán con sus propias manos. Lo anterior, amén de representar un ilícito, se convertiría en escándalo de repercusión dentro y fuera de México. Será interesante, pues, observar la respuesta de la FGE en los días subsecuentes para desactivar esta presión social. Pérez Durón se reunió este fin de semana con el alcalde cuautlense Tadeo Nava, y en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad decidieron establecer un operativo de vigilancia en el panteón de Tetelcingo a fin de impedir la incursión de quienes han capitalizado el tema de las fosas para fines políticos.
Es a la de a huevo. Gerardo Becerra y su grupo insistirán en defenestrar a Graco Ramírez mediante juicio político ante el Congreso local, ahora por supuestas omisiones en la seguridad pública. Ya fracasaron infinidad de veces persiguiendo ese objetivo, pero su lucha personalista y obsesiva no ha cesado. Mientras tanto, el representante de la Segob en Morelos, Gerardo Cubría Bernardi, acudió a la Catedral de Cuernavaca para arrodillarse, no ante el Santísimo que simboliza la fe católica, sino frente al voluntarioso obispo priísta Ramón Castro, quien el 21 de mayo encabezará una nueva “marcha por la paz” cuyo fondo será ciento por ciento político… porque Graco no lo ha buscado. Esa es la neta. Con 75 millones de pesos que el PRI le consiguió a través de la Cámara de Diputados, supuestamente destinados a la remodelación de dicho inmueble religioso, Castro se siente omnipotente.