La aparición del socavón del Paso Express de Cuernavaca provocó la muerte de dos personas, fue una tragedia que pudo haberse evitado y, además, puso en evidencia la corrupción en la asignación y ejecución de la obra pública en México, un asunto que por desgracia se ha generalizado a todos los niveles, desde el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales.

Es una obra que por la información disponible asignó y ejecutó el gobierno federal a algunas de las empresas constructoras preferidas que, por cierto, a partir de que se da a conocer su denominación social se sabe por el reporte que existen enormes irregularidades y que, incluso, en otros países esa misma empresa ha sido sancionada.

Después de las declaraciones y las opiniones técnicas, del momento a momento, de cómo se construyó el Paso Express, resulta inverosímil que el gobierno de Morelos haya sido ajeno a la ejecución de la obra; existen múltiples evidencias de que los mandatarios estatales nunca son ajenos a las obras que se construyen en sus entidades.

En el caso específico del Paso Express se sabe que el gobernador Graco Ramírez le propuso al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al titular de la delegación de esa dependencia en Morelos, alguien sin experiencia, por cierto. Cuando se conozcan los contratos, se revelen completos los informes técnicos, todo esto quedará en evidencia.

Las afirmaciones del gobernador son un elemento nuevo y tienen una gran relevancia política. Ni más ni menos, las afirmaciones de Graco Ramírez implican en la comisión de un delito al Presidente de la República y al secretario de Comunicaciones y Transportes.

Ante estas afirmaciones, el gobernador Graco Ramírez está obligado a presentar la denuncia penal por los hechos que le constan y a situar dos ejes de responsabilidad: los responsables de que haya habido socavón, y los responsables de que no se haya salvado en su momento a las víctimas. Ésas son dos responsabilidades perfectamente claras y tienen responsables comunes o compartidos.

Ahora, al Senado le corresponde enviar a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe del contenido textual de lo declarado por el gobernador ante la Comisión Permanente. De lo contrario, el Congreso de la Unión sería copartícipe de una figura delictiva: el encubrimiento.

El señor gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, implicó en la comisión de un delito al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
Twitter: @MBarbosaMX