“¿Sin dinero no hay votos?”
La nueva trampa del PRI…
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio luz verde a la ley promovida por el legislador local independiente del Congreso de Jalisco Pedro Kumamoto “Sin dinero no hay votos”, que teóricamente busca que se reduzcan las millonarias partidas ordinarias, pero sobre todo en tiempo de elecciones, que reciben los partidos. ¿A quién favorece esto? No a los mexicanos, desde luego, sino al Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo al 2018.
Hagamos un poco de historia:
1.- Cuando hace “mil” reformas electorales (en tiempos de Zedillo como Presidente, si mal no recuerdo), se decidió que el financiamiento para las campañas de partidos y candidatos fuese preponderantemente público, fue para cerrarle la puerta al dinero ilícito.
2.- No sirvió de nada, porque a final de cuentas, el PRI sigue siendo el partido que mayores recursos provenientes de financiamiento NO público es el que ilegalmente utiliza en las campañas y vaya usted a saber en qué otras lindezas.
3.- Para la reforma electoral de 2014, Manlio Fabio Beltrones, entonces legislador federal, se desvivía diciendo que con ella las campañas costarían menos. Obviamente, para variar, mintió.
4.- Los partidos ataron el monto del financiamiento público para partidos a nivel CONSTITUCIONAL, a los índices de crecimiento poblacional, aunque los recién nacidos y los menores de edad no votan. Y a menos que una pandemia, un meteorito o alguna plaga del Apocalipsis lo impida, sobre todo con lo fecundos que sexualmente somos los mexicanos, la población no va a disminuir, sino por el contrario, junto con ella aumentará el dinero que reciben partidos y candidatos.
5.- Kumamoto y otros “bien intencionados”, que no es difícil saber de fondo a quién sirven, están promoviendo y ya consiguieron en la Suprema Corte -que también ya sabemos que da una de cal y otra de arena y a quién debe su existencia-, han promovido que se olvide esa fórmula de 2014 para que ahora, los partidos reciban financiamiento con base en el número real de votos que reciben, lo que “abaratará” los comicios federales y locales.
Frente a tan nobles propósitos, “desinteresados”, “apartidistas”, y que por nada en el mundo “favorecerían” al PRI, hay que hacer algunas consideraciones de por qué hay que lamentarnos de este nuevo golpe a la democracia:
a) El financiamiento público a los partidos constituye apenas la “caja chica” y que termina en los bolsillos de unos cuantos. Y no de ahora. ¿O ya se olvidó el “Pemexgate”, así como el caso de los “Amigos de Fox”, o las tarjetas pobremático de “Monex”? Cosa juzgada, me dirán, pero sin asegurarme si fue con justicia y si los culpables están en la cárcel o si se anularon las elecciones.
b) Si se retira el financiamiento público a los partidos, los pequeños simplemente desaparecerán por el escaso número de votos que reciben. Así que solamente quedarán PRI, Acción Nacional, Morena, y si bien le va el de la Revolución Democrática. Y que no me digan que todos sobreviven del financiamiento público…
c) Si el financiamiento se otorga en adelante con base en el número de votos que obtiene cada partido, ¿adivinen quién tiene más “militante-borregos” y “comprados”? ¿Quién tiene convenios con empresas nacionales y multinacionales (OHL y otras) para seguir financiándose?
Al joven Kumamoto, los que no servimos al PRI, hay que decirle:
1.- Las reformas parciales, como hasta ahora, solo demuestran que enredan más las cosas y favorecen al partido en el poder.
2.- México está lleno de tontos con iniciativa, y del mismo modo que no necesitamos caudillos ni mesías, tampoco de los primeros que cité, porque el camino del infierno está pavimentado de ellos, y porque mal paga el Diablo a quien le sirve.
3.- Si no propone soluciones integrales el joven legislador ni sabe de la materia -o parece quedar claro a quién sirve-, que entienda que esos tontos con iniciativa no nos sirven.
4.- Si la reforma del Kuma-Moto y la Corte priista avalada contemplara que el único financiamiento fuese público, AUSTERO, y ampliamente penalizado si se recibe de cualquier otro lugar con la pérdida del registro y posiciones de elección popular, le creería.
5.- El Instituto Nacional Electoral es incapaz de fiscalizar el financiamiento público. Ya para qué hablamos de los otros evidentes, pero que Lorenzo Córdova, Baños y otros consejeros ni ven ni oyen.
De cara a 2018, hay que preguntarse:
¿A quién favorece y a quién perjudica esta ley y el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Ya sabemos la respuesta…
