En México, un gobierno como el de Ernesto Zedillo intentó un golpe de Estado al Poder Legislativo, luego de las elecciones de 1997, cuando “El G-4” le arrebató al PRI la mayoría de la Cámara de Diputados.
Y en México también hay partidos —como el PAN—, cuyas figuras emblema han criticado golpes de Estado, como el de Maduro en Venezuela.
Pero en México nunca un dirigente de la derecha partidista había intentado un golpe de Estado contra el Poder Legislativo, como el que promovió el locuaz jefe nacional del PAN.
Y no, la acusación de que Ricardo Anaya es un golpista que atenta contra las instituciones y la democracia mexicana no es una ocurrencia mediática o de los críticos.
No, el señalamiento viene de reputados senadores del PAN, de Margarita Zavala, precandidata presidencial y pronto vendrá de gobernadores y ex candidatos presidenciales. Todos exigirán la expulsión de Anaya —de las filas del PAN—, porque lleva al partido azul al mismo precipicio que Roberto Madrazo llevó al PRI en los años 2000 y 2006.
Y para entender la crisis del PAN y el golpe de Estado que intentan Anaya y sus leales, va un paso a paso.
1. El 3 de diciembre de 2013, con 106 votos a favor y 15 en contra, el Senado aprobó la reforma que crea la Fiscalía General y el “pase automático” del titular de la PGR en funciones al cargo de fiscal general.
2. Horas después, en su calidad de jefe de los diputados del PAN, Ricardo Anaya promovió, avaló y aprobó, igual que casi todos los diputados del PAN, el “pase automático” del titular de la PGR a la nueva Fiscalía General.
3. A su vez, en su calidad de jefe nacional del PAN, Anaya también aplaudió y aprobó la designación de Raúl Cervantes como titular de la PGR —el 21 de octubre de 2016—, a sabiendas de que en 2018, al entrar en vigor la reforma, convertiría a Raúl Cervantes en nuevo fiscal general.
4. Después, el 13 de agosto y a iniciativa del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, los promotores del frente amplio democrático —reunidos en aquella entidad— acordaron cerrar el paso a Raúl Cervantes a la Fiscalía General. ¿La razón? La guerra personal de Corral contra Peña Nieto y que los ahí reunidos quieren fiscal a modo de sus intereses, y no de los intereses del PRI.
5. Curiosamente, Javier Corral y Raúl Cervantes, en su calidad de senadores, votaron a favor del “pase automático” en diciembre de 2013. Hoy, el gobernador de Chihuahua promueve junto con “la sociedad civil” —y lo que eso signifique— impedir que Cervantes sea fiscal general. ¿Por qué? Porque quiere una tapadera a sus pillerías.
6. El mismo 13 de agosto, desde Chihuahua, Ricardo Anaya “declaró la guerra” al PRI y al gobierno federal, con el argumento mentiroso de que las críticas en su contra eran producto de su negativa a aprobar “el pase automático” de Cervantes a la Fiscalía Especial, iniciativa que él aprobó.
7. Pero Anaya no solo mintió sobre el origen de las críticas en su contra. Para ganar tiempo y terreno para su debilitada candidatura presidencial, intentó chantajear al gobierno federal con un golpe de Estado en el Senado y la Cámara de Diputados.
8. En ambas cámaras inventó un supuesto pleito irreconciliable con el PRI y ordenó a sus senadores y diputados bloquear todas las propuestas para la instalación de las mesas directivas en diputados y senadores. En la práctica, ordenó un golpe de Estado.
9. Por eso, Ernesto Cordero, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle, Javier Lozano y Salvador Vega, todos senadores del PAN, pactaron con PRI, PRD, Morena, PVEM y PT encabezar la Mesa Directiva del Senado.
10. En respuesta, Ricardo volvió a mentir y los acusó de pactar con PRI el supuesto “pase automático” de Cervantes a la Fiscalía General.
11. ¿Por qué el intentó de golpe de Estado a las cámaras del Congreso? Porque sabe que se cae su candidatura presidencial; porque no ha rendido cuentas por las derrotas de PAN en los estados de México y Coahuila, y porque quiere comprar lealtades en el naciente frente amplio democrático.
12. Lo que no entienden los idiotas de la legión de redes y los bobos útiles que opinan del tema sin saber, es que la eventual designación de Raúl Cervantes como fiscal general no sería más que la aplicación de la ley, por un lado y, por el otro, que para impedir que Cervantes se convierta en fiscal general, obliga cambiar la ley vigente. Pero para eso es indispensable el voto del PRI.
En pocas palabras, la crisis política es un golpe de Estado de Anaya y sus leales y una cortina de humo inflada por la legión de idiotas, que engañan sin pudor.
Al tiempo.