Desde marzo, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ha venido pidiendo la legalización de la amapola con fines medicinales para reducir la violencia en el estado y revertir que cientos de comunidades que no tienen otras opciones para sobrevivir, vivan dentro de la ley al cultivar la planta que produce el 50% de toda la amapola mexicana que inunda el insaciable mercado en Estados Unidos. Los gritos de Astudillo, finalmente, han sido escuchados. Los gabinetes social y de seguridad del gobierno federal, tienen en estudio la propuesta.

Que la medida lleve a una reducción de la violencia es todavía una proposición teórica. Que la legalización de la amapola regule el mercado, también. La iniciativa, en cualquier caso, es una primera acción que rompe con simulaciones absurdas. México es el principal exportador de heroína a Estados Unidos y la mitad de ella sale de siete municipios en la sierra de Guerrero: Cocula, que es el centro nervioso del comercio ilegal de la heroína por ser la puerta de salida de la droga; Cuetzala del Progreso, Chilapa, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala y Teloloapan, donde se encuentran en guerra por la disputa de los cultivos y las rutas de distribución las bandas criminales Guerreros Unidos, La Familia Michoacana y Los Rojos.

La región es altamente conflictiva. La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 socializó la conflictividad y violencia en la región, que se venía dando tiempo antes y que no se detuvo tras el crimen. “Guerrero está sembrado de muertos”, dijo un ex alto funcionario federal que conoce perfectamente la problemática. La búsqueda de los normalistas ha llevado al descubrimiento de decenas de fosas clandestinas con cientos de personas a las que nadie ha reclamado. Los hermanos Benítez Palacios, quienes se encuentran en el centro de la violencia contra los normalistas, operaban un lavado de autos en Iguala llamado Los Peques, que de día hacía el trabajo normal y de noche era un matadero donde descuartizaban a sus enemigos. Inclusive, meses después de la desaparición de los normalistas, seguía funcionando como un hoyo para el crimen.

La suma de esas dos variables llevará a un problema más para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a quien comienzan a espetar con la misma pregunta: ¿por qué dejaron de erradicar los cultivos? La respuesta que nunca dará la confió hace tiempo un general mexicano. “Si erradicamos –dijo–, ¿de qué van a vivir los campesinos?”. La respuesta implica gobernabilidad. El costo de dejar que cultiven se les transfiere a los consumidores estadounidenses; el costo de erradicar, conducirá a conflictos sociales y caldo de cultivo para las guerrillas. El beneficio de no hacerlo, es mayor que el costo de estar bien con el mundo.
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