Una estafa maestra
Los reportajes exhiben, con lujo de detalles, la forma en que 11 dependencias federales firmaron convenios con ocho universidades públicas para trasladarles, ilegalmente, violando la Ley de Adquisiciones, 7 mil 760 millones de pesos.
Las ocho universidades sirvieron en todos los casos como intermediarios gananciosos. Subcontrataron los servicios que se habían comprometido a prestar, con 186 compañías irregulares o fantasmas. Por hacer esto retuvieron, a manera de comisión, un poco más de mil millones de pesos.
Al final del proceso, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que carecía de información alguna sobre el destino de 3 mil 433 millones.
El procedimiento descrito de triangular contratos con universidades hacia empresas subcontratadas se emplea en el gobierno federal al menos desde 2010.
Según la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, de entonces a la fecha el gobierno federal ha firmado al menos 2 mil 61 convenios de este tipo que involucran 31 mil 668 millones.
Los reportajes de “La estafa maestra” se concentran solo en 73 de esos convenios registrados en la cuenta pública de 2013 y 2014. Es decir, solo en 73 de 2 mil 61 convenios. Creo que los reportajes de “La estafa maestra” han dado en algo más amplio que su propia materia.
Conocíamos el mecanismo de desvío multimillonario de recursos estatales: el Congreso federal les entrega enormes cantidades de dinero legal a los gobiernos de los estados y ellos desvían ilegalmente parte de esos recursos con la aprobación ulterior de sus congresos locales. Este es uno de los mecanismos claves de la corrupción en la democracia mexicana.
No conocíamos un mecanismo de desvíos equivalente en el gobierno federal. “La estafa maestra” nos muestra la punta del iceberg de uno de esos mecanismos: la triangulación con universidades públicas que permite no solo desviar fondos, sino desaparecer, en una red de empresas irregulares, con solo 73 convenios, 3 mil 433 millones de pesos.