Francisco Javier Acuña Consejero presidente del INAI El funcionario advierte que el problema es grave y genera robos de identidad y extorsiones; señala que las filtraciones llegan incluso hasta las cárceles, razón por la cual es más cara una hora de internet que el costo de una visita conyugal
Primera de dos partes
Los datos personales siguen traficándose en México, indica el consejero presidente del INAI, Francisco Javier Acuña. En entrevista, señala que el mercado negro de bases de datos creadas por particulares genera robos de identidad y en las cárceles facilita el uso de internet como una herramienta delictiva. Eso explica que una hora de internet sea más cara en prisión que comprar tiempo para una visita conyugal, señala el consejero presidente.
Acuña Llamas es consultado por Crónica para abordar este tema, ligado a casos (tratados por Crónica en las últimas semanas) como los fraudes bancarios o la venta de membresías en centros vacacionales. En ambas situaciones los delincuentes cuentan con datos personales de la víctima, lo que hace su actuar más efectivo.
—¿Qué tan delicado es en México el delito del uso ilegal de datos personales?
—Es grave, sin duda. Hay un extendido mercado negro de las bases de datos personales que instituciones bancarias, empresas telefónicas, tiendas departamentales, agencias de viajes, de venta de tiempos compartidos, entre otras, tienen en su poder y utilizan ilegalmente el listado adquirido.
—¿Cómo tienen esas empresas los números telefónicos y hasta los datos de las tarjetas de crédito o débito personales?
—Las compañías con las que uno tiene firmados contratos de cualquier índole poseen esos datos, aunque existe un compromiso expreso de confidencialidad, pero aquellas que la gente no tiene liga alguna, desde luego están haciendo un uso inadecuado o hasta ilegal de los datos personales.
—Los bancos y empresas de telefonía son con frecuencia las que más lata dan, ¿no es cierto?
—Sí, es verdad, y lo padecemos todos. En ocasiones las llamadas a los teléfonos personales, por ejemplo, de parte de las diferentes empresas de telefonía fija o móvil, se convierten en un tormento, en un verdadero calvario, en un calabozo telefónico, y provienen precisamente de ese uso inadecuado de los datos personales.
—Pero a uno le hablan hasta de las cárceles para extorsionarlo, en el peor de los casos, ¿no es inaudito?
—Por supuesto que lo es. Ahí son las autoridades competentes las que tienen que habilitar los inhibidores de señales de telefonía, pero es cierto, hasta a los reclusorios federales o locales llega ese mercado negro de datos personales que se usan, en ese caso, para extorsionar a las personas o cometer fraudes a las empresas. Incluso, se sabe que es más cara una hora de internet que el costo de una visita conyugal al interior de una cárcel en México.
—¿Qué otros problemas puede acarrear este tráfico de datos personales?
—Uno de ellos, de los más peligrosos incluso, es el robo de identidad. A través del mercado negro de datos personales se puede derivar en el robo de identidad, que puede usarse para hacer pasaportes, credenciales de elector y de hecho cualquier documento oficial para fines ilícitos, desde luego.
—¿Hasta dónde está el alcance del INAI para atender este tipo de problemas?
—Hay que entender una cosa. Cada institución debe actuar, por ordenamiento de ley, estrictamente dentro de sus facultades. Es decir, el INAI no puede meterse en lo que se refiere a la compra ilegal del banco de datos de los mexicanos. Eso corresponde a una autoridad distinta. En caso concreto, si una persona, por ejemplo, acude al INAI y denuncia que algún o algunos bancos, empresas telefónicas, tiendas departamentales o alguien más tiene en su poder y aparentemente hace mal uso de sus datos personales, desde luego iniciamos una carpeta para determinar si existe en verdad un ilícito. La gente que se sienta afectada puede recurrir de inmediato al 01800 835 4324. Se le atiende de inmediato.
—¿Hay diferencia entre los datos que tienen las entidades públicas y las privadas?
—Sí desde luego, las instituciones públicas están obligadas a salvaguardar los datos personales de los individuos o cualquiera de sus área de atención o servicio, y el INAI nace precisamente para proteger esos datos, pero en el caso de particulares, si bien existen leyes al respecto, se vuelve más complicado en razón precisamente de que, por ejemplo, una tienda departamental o una telefónica, hace uso de los datos personales no sólo para enviar publicidad u ofertas, sino que añade estos “servicios” a las referencias del titular del contrato.
—¿Cómo se encuentra la ciudadanía en cuanto a ese robo de datos personales?
—La verdad es que es una situación muy complicada. Hay gente profesional que, incluso, sin necesidad de comprar esas bases de datos, las obtiene a partir de una labor digital cibernética, y cuando la gente se da cuenta, sus datos ya están en otras manos en forma ilegal. Porque, además, devuelves la llamada para pedir que no te molesten más y no es posible debido a que se trata de un call center y no hay manera, tampoco, de bloquear ese número.
—¿Por qué se centra más este tipo de situaciones en los bancos?
—Porque casi todos, excepto desde luego los niños y las personas más pobres en este país, tenemos un vínculo y una relación constante e incesante con los bancos. Ahí nos pagan, ahí hacemos depósitos, contamos con una tarjeta de débito o de crédito; si solicitamos una tarjeta para un crédito en una tienda departamental, se cruza la información con los bancos, etcétera, es por esos que es con los bancos la relación más frecuente.
—¿Se trabaja de manera coordinada, por el ejemplo, con la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), para frenar ese tipo de acciones?
—Estamos en contacto con todas las instituciones y dependencias vinculadas, pero como antes señalé, cada área tiene sus responsabilidades y no pueden ser invadidas. La Condusef atiende las violaciones en servicios de carácter financiero que pudieran presentarse, y el INAI atiende la defensa sobre el tratamiento de los datos personales, aquellos asuntos donde la gente siente que se usan mal sus datos.
—¿Es igual una solicitud o queja en contra de instituciones gubernamentales que las que se interponen contra entes privados?
—No. Cuando se presenta una queja por mal uso de datos personales por parte de una entidad de carácter público, se puede hacer de manera anónima. El INAI no requiere que se conozca el nombre del denunciante, no le importa, pero cuando es contra una institución privada sí es necesario el nombre y los datos del quejoso, porque las empresas tienen también el derecho de saber quién y por qué es denunciado.