La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que hasta ahora no existen elementos que involucren directamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, en las irregularidades encontradas en la planeación, ejecución y supervisión de la construcción del Paso Express de Cuernavaca, Morelos.Funcionarios de la SFP que encabezaron la auditoría 017/2017 realizada a dicha obra, explicaron que no se han encontrado responsabilidades al titular de SCT, porque se analizaron los contratos y las actuaciones de solo tres áreas de la dependencia: las direcciones generales del Centro SCT Morelos, de Desarrollo Carretero y de Carreteras.
Después de que dicha auditoría reportó que la licitación de la obra del Paso Express se celebró sin el proyecto ejecutivo completo, lo cual derivó en un sobreprecio de más de 714 millones de pesos, que equivale a 40 por ciento del costo total de la obra, la SCT reviró y aseguró que el proyecto ejecutivo fue entregado a tiempo.
En contraste con la versión de la auditoría de la SFP, la cual afirma que el proyecto ejecutivo fue firmado en enero de 2015 y que la licitación se realizó del 16 de octubre al 24 de noviembre de 2014, la SCT sostuvo que “cuando se realizó la licitación, el proyecto estuvo disponible para todos los participantes con el tiempo suficiente para poder elaborar su propuesta (35 días)”.
La dependencia informó a MILENIO que “el proyecto ejecutivo del Paso Express fue elaborado por el concesionario (Fonadin), fideicomiso de Banobras, mismo que se entregó a la SCT y que contaba con todos los elementos para poder elaborar la licitación: conceptos, volúmenes y precios específicos”.
La SCT agregó que “como en la mayoría de los casos, y especialmente en estas obras que cruzan zonas urbanas altamente pobladas, los proyectos se van modificando por factores imputables a falta de derecho de vía, obras inducidas adicionales que no tenían levantamientos municipales, exigencias sociales, entre otras”.
La dependencia agregó que el proyecto ejecutivo es un documento público, a disposición de cualquier interesado, y que está acompañado de la carta de conocimiento del proyecto de 18 participantes en la licitación, así como de la minuta firmada por Banobras-Fonadin y SCT en la que se establece la entrega del proyecto ejecutivo y el testimonio del testigo social designado por la propia SFP, acreditando que sí hubo proyecto.
Tales declaraciones se contraponen a lo manifestado en la observación número 1 de la auditoría 017/2017, relacionada con la “Inadecuada planeación y programación de la obra”, en donde se concluye que “se llevó a cabo el procedimiento de licitación sin contar con el proyecto ejecutivo autorizado, con el que se generó un catálogo de conceptos “E-7”, presentado por la Dirección General de Carreteras.
“Dicho proyecto resultó deficiente, al existir variaciones que derivaron en la elaboración de convenios modificatorios y la contratación de servicios para el seguimiento y adecuación del proyecto”.
Eso derivó en un incremento al monto del proyecto por 714 millones 659 mil 158.37, sin IVA.
La auditoría, incluso, señala como responsables de la omisión a los entonces directores generales de Carreteras de la SCT, Óscar Callejo Silva, y al del Centro SCT Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, quienes “previo a la licitación, contratación de la obra y ejecución de los trabajos, no vigilaron que el proyecto ejecutivo original estuviera debidamente integrado y autorizado en su totalidad, de acuerdo con las características físicas del sitio de los trabajos”.
EL PLAZO
Los funcionarios consultados dijeron que será a mediados de noviembre cuando venza el plazo de 45 días hábiles para que las tres áreas de la SCT auditadas solventen las irregularidades encontradas en la auditoría realizada a la construcción del Paso Express de Cuernavaca.
Cumplido ese plazo, en caso de que los funcionarios de SCT no atiendan las observaciones reportadas, se procederá a notificar al área de investigación del órgano interno de control de la dependencia para que inicie los procedimientos de aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.
Además, si a los funcionarios de esas áreas se les encuentran posibles responsabilidades penales en las acciones y omisiones reportadas en la auditoría de la SFP, se deberá dar vista a la Procuraduría General de la República.
En ese sentido, la muerte de las dos personas que cayeron al socavón puede considerarse como elemento agravante para la aplicación de sanciones por parte de la SFP, tanto a empresas como a funcionarios federales, aclararon los funcionarios.