En momentos en los que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se encuentra en el ojo del huracán por las críticas sobre el acaparamiento de la ayuda que la sociedad civil entrega para ser repartida a los damnificados, y de que esta desconfianza ha motivado que ciudadanos de diversos estados acudan a entregar en persona el apoyo a las víctimas, el comisionado de Seguridad Pública del gobierno de don Graco, Alberto Capella, dijo que aquellos que realizan “turismo sísmico”, complican las labores de protección civil. Con tremenda delicadeza y sensibilidad ante la solidaridad de la sociedad civil, don Alberto dijo que los más adecuados para entregar la ayuda son los miembros del DIF estatal y municipal. El problema es que el sensible comisionado no toma en cuenta que es precisamente esta dependencia la que está señalada de realizar rapiña sísmica. No me ayudes comisionado, seguramente dirá el gobernador.

En la mira, funcionarios que lucran con el sismo

La Procuraduría General de la República, por medio de la FEPADE, nos aseguran, tiene ya en la mira a algunos funcionarios de gobiernos como los de Chiapas, Morelos y Oaxaca, y en la Ciudad de México, el de la delegación Coyoacán. Nos dicen que se atienden denuncias por el acaparamiento de despensas y ayuda para los afectados por el sismo. Nos comentan que la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, al mando de Santiago Nieto Castillo, en cualquier momento podría actuar contra los funcionarios que han lucrado con la ayuda a cambio de apoyar posteriormente en elecciones a los partidos a los que pertenecen.

No hay límites para pugnas políticas

Para algunos, las diferencias políticas no conocen de límites, ni de prudencia. En momentos en que el país vive una tragedia, las estrategias políticas no se detienen. Ayer, por ejemplo, durante un encuentro que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con damnificados por el terremoto del 19-S en el Estado de México, un grupo de personas increpó al mandatario. Cuando Peña Nieto preguntó si los supuestos inconformes eran de la comunidad, el municipio de Joquicingo, de inmediato la gente respondió: “Nooo”. El presidente iba acompañado por el gobernador, Alfredo del Mazo Maza.

Dictámenes transparentes

Con el fin de evitar una crisis como la que vivió el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuyos empleados temen regresar a las instalaciones, el Poder Judicial de la Federación (PFJ) decidió tomar medidas. Nos dicen que el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, giró instrucciones para que todos los dictámenes estructurales de los inmuebles del PJF se publiquen y se transparenten para dar confianza tanto al personal que en ellos laboran como al público usuario de que todo está en orden. Con esta medida, al igual que lo que pasa con los padres de familia en las escuelas, lo que se busca es que cualquiera que tenga dudas de un inmueble de la justicia federal pueda revisar en internet los dictámenes en donde se señala que no se sufrieron daños estructurales. Habrá que ver cuántas dependencias de los otros dos poderes siguen esta política y, por la tranquilidad de los ciudadanos, hacen públicos sus dictámenes.