Definitivamente, alguien que quiere acabar con Televisa, encontró una bala de plata. Una carta anónima de 15 páginas llena de detalles financieros y políticos de Televisa, fue enviada el 20 de abril a la Sección de Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que la investigue por lavado de dinero, prácticas corruptas y conductas comerciales ilegales. Esa carta, para litigar en la arena pública, fue filtrada a la prensa. Es un material explosivo que mezcla datos ciertos con falsos, y aprovecha el descrédito de Televisa para que se le declare culpable. En México no tienen problema, salvo el de la opinión pública que no parece tener remedio. Lo relevante es lo que se hizo trascender en Estados Unidos con el objetivo, puede argumentarse, de descarrilar los planes de expansión en aquél mercado, anunciados en diciembre pasado.

La carta al Departamento de Justicia apuesta a que se le investigue bajo el Acta Sarbanes-Oxley, aprobada en el Capitolio en 2002 en respuesta a los escándalos de corrupción empresarial, como en el multicitado caso de Enron, con el propósito de vigilar y supervisar a las compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, a fin de impedir que sus acciones sean manipuladas y se les adjudique valores falsos que hagan vulnerables a sus accionistas a fraudes y bancarrotas, como sucedió con varias multinacionales hace más de una década. Televisa es una de las pocas empresas mexicanas que cotiza en Wall Street, y es sujeta a esa ley.

La turbulencia de Televisa inició la semana pasada, cuando ante la certeza entre sus ejecutivos de que la carta iba a ser publicada en el periódico The Guardian, con quien tienen viejos agravios –y viceversa, porque lo obligaron a rectificar una información en 2013–, voltearon a ver a The Wall Street Journal, para abrirle el expediente del caso. Televisa siguió los manuales de manejo de crisis, al estallarla ellos mismos para poder administrar la información y encausarla. La primera jugada les funcionó. El Journal reportó la semana pasada que la carta enviada también a los miembros del Consejo de Administración de Televisa y de Univisión –parcialmente propiedad de la empresa mexicana, y con quien irán a la expansión–, había provocado que el presidente de la empresa, Emilio Azcárraga Jean, pidiera una investigación a un despacho en Nueva York que, hasta ese momento, probaba que las acusaciones eran “falsas y sin fundamento”.

A la segunda jugada todavía no se le ve la luz al final del túnel. La carta acusa al vicepresidente financiero de Televisa, Alfonso de Angoitia y a Salvi Folch, miembro del Consejo de Administración, de haber diseñado una doble contabilidad y creado empresas en varios países y paraísos fiscales, para esconder el 10% de los ingresos de la empresa, procedentes de convenios comerciales políticos, que no fueron reportados a los accionistas. En la carta se mencionan cuentas en los bancos a donde se enviaron esos recursos, que de acuerdo con personas que conocen del caso, no existen. Televisa ya solicitó a los bancos una respuesta por escrito, para poder demostrar públicamente que, en efecto, esas cuentas son inexistentes. La carta detalla, sin embargo, los paquetes políticos-comerciales de Televisa con gobiernos y candidatos a puestos de elección popular, que no son secretos, y que a lo largo de los años han sido controvertidos.

En la mezcla de verdades y verosimilitudes se menciona a los responsables de los autores del contenido propagandístico, que producen esos materiales de forma explícita e implícita, con lo cual chocan de manera regular con las leyes electorales, y que provoca fricciones constantes con el Instituto Nacional Electoral. Pero más allá de que los ingresos por esa vía supuestamente no fueron reportados a los accionistas, como lo marca la ley, el autor anónimo de la carta también sugiere una violación del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que hace ilegal que se le hagan pagos a funcionarios extranjeros para obtener beneficios empresariales. La carta alude, como un ejemplo, al consultor Juan Ignacio Zavala, cuñado del expresidente Felipe Calderón.

De acuerdo con la carta, Televisa le paga mensualmente a Zavala 116 mil 306 pesos con 67 centavos, a través de su subsidiaria Terma, S.A. DE C.V., que es una inmobiliaria, como agradecimiento “por haberles facilitado acceso y citas con autoridades regulatorias”, y ayudarles a que Bernardo Gómez, el poderoso vicepresidente para asuntos políticos de Televisa, mal visto por Calderón, pudiera regresar a México de un autoexilio en San Diego. Es cierto que la relación de Gómez con Calderón no era buena, y que el acceso ilimitado que tenía en Los Pinos de Vicente Fox y Marta Sahagún se acabó y se fue a San Diego. También es cierto que Zavala se fue al ostracismo durante el gobierno de su cuñado, sin mucha influencia real en esa administración. Desde el año pasado está en la nómina de Televisa, con un salario de 50 mil pesos, por consultorías en eventos que organiza la empresa, como el Teletón.

En todo caso la carta, si en efecto se envió, obligará al Departamento de Justicia a iniciar una investigación y los accionistas gradualmente comenzarán a hacer preguntas. Hasta este momento, la denuncia que se hizo pública, no ha tenido un costo en el valor de las acciones de Televisa en Nueva York, pero su pesadilla apenas comienza.

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