La tragedia humana tiene cara de incompetencia y rivalidades políticas en Morelos. En el centro de la denostación e ira se encuentra el gobernador Graco Ramírez, pero no puede dejar de incorporarse en el cóctel lesivo a su esposa Elena Cepeda, descrita públicamente como déspota, y al comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, el detonador de la crisis política por la manera absurda y represiva con la que, para esconder las vendettas de su jefe, incendió la sensible pradera. El trío logró que en el momento de una de las peores crisis en el centro del país en los últimos 30 años, la indignación contra ellos fuera tan grande que distrajo la atención de las acciones de rescate y apoyo a una población devastada por el sismo del 19 de septiembre, los enfrentara y marchara sobre ellos. El gobierno de Ramírez se convirtió, en unos cuantos días, en un gobierno fallido.

 

El desastre de Morelos, narrado por personas que conocen los entretelones de la política estatal, comenzó el jueves, cuando Gabriel Rivas, exdiputado del PRD, actualmente vinculado a Morena y vocero de la Asociación Civil Morelense “Gustavo Alejandro Salgado Salgado”, entró a uno de los centros de acopio del DIF en Cuernavaca para sacar la ayuda y distribuirla directamente, porque no se estaba repartiendo. Para ese momento, llovían las acusaciones contra el gobierno, y en particular contra la señora Cepeda, de que estaban administrando la ayuda solidaria de la ciudadanía con fines electorales. No escapaba que el hijo de la señora Cepeda, Rodrigo Gayosso, quiera ser el candidato a gobernador que suceda a su padrastro.



La primera acción de fuerza contra Rivas, un agitador profesional, viejo amigo de Ramírez, con quien trabajó para la destitución del gobernador Jorge Carrillo Olea en los 90, fue alrededor de las cinco de la tarde del jueves. De acuerdo con el gobierno morelense, Rivas, junto con las Vicentinas –una orden de caridad de monjas, totalmente apolíticas–, habían impedido que un tráiler de ayuda de Michoacán pudiera ser descargado en las bodegas del DIF estatal. El reporte de la prensa es que la gente lo descargó y colocó agua y víveres en sus vehículos para distribuirlas en varias zonas afectadas en el estado. Ramírez acusó a Rivas de “asaltar” la bodega.



Lo que siguió hundió aún más al gobernador. La señora Cepeda, directora del DIF estatal, añadió la prensa de Cuernavaca, ordenó que la ayuda que llegara del país fuera almacenada en una bodega, y Capella comenzó a detener los tráileres. Una hora después de comenzado todo, el secretario general de Gobierno, Matías Quiroz Medina, escribió en su cuenta de redes sociales que “habían identificado” al líder de quienes liberaron los víveres, a quienes calificó de “saqueadores”. La señora Cepeda afirmó que denunciaría penalmente a los “saqueadores”. La ceguera política e insensibilidad de las autoridades morelenses se enfrentó con la decisión de la ciudadanía de confrontarlos.



Para el viernes, Cuernavaca hervía mientras el impacto del sismo comenzaba a mostrar los estragos en Morelos. Videos tomados por la gente mostraban toneladas de víveres en bodegas sin ser distribuidos. Para entonces ya era irrelevante si las imágenes correspondían al momento o no. La ira iba creciendo. Capella insultó a quienes llevaban víveres al estado, al instarlos a no hacer “turismo sísmico” y pedir que no viajaran al estado porque lo único que hacían era estorbar el trabajo que estaba haciendo el gobierno. A nadie importó. En varias partes de Cuernavaca hubo conatos de enfrentamiento entre ciudadanos y policías. Capella insistió en politizar los incidentes y acusó a trabajadores del municipio de Cuernavaca, a quienes nunca identificó, de ser los responsables de asaltar los tráileres, aunque horas después reculó y dijo que sólo eran rumores.



El gobernador Ramírez no lo contuvo. La noche del viernes, el comisionado de Seguridad Pública, frente a la creciente acción ciudadana de tomar los tráileres y llevarlos a distintas comunidades para su distribución, dijo que no lo permitiría y que “impondría el orden”, para lo cual anticipó que la policía realizaría operativos para, en castellano claro, hacer redadas contra quienes tenían identificados como autores intelectuales. Es decir, los adversarios políticos del gobernador. La acción policial fue insuficiente. Si antes, cuando detuvieron los tráileres que liberaron Rivas y las Vicentinas tuvieron que dejarlos ir por la tensión que estaba creando la policía, tampoco hubo forma que pudieran impedir que el viernes por la noche unas 500 personas se enfrentaran con 30 policías en las instalaciones del DIF, donde no evitaron que se llevaran la ayuda para distribuirla.



Capella decía que la razón por la cual había sacado a la policía a las calles era para “proteger” las donaciones. Lo ignoraron. La sociedad se organizó con otras instituciones no gubernamentales. El seminario conciliar de Cuernavaca sirvió como centro de acopio. Empresarios como Alfredo Harp, a través de su fundación, llevó directamente donaciones a zonas afectadas. Instalaciones deportivas como el Aqua Splash de la familia Abe, fueron transformadas en albergues en Jojutla. Los mormones levantaron un albergue en Cuautla, y el Centro Cristiano hizo su propio acopio para hacer entregas directas a poblaciones. En los pueblos fueron los mayordomos –electos por la población–, los ayudantes municipales y los comités de las iglesias, quienes comenzaron a entregar la ayuda a la gente.



La sociedad se organizó mientras el gobierno luchaba contra sus enemigos políticos sin atender con la celeridad exigida a las víctimas del sismo. Morelos sufre enormemente las consecuencias del desastre natural, pero no debe sufrir lo mismo por la incompetencia de sus gobernantes.



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