Graco Ramírez, gobernador de Morelos, llega su último año de administración, y más allá de que las encuestas nacionales lo colocan como uno de los cinco peores gobernadores en el último lustro, las cifras oficiales sitúan a Morelos como una de las entidades más peligrosas del país.
Una de las promesas de campaña del perredista fue que si no lograba controlar a la delincuencia en dos años, se iba, pero se encargó de desaparecer de la Ley de Participación Ciudadana la figura de la revocación de mandato, con lo que se aseguró seis años de gobierno.
Delitos de alto impacto, como homicidios, secuestros y extorsiones ocupan los primeros lugares en Morelos por la cantidad y la frecuencia con que se cometen.
Así, mientras que en 2016 se cometieron 686 homicidios dolosos –57 por mes, en promedio–, de enero a agosto de este año ya van 411, es decir, 58 por mes, en promedio.
Sin embargo, el delito que ha lastimado más a la población de aquella entidad es el secuestro, del cual en lo que va de 2017 se ha denunciado en 28 ocasiones, cuatro por mes.
A los malos números de Graco Ramírez, se suman escándalos como el de haber pagado millones de pesos a la constructora de su compadre, quien remodeló el estadio Agustín Coruco Díaz.
Ha emprendido también una batalla judicial contra el rector de la UAEM por haber desenterrado el caso de las decenas de cuerpos que, sin acatar ningún protocolo, el gobernador mandó inhumar en las fosas de Tetelcingo y Jojutla; o el del obispo de Cuernavaca, a quien también persigue por atreverse a denunciar que le robó el dinero para la reconstrucción del seminario.
Un acto más que se le reprocha por tener elementos de corrupción fue el haber nombrado como titular del Fideicomiso Tequesquitengo a un amigo de su hijastro, a quien llenó de contratos de obra por 120 millones de pesos.
Destaca el caso evidenciado por este diario, sobre la compra de una residencia de lujo que su esposa, sin contar con ningún ingreso, compró en ocho millones de pesos, cuando el valor real de esa propiedad ronda los 17 millones.
Y hay otro inmueble que también generó controversia, ya que el mandatario morelense lo vendió a uno de sus cercanos colaboradores con una rebaja de cinco millones de pesos.
Sin embargo, el hecho más reciente fueron las denuncias contra su esposa, Elena Cepeda, que como directora del DIF decidió que la ayuda humanitaria destinada a los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre, se desviara a las bodegas de ese organismo gubernamental para ser reetiquetadas.