INFORME. Luis Raúl González Pérez concluye que hubo uso excesivo de la fuerza ◗ Pruebas balísticas revelan que de los siete fallecidos, cuatro fueron con armas policiacas ◗ El ombudsman acusa que hubo obstrucción para realizar la investigación y una mala coordinación en el operativo ◗ También se registraron 106 policías heridos, cuatro de ellos por arma de fuego
La Comisión Nacional de Derecho Humanos indicó que cuatro de las muertes de Nochixtlán ocurridas en los enfrentamientos de 2016 son atribuibles a la Policía Estatal de Oaxaca, pero dictaminó igualmente que hubo un uso excesivo de la fuerza generalizado entre corporaciones estatales y federales. Destacó además el nivel de desorganización con las que las corporaciones afrontaron este evento.
Tres muertes más en Nochixtlán serían atribuibles a grupos civiles armados y se pide a la Fiscalía estatal y a la PGR esclarecer y castigar esos delitos.
Al emitir la Recomendación 7VG/2017 “por violaciones graves a los derechos humanos”, se informó que además de las necesarias investigaciones y sanciones por siete muertes (cuatro a manos de policías estatales), se pide al gobierno de Oaxaca y a la CNS disculparse públicamente con las víctimas y sus familias.
Esta disculpa deberá coordinarse e incluir la publicación de la disculpa en las páginas web oficiales por lo menos durante un año. Esta “disculpa coordinada” resulta paradójica toda vez que uno de los puntos en los que insiste la CNDH a lo largo de las decenas de páginas que incluye la recomendación es que en los hechos de Nochixtlán estuvieron presentes fuerzas policías estatales y federales, pero la coordinación fue nula.
Incluso la CNDH remarca que la policía estatal no preparó protocolos porque, alegaron en respuestas oficiales del ombudsman, el mando lo tenía la Comisión Nacional de Seguridad. La CNDH también recrimina que no haya hubiera planeación e inteligencia policial previa que ayudara a prevenir el zafarrancho que terminó en enfrentamientos, heridos y 7 muertes ese 16 de junio de 2016.
“El operativo para liberar vialidades (autopistas tomadas por organizaciones sociales) no fue debidamente diseñado, preparado”, es lo que finalmente concluye el organismo y adiciona que no fue aplicado correctamente el uso legítimo de la fuerza. En resumen, lo que pasó, a ojos del ombudsman, fue una acción en la que la policía actuó reactivamente, con uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal.
En cuanto a esto último, la CNDH señala que hay indicios claros de que cuatro muertes por arma de fuego (de civiles) son atribuibles a tres policías preventivos estatales y a un elemento de vialidad. La presentación de las armas de cargo estatales para la recriminación fue sujeta a obstrucciones que la CNDH remarcó en su documento final. Si bien la Policía Federal presentó el armamento, también se comprobó que había un elemento reportado como participante y que no estuvo en Nochixtlán ese día.
Los señalamientos de ONG de que la Policía Federal fue la que mató a los civiles se habría generado por del hecho de que los uniformes de estatales y federales fueron confundidos por los testigos. La CNDH acreditó que en efecto la Policía Federal se presentó mayoritariamente desarmada, aunque no completamente pues cerca de 30 elementos habrían portado armas en las horas previas a los disturbios.
Cerca de las 10:40 de la mañana de ese día, la División de la Gendarmería respondió como cuerpo de retaguardia y estos elementos sí se presentaron armados y reconocen haber disparado. No obstante, no hay indicios de que sus armas hayan sido las que ultimaron a los civiles.
En la sesión de preguntas y respuestas realizada durante una conferencia en la que se presentó la recomendación, el ombudsman Luis Raúl González Pérez aclaró que en las cuatro muertes atribuidas a estatales hay indicios claros. Esto implica que la CNDH dio directrices a la Fiscalía estatal y a la PGR para que hagan las investigaciones debidas y esclarezcan y sancionen los hechos de las otras tres muertes, pero no se trataría de violación a derechos humanos (que sólo son atribuibles a autoridades y no a civiles).
El balance final de la CNDH es que hubo 7 personas fallecidas (una más, de la que se había hablado hace un año, murió en realidad un día después de un infarto), 174 pobladores lesionados (46 fueron por arma de fuego), esto contanto los diferentes eventos encadenados en poblaciones cercanas al bloqueo carretero en Nochixtlán.
El nivel de desorganización policial llegó al extremo en el caso de la policía estatal, que envió al evento a 30 integrantes de la Banda de Guerra de la corporación y de personal administrativo, entre el que estuvo una peluquera. La cadena de mando durante los eventos estuvo rota completamente y en esto la CNDH hizo notar que la policía federal, al consultarle sobre los procedimientos para definir qué armas se usaron en cada momento, refirió que había un alto nivel de discrecionalidad por parte de los elementos.
González Pérez se pronunció porque todas las conductas delictivas, tanto imputables a autoridades como a particulares, deben ser debidamente investigadas, los responsables juzgados conforme a derecho y sancionados.
174 pobladores lesionados
(149 en Nochixtlán,
9 en Huitzo y
16 en Hacienda Blanca)
106 policías heridos
(4 por arma de fuego)