El sismo de magnitud 7.1 que justo hace un mes, el 19 de septiembre, sacudió a Ciudad de México, no solo colapsó 38 edificios, causó la muerte de 228 personas, dejó centenares de heridos, afectó severamente 500 inmuebles y miles de casas (solo en Iztapalapa hay más de dos mil), sino que también cimbró la historia de los edificios dañados: dejó al descubierto que las autoridades delegacionales y del gobierno capitalino carecen de toda la información o tienen datos incompletos sobre cada uno de esos inmuebles.

Cada edificación es un enigma: no es posible saber quién lo construyó, cómo, con qué material (¿cemento o arcilla, varillas de acero o de material endeble?), si cumplió con los sucesivos reglamentos, si alguien verificó su correcta construcción, si requirió modificaciones y si éstas se hicieron adecuadamente.

En muchos casos no hay ni planos arquitectónicos ni estructurales. Nada.

Los biblioratos de los edificios derrumbados, es decir, toda la historia y registros de las construcciones, que deberían tener las delegaciones, y copia el gobierno capitalino a través de diferentes oficinas, no existen, de acuerdo a lo que indagó MILENIO. Se perdieron, nunca existieron o, en el mejor de los casos, están incompletos.

Y con todo esto, con la absoluta falta de información (planos, licencias, etcétera), o con información incompleta, hay un problema mayúsculo para que las pesquisas sobre los edificios colapsados lleguen a buen puerto: la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México inició 163 carpetas de investigación, 136 de oficio y 27 más por denuncia. Pero para completar las indagatorias requiere de documentación que o está incompleta o de plano no existe.

Fraude, homicidio culposo, negligencia y hasta robo son los delitos que se investigan. Hay tres casos en los que los denunciantes argumentaron que al menos tres personas murieron por actos de negligencia en la construcción de edificios, lo que provocó el deceso de sus ocupantes.

Además, la procuraduría indaga cuatro casos de fraude y uno de robo, así como dos denuncias presentadas contra “directores de obra”, por la sospecha de que incurrieron en anomalías que ocasionaron el derrumbe de edificios.

Por ejemplo, autoridades de la delegación Benito Juárez interpusieron denuncias penales contra las constructoras Canadá Building Systems de México y Dijon para exigir indemnizaciones a propietarios y afectados de dos edificios: el ubicado en Emiliano Zapata y Tlalpan y el de Bretaña 90.

Tras esta acción, el delegado Christian Von Roehrich no ha hecho pública la documentación que posee la demarcación y tiene en su resguardo la de los 13 edificios que se derrumbaron. Desde el 13 de octubre, MILENIO se acercó a la directora de Comunicación Social, Sofía Guzmán, sin que se haya atendido la petición de información.

En el caso del Tecnológico de Monterrey, donde murieron cinco personas, los padres de familia no han presentado alguna denuncia penal contra la institución académica, porque la escuela ha manifestado la disposición de llegar a un acuerdo reparatorio.

Salvo los casos de Cuauhtémoc y Tlalpan, que han transparentado en sus portales oficiales la información administrativa de los inmuebles colapsados y con algún nivel de riesgo, el resto de las delegaciones afectadas, como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Xochimilco, Tláhuac y Gustavo A. Madero, así como 21 dependencias de gobierno, tienen sus unidades de transparencia sin servicio. Secretarías como Protección Civil, Obras y Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), principalmente, han detenido el flujo de los datos sobre los inmuebles siniestrados.

¿DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA?

Luego del terremoto, entre los escombros también se perdió el acceso a la información: quedaron las bases de datos de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Obras, de Protección Civil y de las delegaciones. Estas últimas son fundamentales, puesto que son las que otorgan los permisos de edificación y vigilan el cumplimiento del reglamento de construcciones.

De las 124 instancias del gobierno de la ciudad con oficinas de transparencia, 24, entre éstas Gobierno, Salud, Seduvi, Trabajo, incluso el C5 y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, suspendieron temporalmente su obligación de entrega de información pública.

Por ejemplo, damnificados, aseguradoras, periodistas, y especialistas en construcciones han requerido información a las secretarías de Protección Civil y Obras, así como a las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán, y no han tenido éxito para obtener permisos de uso de suelo, ampliación de construcciones, información técnica de los proyectos y memorias de cálculo.

   Esas dependencias han delegado las requisiciones de información a Seduvi, misma que se encuentra en “suspensión de trámites y servicios, presencial y en línea” debido a afectaciones “graves” en sus sistemas de información y daños al inmueble ubicado en Insurgentes 149.

De acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la Secretaría, se dio a conocer que el edificio fue desocupado como medida de seguridad. Sin embargo, en una visita MILENIO constató que la sede no está acordonada y hay personal laborando dentro del inmueble.

Las solicitudes de información a dependencias, delegaciones e instancias de transparencia han abundado. En el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) han contabilizado más de cuatro mil. De éstas, 65 por ciento son para conocer los usos de suelo y permisos de construcción de edificios.

Pero la ruta siempre es sinuosa. Por ejemplo, la Secretaría de Obras informa que las licencias de construcción y los permisos de uso habitación o mixto son facultades de la Seduvi.

También desconoce el proceso que se debe seguir para obtener apoyo en infraestructura dañada… porque ahora le corresponde a la Contraloría.

La Seduvi mantiene cerrada su página de transparencia para peticiones de uso de suelo y nuevas construcciones.

El catastro de los edificios colapsados no se puede obtener al estar considerado su espacio de transparencia como fuera de línea.

La secretaría de Protección Civil, a través de su Unidad de Transparencia, remite las solicitudes de información tanto a la delegación correspondiente como a la Seduvi, por carecer de atribuciones para entregar “observaciones previas y posteriores al sismo del 19 de septiembre en materia de protección civil” y que podrían haber derivado en el colapso del edificio.

Por ejemplo, en respuesta a solicitudes de información requeridas a Protección Civil y firmadas por la titular de la Unidad de Transparencia, Cristina Lorenzo, señaló que “por no contar en esta secretaría con la información requerida, su solicitud fue remitida a la delegación Iztapalapa y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien podría contar con la información solicitada”.

Lo mismo ocurrió en la respuesta de la Secretaría de Obras, que a través de la subdirectora de la Unidad de Transparencia, María Guadalupe Quevedo, remitió tanto a la Seduvi como a las delegaciones, por carecer de atribuciones para conocer usos de suelo y licencias de construcción de los edificios que colapsaron a consecuencia del sismo.

Autoridades del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) responden a peticiones de información cosas como la siguiente: “Uno de los edificios que se cayó pudo haber tenido pisos de más u otra irregularidad, pero si no hubo una denuncia, el Instituto no pudo verificar”.

La verificación administrativa consiste en la revisión de la documentación que se tiene en materia de uso de suelo. Si hay irregularidades, la sanción puede corresponder a una suspensión o clausura. Abundan que cuando se reciban denuncias que no son materia del Invea, se les avisa a las personas, y se acude a la delegación.

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) dio a conocer que indagará si los 38 edificios que colapsaron cumplían con los permisos necesarios y tenían los documentos en regla, pero lo harán… cuando sea viable.

“Lo vamos a estar haciendo ya a la brevedad posible y cuando sea viable esto para estar compilando y recopilando toda la información de los casos y estar indagando cada uno de ellos” dijo el subprocurador de Ordenamiento Territorial, Emigdio Roa Márquez.

El funcionario explicó que las dependencias involucradas en una primera instancia estuvieron concentradas en atender la emergencia y por ello no era posible obtener la documentación y ahora los plazos de acceso a la información están interrumpidos.

En sus archivos la PAOT no cuenta con investigaciones en trámite o concluidas de ninguno de los 38 edificios que se derrumbaron.

En cambio, la delegación Cuauhtémoc fue la primera en proporcionar las fichas catastrales de cada uno de los inmuebles que colapsaron y los que se encuentran en alto riesgo. Proporcionaron datos como la fecha en que el edificio se construyó, el nombre de propietario con que se registró, el uso de suelo y giro permitido, así como los niveles y su respectiva superficie.

La demarcación tuvo que solicitar estos datos a la Oficialía Mayor por tratarse de edificios del siglo pasado. Todos los trámites realizados previamente a 2004 se encuentran en esta área y solo los posteriores a esta fecha están digitalizados en la delegación.

Hace unos días, la delegación Tlalpan puso a disposición en su página web los documentos del Colegio Enrique Rébsamen, del Tecnológico de Monterrey y de Galerías Coapa. Se hicieron públicos los oficios de las normativas y programas de protección civil, las constancias de seguridad y vistos buenos estructurales, así como las licencias de construcción y registros de ejecución de obra que se tramitaron desde su construcción hasta la fecha.

En el caso de la delegación Gustavo A. Madero, se solicitó información relacionada con los permisos de construcción, cambios en el uso de suelo y sobre el valor del terreno de dos inmuebles específicos: un condominio en la calle Coquimbo número 911, colonia Lindavista, y una casa que se derrumbó en la calle 323, colonia Nueva Atzacoalco.

La respuesta de la oficina de Comunicación delegacional fue que buscaría los documentos en sus oficinas y que iban a pedir otros archivos con otras dependencias. En este caso específico ellos se comprometieron a otorgar la información solicitada, pero sin especificar el tiempo.

Información de: Liliana Padilla, Vanessa Job, Melissa Del Pozo, Silvia Arellano, Carolina Rivera, Leticia Fernández, Cinthya Stettin, Jannet López Ponce, Israel Navarro, Rubén Mosso, José Antonio Belmont, Rafael López Méndez, Rafael Montes e Ilich Valdez.

[Dé clic sobre la imagen para ampliar]