I. Olvidadizos. Los legisladores mexicanos tienen la piel muy dura. La senadora Martha Palafox pidió castigar a los responsables de las víctimas en la escuela Enrique Rébsamen, exigió cuentas a los gobiernos y una partida especial de recursos a los diputados. Sin embargo, a un mes del sismo se olvidaron las promesas. El pleno exigió un diagnóstico de los esfuerzos para reconstruir las miles de viviendas perdidas, pero nada se dijo sobre las iniciativas legislativas, como la del PAN, del proyecto de “Decreto de emergencia” para reconstruir México, o la de Alejandro Encinas, senador independiente, para canalizar fondos de partidos políticos a los damnificados. Es lamentable el alzheimer de la Cámara alta. ¿De plano, las neuronas pasmadas? ¿O simplemente no quieren comprometerse con la causa? Im-per-do-na-ble.
II. De rebote. México es un país que se va conformando en el día a día. Las leyes promulgadas durante décadas no contemplan los nuevos escenarios. Con los abusos que prosiguieron a los actos de solidaridad por los sismos de septiembre, se evidenció el México tradicional. Por ejemplo, 38% de los 21 mil cheques otorgados por el gobierno capitalino a los afectados fue recibido por falsos damnificados. Cuatro de cada diez; es una vergüenza. Pero más lo es no estar preparados. Ayer, en el Senado se promovió dar prisión a quien “robe ayuda humanitaria”. “Hemos sido testigos de la peor cara de nuestra sociedad”, dijo la senadora Verónica Martínez. Y es cierto, pero legislar después del niño ahogado hace ver muy mal al sistema. Robar es robar, ¿hace falta ser tan específicos y legislar cada punto y coma?
III. Cátedra. El auto de formal prisión contra Elba Esther Gordillo, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y manejo de recursos de procedencia ilícita, quedó sin efecto por orden de un juez. Y aunque esto no significa su inmediata libertad, sí es una muestra de que el poder de la exlíder del SNTE no es un mito. Deben esperar a que se dicte un nuevo auto una vez que la PGR muestre el supuesto cuerpo del delito. Lo anterior porque no se consideró debidamente fundamentado. Gordillo fue exonerada en mayo de 2017 de la acusación en su contra por presunta defraudación fiscal. ¿Qué pasará en la cabeza del juez, quien la ve inocente? ¿Alguien recuerda que sólo le investigaron dos de 89 cuentas que manejaba? Cátedra de impunidad.
IV. Delicadito. Al gobernador Francisco Vega de Lamadrid no le gusta que critiquen la violencia creciente en Baja California. En vez de molestarse por las publicaciones, el mandatario panista debería hacer algo para revertir las cifras que tienen a su estado en la más profunda indefensión. ¿Cómo ocultar que autoridades estatales encontraron tan sólo ayer los cadáveres de ocho personas, en diversos puntos de la entidad, con huellas de violencia? A ese número habrá que sumarle que seis de los ocho ejecutados estaban secuestrados. Y a pesar de que la inseguridad crece, no han despedido a ningún jefe de policía o de seguridad pública, encargados de que esto no ocurra. Y ni qué decir de los altos jefes del gobierno estatal.
V. Soluciones. En un buen lío están metidas las autoridades de seguridad en Oaxaca. Tras presentarse pruebas periodísticas en video del momento en el que policías estatales robaron un rancho la semana pasada, ayer dos hombres fueron ejecutados en la carretera federal 147, en jurisdicción del municipio de Loma Bonita, cerca del rancho La Engorda, lugar del presunto robo a manos de policías. Quedó confirmado el cese de 15 policías estatales involucrados en el robo al rancho. Investigar lo que sucede en la zona es responsabilidad de los colaboradores del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien, de no poner un alto, pagará muy cara la omisión. Que no digan que perdió el control del estado, porque no. ¿O sí?