Y es que basta leer los argumentos empleados por Ricardo Anaya, por su comparsa, Alejandra Barrales, y por su nuevo aliado, Andrés Manuel López Obrador, para entender que perdieron un alfil clave para las presidenciales de 2018. Por eso su desesperación y enojo.
Pero resulta más ridículo que Anaya, Barrales y AMLO defiendan con uñas y dientes la actuación ilegal de Nieto y que omitan que se trata de un servidor público que viola la Constitución.
Es decir, los nuevos aliados exigen la restitución de su incondicional en la Fepade, pero no piden que se investiguen las violaciones constitucionales, penales y menos el interés partidista y la parcialidad de Nieto.
Anaya, AMLO y Barrales exigen restituir a Nieto, porque es su socio en la trampa electoral que preparan para 2018, pero engañan a los ciudadanos con el cuento de que fue echado para encubrir al PRI. La mentira la vuelven verdad a fuerza de repetirla.
Pero Anaya no solo exhibe su ignorancia como abogado, sino que confirma que Santiago Nieto está al servicio de la alianza PAN-PRD-Morena.
¿Lo dudan?
Ayer lunes, en el informativo mañanero de Televisa, Anaya reveló una perla, auténtica confesión de parte.
En su delirio por desacreditar a la PGR, al gobierno federal y al PRI, Anaya dijo que Nieto fue destituido “justo cuando estaba realizando una investigación muy profunda sobre los presuntos sobornos” de Odebrecht a la candidatura presidencial de Peña.
Sin embargo, nadie le pregunta a Anaya cómo sabe de la “profunda investigación” de la Fepade, cómo llegó a certeza tal como para presumir —en el matutino estelar de Televisa— que Nieto realizaba la madre de todas las investigaciones.
¿Quién le informó a Anaya sobre la profundidad de las investigaciones de la Fepade, sobre los implicados en esas investigaciones y, claro, sobre el resultado?
En realidad, asistimos a la más contundente confesión de un delito, cometido no solo por el fiscal amigo de Anaya, de Barrales y de AMLO, sino del propio jefe de un partido político que, a su vez, será candidato presidencial del PAN.
Es decir, Anaya aún no es candidato y ya es juez y parte en un escándalo que exhibe que Morena y el Frente Ciudadano —y sus candidatos presidencial y al gobierno de CdMx— acudirían a una elección con dados cargados; los dados de la Fepade en manos de su aliado Nieto.
Pero tampoco aquí termina la historia de las mentiras de Nieto, quien llegó al cargo con la promoción no solo del PRD, partido del que fue asesor jurídico en el Senado, sino que lo recomendaron al PRD reputados morenistas, como el ex consejero del IFE Jaime Cárdenas y el experto en tirar elecciones Manuel Bartlett.
Esa era la grosera parcialidad del titular de la Fepade; un alfil que unificó lo impensable: Anaya, López Obrador y Barrales. ¿La nueva mafia del poder?
Pero hay más. El artículo 20 constitucional —en las fracciones I, II, V, IX y X— enumera las garantías del inculpado que debe observar todo proceso judicial y que son de cumplimiento obligatorio. Pero en el caso Lozoya, cobra especial relevancia la parte final de la fracción V, que dice a la letra: “Le serán facilitados [al inculpado, en éste caso a Lozoya] todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso”.
Dicho de otro modo, Santiago Nieto violentó la Constitución y los derechos constitucionales del ex director de Pemex al negarle lo que solicitó en la carta que ilegalmente hizo pública el titular de la Fepade. ¿Olvidó Nieto que al tomar posesión protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución? Por eso fue despedido.
Y es que, en la entrevista que concedió a Reforma, el ex fiscal Nieto no solo violó el debido proceso, sino que intentó desprestigiar a Lozoya al generar una mala imagen mediática de su persona, predisponiendo a toda autoridad que conozca el caso.
Además, Nieto violó el derecho constitucional de defensa de Lozoya y, sobre todo, si cualquiera lee la carta que envió a Nieto, queda claro que no conocía el número de la carpeta de investigación. Sin embargo, ese número —FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017— era conocido por los medios.
¿No es una chingadera que el inculpado desconozca la carpeta de investigación que lo involucra y que esa carpeta se publique en los medios?
Así, o hace falta más.
Al tiempo.