La opinión pública está volcada a favor de Santiago Nieto. El 64% de las menciones en las redes sociales, según la empresa GLAC, piden que sea restituido como fiscal para delitos electorales. Tras cinco días de haber sido cesado por violar la secrecía de las investigaciones sobre el presunto financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, y afectar los derechos humanos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a través de quien presuntamente se canalizó ese recurso, Nieto es visto como una víctima del poder, que lo destituyó por enfrentársele. Tiene como apoyo la indignación nacional y la fuerza de la opinión pública para que sea reinstalado en su cargo. En el balance, le ha ido muy bien al exfiscal, que abrazado por la cólera mexicana, se le ha perdonado su deshonestidad.

 

Describir al exfiscal como un tramposo no es un juicio de valor. Su lucha para que el Senado lo restituya encierra más que un deseo por regresar a su cargo, y desnuda en dónde estamos parados. La ley no nos importa. Nos interesan los ajustes de cuentas. Si alguien socava el estado de derecho para hacer una justicia que se acomode a nuestros intereses y ponga bálsamo a nuestras frustraciones, lo arropamos, lo apoyamos y lo apuntalamos para que derrote a nuestro enemigo común. Nieto ha jugado con estos ideales justicieros, donde la justicia es sólo un pretexto.



Su acto supremo fue la carta que envió el lunes al presidente del Senado, Ernesto Cordero, donde le pide que esa Cámara lo restituya en el cargo. El párrafo relevante es el segundo, donde señala: “Con fecha del 20 de octubre de 2017, el C. Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, me notificó personalmente la remoción con efectos inmediatos de Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales… en términos del artículo décimo octavo transitorio… que también establece que el Senado de la República podrá objetar la remoción… dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía será restituido en el ejercicio de sus funciones”.



Hay dos elementos falsos en este párrafo, que por su conocimiento de las leyes, jerarquías normativas y los procedimientos, llevan a pensar, objetivamente, que Nieto quiso engañar a la opinión pública y embaucar a los senadores. Por un lado se refiere a Elías Beltrán como “encargado de despacho”, lo que jurídicamente es incorrecto. El actual subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, ocupa el cargo como procurador suplente, con las “facultades necesarias” para remover al titular de la fiscalía, “sin mediar causa o gravedad de ella que conlleven a dicha remoción”. Nieto se arropó en el primer párrafo del décimo octavo transitorio y en la parte final del tercero, del cual omitió las tres primeras líneas, que dicen: “Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el procurador general”.



El impacto de la carta expuso el desgaste del gobierno en cuanto a credibilidad y legitimidad, pero, sobre todo, desnudó la carencia de una cultura jurídica en el país. La ley no importa, sino que lo trascendente es que se haya eliminado a quien veían como un funcionario autónomo, que era capaz de enfrentarse a los intereses del gobierno. Esa es la imagen proyectada en la opinión pública por Nieto, construida a partir de un elemento, la investigación contra Lozoya en el contexto del caso Odebrecht. Es irrelevante que durante su gestión de poco más de dos años y medio, hubiera violado de manera sistemática los derechos humanos de indiciados en investigaciones, porque lo importante no era salvaguardar sus garantías, sino su obligación a difundir información de interés público. El precepto tan anhelado y presumido de que todos son inocentes hasta que se les demuestre su culpabilidad, ha sido anulado por la politización del caso y la victimización de quien, aunque fuera por las mejores razones, violó la ley.



No hay espacio para la legalidad cuando la violación se justifica porque coincide con el imaginario colectivo. Según GLAC, entre el 15 y el 22 de octubre, el periodo entre la entrevista de prensa donde afirmó falsamente que Lozoya le había pedido que lo exonerara de todos los delitos relacionados con el caso Odebrecht y su dimisión, se dieron 24 mil 341 menciones sobre el cese, de las cuales el 64% eran positivas para Nieto, y 33% negativos. El tema polarizó a la sociedad política, que rechazó la acción del gobierno dos por uno. El débil frente al poderoso; la víctima ante el victimario.



El dinamismo en las redes sociales tuvo en los portales de los medios su catalizador y magnificador, y obligó al Senado a tomar posición. La legalidad con la que actuó Elías Beltrán ha sido ignorada por la mayoría, sobre todo los senadores, así como también hizo de lado que Nieto violó la ley. La discusión no es sobre leyes ni estado de derecho. Es política inmersa en el conflicto. Frente a la pobreza de cultura jurídica, está la intensidad del debate en la arena pública, donde frente al poderoso, la víctima, por más inmoral que haya, es a quien hay que defender. No hay muerto malo, dice el dicho. La sociedad política grita, en la defensa de Nieto, que es cierto.



Twitter: @rivapa