Una llamada que llegó a media tarde avisó que en la carretera Chilapa-Acazacatla se estaba incendiando un Tsuru. En la cajuela del vehículo estaba guardado el rompecabezas del horror: los cadáveres de dos personas desmembradas.
 

El conjunto, irreconocible a consecuencia de “quemaduras de gran intensidad”, se hallaba compuesto por dos cabezas, dos torsos, cuatro brazos y cuatro piernas.

Había una cartulina que anunciaba: “Que no se les olvide que yo los hago y yo los deshago”.
 

Era un mensaje dirigido, apenas el pasado 27 de octubre, al grupo criminal conocido como Los Ardillos, que lideran los hermanos Celso y Antonio Ortega Jiménez.
 

La aparición de vehículos calcinados con cuerpos en su interior es el nuevo sello de la guerra entre las organizaciones criminales que disputan, en Chilapa, Guerrero, el control de la amapola, el secuestro, el “cobro de piso” y la extorsión: 14  personas han sido encontradas de ese modo en los últimos días.
 

Las cosas fueron llevadas al límite cuatro días antes que el gobernador priísta Héctor Astudillo rindiera su segundo informe de gobierno. El 15 de octubre de 2017 se reportó el hallazgo de un auto en llamas en la carretera Ahuacuotzingo-Chilapa.
 

La policía localizó en el interior de una camioneta Escape los cadáveres de cuatro personas. Dos se hallaban en la cajuela y otras dos en los asientos del vehículo. Les habían prendido fuego. Se trataba de dos hombres y dos mujeres.
 

Un funcionario del Ayuntamiento de Ahuacuotzingo determinó la identidad de las víctimas: se trataba del fundador del PRD, Ranferi Hernández Acevedo, así como de su esposa, su suegra y su chofer.
 

Ranferi Hernández había sido reportado como desaparecido esa tarde. Acababa de salir en compañía de su familia. Su trayecto estimado era de una hora. El tiempo transcurrió y no se tuvieron noticias suyas. A medianoche se reportó el hallazgo de la camioneta. Su suegra acababa de cumplir 94 años.
 

Ranferi era un luchador social de amplia trayectoria: se había enfrentado al cacicazgo de Rubén Figueroa, sus críticas a un gobernador, Ángel Aguirre Rivero, le valieron un exilio temporal en Francia. En los últimos días promovía en el estado la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
 

Su asesinato, y la  manera en que se perpetró, era un delirio. “¿Por qué quemarlos?”, se preguntaban sus familiares.
 

Un día después del crimen, Héctor Astudillo instruyó a su secretario de Finanzas para que se asignara un presupuesto adicional a la Fiscalía General del Estado. El propósito: otorgar una recompensa a quienes colaboren para llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de Ranferi (así como el homicidio del ex alcalde perredista de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri, degollado unos días antes).
 

“Así que andas dando una recompenza por nosotros por lo de Ranfery, mira bien… aki en chilapa y en Chilpancingo somos nosotros los que andamos limpiando de ratas y secuestradores, ya que tu gobierno no puede con el cargo”, se leía en un “narcocomunicado” dirigido al gobernador un día más tarde.
 

“Aki en chilapa sacamos a los rojos de zenen nava (…) somos nosotros los que controlamos hasta atzalcoaloya y san angel, ese fue el trato que hicimos contigo (…) limpiamos todo aki arriba y ahora pagas por nosotros traidor”, agregaba el mensaje, firmado por el Cártel del Sur y Los Ardillos.
 

En su lucha contra Los Rojos, organización comandada por Zenén Nava Sánchez, alias El Chaparro, Los Ardillos, y sus nuevos socios del Cártel del Sur (a cuyo frente se encuentra Isaac Navarrete Celis, El Señor de Chichihualco o El Señor de la I), han dejado la peor estela de sangre que se recuerde en aquella región de Guerrero: decapitados, torturados, quemados, desmembrados, calcinados en automóviles: 226 muertos en lo que va del año, y un número incontable de desaparecidos. 
 

Aunque cien elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local llegaron a Chilapa en los últimos días, “para inhibir la violencia”, aunque la presencia de las fuerzas armadas se ha acentuado desde hace tiempo en la región (patrullajes, retenes, etcétera), el horror desatado de tres años a la fecha va en aumento.
 

A fines de noviembre de 2014 aparecieron en Chilapa once cuerpos decapitados y quemados. Las cabezas no fueron localizadas jamás.