Luego del asesinato de uno de sus compañeros litigantes, urgieron a la destitución del Comisionado de Seguridad Alberto Capella Ibarra, y la modificación inmediata de la estrategia de seguridad que en cuatro años ha mostrado su ineficiencia.
José Luis Uriostegui Salgado, Carlos de la Rosa, Miguel Ángel Rosete, ente otros, con una ofrenda floral que dejaron en el memorial de las víctimas, entregaron ayer un oficio en la oficina del gobernador del estado, Graco Ramírez para solicitar una reunión urgente y la pronta renuncia del comisionado Alberto Capella "porque no es morelense, no conoce el estado de Morelos y no le interesa lo que pasa, y de allí los altos índices de delincuencia, robos, inseguridad y extorsiones".
El ex procurador José Luis Uriostegui, consideró que ya son 15 abogados asesinados incluso en el centro de Cuernavaca, y los casos no han sido resueltos, "es indignante la falta de prevención y de resultados de la fiscalía. Hasta cuando señores hemos invitado al gobernador, al comisionado y al secretario de gobierno que hagan un replanteamiento de las políticas públicas de seguridad y no hay ninguna modificación. Hoy los abogados nos pronunciamos porque el gobernador, haga cambios en su gabinete para que en lugar de la CES, a alguien que se ocupe de la seguridad pública y no solamente de criminalizar a las víctimas como en el caso de Rodolfo García Aragón. Tenemos mucho que hacer y estamos dispuestos a colaborar en la medida en que lado autoridades se abran y no nieguen la realidad que estamos padeciendo y tampoco criminalicen a quienes se priva de la vida".
De ahora en adelante sostuvo no estarán cruzados de brazos y pidieron que la gente denuncie, porque la autoridad esgrime que ya bajaron los delitos cuando en realidad es que por desconfianza la gente no denuncia.
En este contexto, Miguel Ángel Rosete, dio lectura al documento donde hacen patente al gobernador perredista sobre la molestia por el asesinato de Rodolfo García Aragón y de otros profesionistas; y exponen el clima de temor e inseguridad, así como de carencia de desarrollo económico de la entidad, por ello demandan, una audiencia pública "para revisar, analizar y discutir propuestas para mejorar la condición de seguridad pública, la persecución del delito y la participación ciudadana, así como el desarrollo económico en nuestra entidad federativa, en el ánimo de contribuir a mejorar la vida de los morelenses".
Urgieron una diálogo abierto en lugar del aislamiento o la falta de acercamientos con la sociedad civil.
En caso de continuar la negativa al diálogo y la negativa sobre la entidad de parte de Graco Ramírez al escarnio, recurrirán a la acción legal y la primera será un juicio político al gobernador perredista.