Una ONG, con prestigo, critica el proceder de las autoridades civiles que deben sancionar a militares que violentan derechos humanos; la respuesta mexicana incluyó una posdata...
WOLA, Oficina de Washington para América Latina (Organización No Gubernamental especializada en derechos humanos) criticó ayer a las autoridades mexicanas en un informe por lo que denominó poca voluntad para procesar violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. Lo anterior generó una respuesta casi inmediata del gobierno mexicano que rechazó el informe, ratificó su compromiso con la sanción a quien violente derechos fundamentales y pidió a WOLA, entre otras cosas, que contextualice su análisis en el marco del tráfico de armas y recursos para el crimen organizado que se registran en los Estados Unidos.
El gobierno mexicano indicó que esos fenómenos son parte de la explicación de lo que sucede en México y del uso temporalEde las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
WOLA es una organización civil que participó, con otras, en la revelación de actos criminales de gobiernos militares en América Latina durante la década de los setenta del siglo pasado. Esta vez, para tratar el tema mexicano, WOLA analizó las consecuencias de las reformas al marco legal mexicano de 2014, que permitió que una autoridad civil investigue y sancione delitos cometidos por militares.
WOLA centra su crítica en el hecho de que de 505 investigaciones abiertas desde entonces, sólo 16 generaron condenas a militares. Un aspecto que WOLA pasó por alto en su informe es que este porcentaje de condenas (3 por ciento) es el habitual en los delitos de alto impacto de la justicia mexicana (Crónica documentó, por ejemplo, que ese es el porcentaje de presuntos gatilleros del narcotráfico que llegan a pisar prisión).
Otro aspecto señalado por WOLA es el hecho de que el primer respondiente o autoridad que se presenta a la escena de un delito de alto impacto (homicidio o secuestro, por ejemplo) es muchas veces un militar, lo que señala la organización implica que se rompe la idea de que un policía o MP capacitado se haga cargo de la protección de evidencias.
El informe señala que hay dificultades para que los soldados declaren y que la PGR no ha mostrado voluntad para investigar.
De igual forma recrimina que el personal militar tengan excesivas atribuciones de investigación (actividad que debería estar en manos civiles).
WOLA termina su informe dando recomendaciones a México en el sentido de mejorar la capacidad de su Ministerio Público y sus organismos policiales, además de evitar mayor participación de fuerzas militares en tareas que corresponden constitucionalmente a civiles.
El informe recomienda a los Estados Unidos poner mayor énfasis a colocar a los derechos humanos como requisito para colaborar con México, un trato muy suave que pudo haber motivado la respuesta mexicana al informe.
El informe de WOLA se denomina oficialmente Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México.
¿Y lo que pasa en su territorio?
En respuesta al informe WOLA y mediante un comunicado conjunto de la Cancillería, Gobernación y la Procuraduría General de la República, el gobierno mexicano rechazo “toda violación a los derechos humanos” y el sentido general del informe en el que se pone en duda la voluntad mexicana para sancionar a soldados que incurran en estas conductas.
Las dependencias reiteran el compromiso de investigar los casos de abusos militares contra población civil y, en un extra que no se había registrado en casos anteriores, invitan a WOLA a que los análisis en la materia reflejen “una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas que se origina en los Estados Unidos”.
La respuesta mexicana también destaca que hay puntos señalados por WOLA en torno a los que “ya se han iniciado trabajos (…) El gobierno de México valora la labor de WOLA y las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, considera relevante puntualizar lo siguiente:”
“La participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país”.
“México invita a que los análisis en la materia consideren dicho contexto, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos de América hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país”.
Estudios en ese sentido, aseguró el gobierno, “serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte”.