Pero el problema es mayúsculo cuando se habla de “la mentira oficial”.
Es decir, se construye “la mentira oficial” cuando a sabiendas de que un político falsea la verdad, miente y aun así, las instituciones se empeñan en dar carácter de oficial al engaño y la mentira.
En ese caso se puede hablar de “la mentira oficial”.
Y el ejemplo de ese fraude a los ciudadanos —el fraude de la mentira oficial— lo veremos cuando, con el aval del INE, inicie la trasmisión de los oficiales del PAN, en los que Ricardo Anaya miente y engaña.
Lo censurable del caso es que la “mentira” de Anaya adquirió carácter “oficial”, precisamente porque es una mentira solapada por el árbitro electoral, lo que va contra un mandato judicial y, sobre todo, el mandato constitucional.
Es decir, el INE avala una ilegalidad del proceso electoral cuando solapa las mentiras de Ricardo Anaya.
Y es que el INE tiene como responsabilidad fundamental garantizar la legalidad, certeza, transparencia y credibilidad del proceso electoral. Al autorizar el spot en el que Ricardo Anaya miente y engaña sobre su pelea legal con El Universal, el INE avala un engaño electoral y, sobre todo, una clara violación judicial y constitucional.
¿Lo dudan?
El primer engaño de Anaya se produjo cuando, en un video que difundió hace días, dijo que un juez federal le dio la razón al jefe del PAN y obligó a El Universal a retractarse. En algunos fragmentos dijo:
1.- Que “el juez condenó a El Universal a pagar una multa por haber faltado a la verdad”.
Falso. En la sentencia solo se impuso una multa a El Universal por no haber otorgado el derecho de réplica.
2.- Que “la sentencia demuestra que lo que publicaron es una vulgar mentira”.
Falso. No es motivo de la sentencia realizar juicios de valor sobre la publicación. Además, en la sentencia no existe consideración del juez en la que estime que lo publicado es “una vulgar mentira”.
3.- Que “la sentencia demuestra que el patrimonio de su familia (de Ricardo Anaya) es producto del trabajo honesto de varias generaciones”.
Falso. Y es que, además de que no existe en la sentencia consideración del juez al respecto, es absurdo, ridículo y carente de sustento legal que en el juicio sobre el derecho de réplica un juez se pronuncie en torno a que los haberes de una familia “Son producto del trabajo honesto de varias generaciones”.
En resumen, el juicio promovido por Anaya contra El Universal es respecto al derecho de réplica y únicamente se limita a analizar y decidir si se otorga o no el derecho de réplica al afectado. El resto son mentiras de Anaya.
Pero la joya de la corona es el texto del primer spot de Ricardo Anaya, que en horas veremos y escucharemos en radio y televisión, y en el que el jefe del PAN vuelve a mentir, con el aval del INE.
Dice a la letra: “¿Recuerdas que a partir de una nota del 23 de agosto estuvieron ataque y ataque a la dirigencia del PAN y su presidente Ricardo Anaya? El asunto se llevó ante un juez federal y ¿qué crees? (…) Resultó que los ataques no eran verdad. ¿Y sabes por qué tantos ataques? Porque vamos arriba en las encuestas, vamos a lograr el cambio. ¡Sí se puede! ¡Ya verás!”.
Lo que no recuerda Anaya y los consejeros del INE es que el juez federal al que hace referencia el jefe del PAN no solo desechó la réplica propuesta por Ricardo Anaya, sino que confirmó el enriquecimiento inexplicable de su familia.
Es decir, que Anaya y sus abogados propusieron como réplica a lo publicado por El Universal, una primera plana cuyo encabezado decía lo siguiente: “El Universal publicó información falsa sobre Ricardo Anaya y su familia”. A ese encabezado seguía un largo texto en el que Anaya expone su verdad, en realidad la “mentira oficial”.
¡Pues todo eso fue desechado por el juez!
Sobre el enriquecimiento de la familia Anaya, el juez determinó que, en efecto, la información es inexacta, pero debido a los montos y actualización de los valores catastrales, no porque se tratara de una falsedad.
Dicho de otro modo, el juez federal al que alude Ricardo Anaya en el spot de referencia no determinó las circunstancias en que fueron adquiridos los inmuebles de los Anaya, sino que solo respondió a la exigencia del derecho de réplica.
Anaya miente en el spot avalado por el INE, como también mintió cuando dijo que “un perito con cédula profesional y certificación” había probado que las fotografías difundidas por El Universal habían salido de los pasaportes de su familia.
¿El INE avala spots mentirosos y que violan un mandato judicial y la propia Constitución?
Al tiempo.