Hace una semana estalló el escándalo por los videos que exhibieron el autogobierno y las brutales torturas a reos del penal estatal de Neza-Bordo, en el Estado de México, a manos de otros reos que extorsionan a sus familias, y no hay una sola declaración al respecto del gobernador Alfredo del Mazo Maza. La grave crisis de ingobernabilidad, corrupción, hacinamiento y descontrol en los penales mexiquenses, parte del fenómeno de inseguridad que vive el estado, no le mereció, hasta el momento, ni un comentario al mandatario mexiquense.

Del Mazo ha hecho mutis en el mayor problema de la entidad que gobierna y dejó el manejo de la crisis a subalternos, a los que se les fue de las manos. Tras la denuncia de las familias y la difusión de los videos el 27 de octubre pasado, la decisión de cesar al director del penal Neza-Bordo y trasladar al reo que lideraba el autogobierno y el terror en ese centro, Luis Alberto N., El Tatos, lejos de resolver el problema lo trasladó al penal de Chiconautla, en Ecatepec, donde el 31 de octubre se desató un motín que requirió la entrada de la fuerza pública para sofocarlo.

En todos esos hechos nunca apareció en público el gobernador para hablar del problema y, cuando el caos amenazó con desbordarse, tuvo que entrar el gobierno federal a su rescate. La Comisión Nacional de Seguridad, encabezada por Renato Sales, llegó al penal de Chiconautla para asegurar a El Tatos y trasladarlo a un penal federal en Durango, con todo y amparo del delincuente para no ser sacado del Estado de México. ¿Qué hubiera hecho Del Mazo con la crisis que le provocó un joven delincuente de 31 años, protegido por autoridades, si la Federación no salva la situación y se lo lleva a Durango?

Lo grave no es sólo el extraño silencio del gobernador Del Mazo, que heredó la grave problemática en los penales; lo delicado es que, a mes y medio de sentarse en el cargo, el mandatario priísta no haya asumido como “emergencia” y prioridad la situación de la seguridad en el estado, que tiene en sus sobrepobladas y corrompidas cárceles, los principales centros operativos de la delincuencia que azota a los mexiquenses.

El tema no debió ser desconocido para Del Mazo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos había advertido, en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2016 y luego en una recomendación a “los gobernadores de las entidades federativas” en mayo de 2017 —en plena campaña por la gubernatura mexiquense— de las condiciones de “autogobierno” y corrupción en los penales estatales. “El aumento de reos vinculados con la delincuencia organizada, o con suficiente capacidad económica, genera situaciones de autogobierno y son esas personas quienes generalmente tienen el control de esos centros”, decía la CNDH en su recomendación 30/217 que llegó al Palacio de Gobierno de Toluca.

El propio ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, cuestionó tras la crisis de Neza y Chiconautla, que el gobierno estatal “hizo caso omiso” de advertencias y recomendaciones sobre el autogobierno en sus centros penitenciarios. “En estos dos penales del Estado de México, la CNDH ya había alertado al gobierno mexiquense sobre lo que sucedía de la violación por parte de los mismos presos”, dijo el presidente del organismo.

No sólo desoyeron las recomendaciones de la CNDH, el 25 de septiembre, 10 días después de que Alfredo del Mazo tomó posesión, el diario Reforma publicó las denuncias sobre la existencia de una red de extorsiones formada por internos de Neza-Bordo que, con ayuda de autoridades del penal, cobraba dinero, drogas, armas y favores sexuales. La respuesta del gobierno mexiquense fue negar la ingobernabilidad. “Puedo asegurarle que no existe. ¿Por qué?, porque estamos desarrollando una serie de mecanismos, una serie de medidas para ir inhibiendo precisamente ese tipo de conductas”, afirmó Luis Arias, quien un par de semanas después sería destituido tras los videos donde El Tatos torturaba y extorsionaba a reos y a sus familiares con la complacencia del gobierno mexiquense.

Así que después de miles de millones de recursos públicos gastados en su campaña, de volcar el aparato y programas de gobierno, federal y estatal, para hacerlo ganar una elección tan turbia y cuestionada, la pregunta, dos meses después y en medio de la crisis de seguridad que vive su estado, es ¿dónde está el gobernador Del Mazo? ¿Para eso quiso ganar, a cualquier precio, la gubernatura?

NOTAS INDISCRETAS… En la Suprema Corte afirman que el fallo inédito de la destitución del delegado perredista de Venustiano Carranza, Israel Moreno, y la consignación de su antecesor José Manuel Ballesteros, no es el único caso de “desacato” de laudos y sentencias de amparo de distinto tipo que analiza el máximo tribunal. “Hay varios casos más de jefes delegacionales que han incurrido en desacato y podrían ser sancionados también con destitución”, confió un ministro de la Corte. Hay otros casos de laudos incumplidos en otras delegaciones del PRD, pero también de Morena. Incluso en Tlalpan, donde la delegada Sheinbaum está a punto de hacer maletas para irse de candidata a jefa de Gobierno, se menciona un expediente en la Corte. ¿Será?... Giran los dados. Serpiente doble.