De último momento, a unas horas de que diera inicio la sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que serían destituidos de sus cargos, la secretaria de Cultura del gobierno federal, María Cristina García Cepeda, y el Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román, dieron cumplimiento, por separado, a las sentencias a que habían sido condenados con anterioridad.
Los proyectos de sentencia, a cargo de los ministros Fernando Franco y Javier Laynez, iban en el sentido de separar a ambos funcionarios de sus cargos y consignarlos ante un Juez en Materia Penal, igual que ocurrió apenas el pasado lunes con el ahora exdelegado en Venustiano Carranza, Israel Moreno.
Ante el temor de correr con la misma suerte que Moreno, las respuestas sobre el cumplimiento de las sentencias, por parte de la secretaria de Cultura y del jefe Delegacional arribaron a la Corte el miércoles; la de la funcionaria federal a las 23:55 horas, y la del capitalino a las 15:16 horas.
Frente a esta situación, los ministros ponentes retiraron del pleno sus respectivos asuntos a fin de analizar los expedientes con las respuestas de cada uno de los funcionarios señalados.
El expediente marcado con el número 6/2017, cuyo ponente fue el ministro Fernando Franco, proponía la separación del cargo de la titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, y fue promovido por Pedro Ávila Jiménez, Alberto Ortiz Hernández y Javier Ortiz Hernández, ante la inejecución de sentencia en un juicio laboral, igual que sucedió con el exdelegado Israel Moreno.
En este caso, la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente 2388/2004, emitió un laudo en el que ordenó basificar a Alberto y Javier Ortiz Hernández, con la categoría de tramoyista, y a Pedro Ávila Jiménez, con la categoría de asistente técnico. Asimismo, ordenó reconocer la antigüedad de los tres demandantes desde la fecha de su ingreso e inscribirlos ante el ISSSTE de manera retroactiva, así como pagarles aportaciones para su fondo de pensiones.
LOBO perseguido. En tanto, el ministro Javier Laynez Potisek fue el ponente del expediente 172/2017, derivado de una denuncia de inejecución de sentencia presentada por la empresa Aceros La Brecha, en contra del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román, y el director Jurídico de la demarcación.
Dicha empresa demandó, el 23 de marzo de 2015, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), la nulidad de una orden de visita de verificación de construcción y edificación, de 26 de febrero de 2015, así como su acta de visita.
El 10 de junio de 2015, la Cuarta Sala Ordinaria de dicho Tribunal de lo Contencioso dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la señalada orden de visita de verificación de construcción y edificación, así como las subsecuentes actuaciones, misma que fue confirmada el 28 de octubre de ese mismo año por la Sala Superior del Tribunal.
En abril de 2016, ante el mismo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la empresa interpuso recurso de queja por incumplimiento de sentencia, que fue resuelta el 14 de julio de 2016, declarando fundada la queja por incumplimiento al fallo definitivo, sin que el delegado Lobo Román hubiera ejecutado hasta apenas este miércoles.
El proyecto de resolución formulado por el ministro Laynez iba también en el sentido de declarar fundado el incidente y ordenar la inmediata separación del cargo de Víctor Hugo Lobo Román de la Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero, y consignarlo ante un Juez de Distrito en materia de Procesos Penales en turno “por la desobediencia cometida”.