El móvil de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 sigue siendo un misterio. “No hay móvil porque todo sucedió sin planearlo”, sugiere el exprocurador Jesús Murillo Karam. Lo que plantea tiene sentido. Cuando se revisa la mecánica de los enfrentamientos de los policías de Iguala con los estudiantes y los lugares donde sucedieron, se puede apreciar que los jóvenes iban de regreso a Chilpancingo cuando fueron interceptados y, por razones desconocidas, se profundizó la violencia y fueron secuestrados. ¿Qué sucedió? La variable del narcotráfico siempre ha estado presente, desde las primeras declaraciones de los criminales que presuntamente los mataron, que han dicho que estaban infiltrados por una banda criminal enemiga, hasta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que ha reiterado que la línea de investigación del narcotráfico debe ser agotada.

No se sabe hacia dónde irá a parar esa hipótesis de trabajo de la PGR, pero el contexto permite asomarse al caldero del diablo en el que se metieron los normalistas aquél día. Cocula, donde de acuerdo las autoridades fue la última vez que se les vio con vida, es el centro neurálgico del crimen organizado en la región.

Quien domina Cocula, controla el trasiego del 50% de la heroína mexicana que se vende en el mercado estadounidense –el principal exportador de la droga en ese país es México– y que genera, por cada hectárea cultivada de amapola, una ganancia estimada de 4.5 millones de pesos. Si se cultivaron 17 mil hectáreas de amapola en 2015, según la DEA, y la mitad de ellas se encuentran en la sierra y Tierra Caliente de Guerrero, la ganancia anual neta ascendería a más de 38 mil millones de pesos.

Con esos retornos, comprar toda una red de protección institucional como lo hacen los criminales en la región, es un gasto marginal. Cocula es el centro nervioso de varios municipios de donde salen los cargamentos de heroína, y que abarca a Iguala, Huitzuco y Eduardo Neri, las zonas de operaciones contra los normalistas aquella noche de barbarie, y Cuetzala del Progreso, Teloloapan y Chilapa. Esa región de orografía agreste es disputada por Guerreros Unidos, La Familia Michoacana y Los Rojos, tres organizaciones criminales que nacieron emparentadas y que el tiempo, las muertes y las capturas, las partieron y volvieron enemigas.

En las investigaciones han surgido líneas que apuntan al narcotráfico como el contexto del crimen contra los normalistas, de quienes hasta ahora, no hay prueba de nexos con el narcotráfico. Una de las declaraciones que revelan lo que sucedía en la región la aportó Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, acusado de matar a los normalistas en el basurero de Cocula. Rodríguez Salgado contó que en 2012 La Familia Michoacana le arrebató Cocula a Guerreros Unidos, que se apertrechó durante año y medio en Iguala. Dos meses y medio antes de la desaparición de los normalistas, regresó a Cocula como jefe de sicarios y un salario de 15 mil pesos mensuales, al frente de una célula que, todos ellos, están imputados por el crimen de los estudiantes.

Rodríguez Salgado aportó el dato que varios normalistas acusaron a El Cochiloco, Bernardo Flores Alcaraz, de haberlos llevado a Iguala, que es el único de los normalistas desaparecidos con el pelo largo, porque no era de primer ingreso.

Cuatro estudiantes más lo ayudaban en el control del resto de los normalistas, pero él era el único que recibía las instrucciones desde el comité de alumnos de la normal de Ayotzinapa, en Tixtla. De acuerdo con las investigaciones, quien se las daba era Omar Vázquez Arellano, que utiliza el apellido García.

Su nombre aparece circunstancialmente vinculado al narcotráfico o mediante grabaciones no judicializadas entregadas a la prensa. En su declaración, Rodríguez Salgado narró enfrentamientos con las bandas criminales, y en uno de sus dichos mencionó a El Narciso, como uno de los miembros de Los Rojos con quienes peleaban en la región. El Narciso era Narciso Vázquez Arellano, hermano de Omar, quien pocas semanas antes de la desaparición de los normalistas había muerto en un enfrentamiento con Guerreros Unidos en Carrizalillo, una de las comunidades del municipio de Eduardo Neri, al cual pertenece Mezcala, donde se dio otro de los ataques en 2014.

Rodríguez Salgado señaló que uno de los normalistas le dijo que los había enviado El Carrete y que el director de la normal de Ayotzinapa les había ordenado ir a Iguala a hacer desmanes. El Carrete es Santiago Miranda Mazari, líder de Los Rojos en Morelos, vinculado a políticos en la región. El director de la normal era José Luis Hernández Rivera, quien dejó el cargo en diciembre pasado, y cuya declaración ministerial se encuentra en el expediente del Caso Ayotzinapa. La PGR no le ha podido probar nexos con el crimen organizado, como tampoco lo ha logrado con Vázquez Arellano, quien fue relevado discretamente como líder de los alumnos de la normal hace varios meses.

Rodríguez Salgado afirmó que a quienes asesinaron el 26 de septiembre eran rojos, aunque según investigadores de la PGR, en el basurero de Cocula descubrieron que muchos eran realmente normalistas, lo que no impidió que los desaparecieran. En esa zona de lucha por el control del trasiego de la heroína, algunas decenas de muertos más o menos, era algo que, por lo que se lee en las declaraciones, sucedía con dantesca normalidad.

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