-Juez les decreta la no vinculación a proceso; se alteró escena del crimen y presentaron armas distintas a las utilizadas por policías
-Detectan huellas de saqueo en la casa donde radicaba la familia masacrada en la colonia Rubén Jaramillo
Ante alteración de la escena del crimen y la presentación de armas de fuego que no fueron utilizadas por los elementos que participaron en el lugar de la masacre, un juez de control y juicios orales decretó la no vinculación a proceso de los cuatro sobrevivientes de la familia que fue acribillada por elementos policiacos del Mando Único, hechos ocurridos en la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco, por lo que ordenó la libertad inmediata de dichas personas.
Fue alrededor de las 08 de la mañana de este lunes 04 de diciembre, cuando se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso o no, en las instalaciones de los Juzgados de Primera Instancia, Control y Juicios Orales con sede en Cuernavaca, en donde el impartidor de justicia, Job López Maldonado consideró que no existían las causales y los suficientes argumentos para vincular a proceso a los cuatro sobrevivientes del multihomicidio de seis personas, entre ellos una bebé de dos meses de edad.
Durante la presentación de las pruebas por parte del agente del Ministerio Público se reveló que en las investigaciones del perito de la FGE, se manifiesta la forzadura de la chapa de la casa que fue allanada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), además de que existen huellas de saqueo (hurto), además de que los exámenes de balística fueron contundentes para la liberación de las cuatro personas.
“Hay cinco armas largas que los policías estatales ponen a disposición y que supuestamente ellos traían y de acuerdo a la prueba de balística y los casquillos encontrados en el domicilio, ninguna de las armas se disparó en ese lugar, que armas, hay dos armas una 0.9 milímetros y una 38 súper, en donde el arma .9 mm no disparó ningún casquillo de los que se encontraron, y de la 38 súper, sólo cuatro disparos, cuando supuestamente los policías afirmaron que repelieron una agresión que fue constante, afuera del domicilio hay casquillos 223 o 5,56, cuando se supone que afuera del domicilio no se disparó (…) Pero sobretodo en el baño dónde estaban ejecutadas las personas y los menores de edad, ahí hay casquillos 9mm y esos casquillos pertenecen a cuatro armas que no fueron aseguradas”, declararon en la audiencia de vinculación a proceso.
Situación, que el impartidor de justicia López Maldonado ordenó la liberación inmediata de los cuatro sobrevivientes, tomando en consideración la prueba de balística, en donde mostro que cuatro armas de fuego de .9 mm que no fueron aseguradas, al menos dispararon un aproximado de 26 casquillos percutidos, en donde los elementos policiacos ejecutaron a las cuatro mujeres, un adolescente y una bebé de dos meses de edad, quienes contaban con disparos en el cráneo y el tiro de gracia.
Además de que en los peritajes se encontró la huella de un elemento policiaco que no participó en los hechos ocurridos, además de que los elementos policiacos que presentaron ante el Agente del MP de la Fiscalía General, se reveló que no fueron accionadas debido a que los casquillos de sus armas a su cargo, no correspondían a los casquillos percutidos que aparecen en la escena del crimen, situación que tanto los policías que se presentaron ante el MP y los cuatro sobrevivientes salieron negativos en la prueba de radizonato de sodio -examen que se realiza a las manos de las personas para detectar si una persona realizó un disparo de arma de fuego mediante el plomo proveniente del proyectil y del bario proveniente del detonante-
Por tal motivo, el impartidor de justicia decreto la libertad inmediata de José Alberto "N", Gilberto "N", Brenda Elena "N" y José Antonio "N" por el delito de posesión de arma de fuego, debido a que desde un inicio habían formulado la imputación por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de siete policías estatales adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), quienes no han sido puestos a disposición de un Agente del Ministerio por el asesinato de Faustina Chapa Ávila, Leticia Valdés Rodríguez, Camelia Rodríguez Vázquez, Diego Brito Castillo de 14 años de edad así como una bebé de dos meses de edad.
De acuerdo con la relatoría de los agentes policiacos asentados en la carpeta de investigación JC/1201/2017, se informó que la madrugada del 30 de noviembre un hombre interceptó la unidad 00120 de este Grupo Especial policiaco en la calle Insurgentes esquina Emiliano Zapata que refirió que en la calle Francisco I. Madero, en el sitio se ubicaba un domicilio con fachada color verde con un portón negro y acabados cafés en la que se visualizaba "gente armada encapuchada" que habían descendido de unas camionetas lujosas.
Al trasladarse al lugar los elementos policiacos visualizaron afuera del domicilio marcado con el número 238 cuatro hombres que iban bajando de una camioneta blanca, una camioneta Silverado color vino, una Hummer gris y una cuatrimoto.
Los policías se percatan que en una camioneta blanca en el asiento del conductor se encontraba Gilberto "N"; otro descendió de una camioneta Silverado color vino con un arma de fuego en la mano se trataría de José Antonio "N" y un tercer hombre más bajo de Hummer también armado, después fue identificado como José Alberto "N", arribando en una cuatrimoto un adolescente que después sería identificado como Carlos Alberto "N".
Al percatarse de la presencia policiaca, Gilberto "N" y el adolescente son los primeros en ingresar al domicilio seguidos de José Antonio "N" y José Alberto "N", sin embargo este último logró ser alcanzado por el oficial que encabezaba el operativo identificado como Pedro quien fue queda al interior del domicilio y quien de acuerdo a la relatoría de hechos del agente del ministerio público "usó los comandos verbales" pidiendo a los cuatro hombres que se detuvieran, sin embargo estos subieron unas escaleras desde donde empezaron a disparar, lográndose cubrirse atrás de una camioneta Audi gris estacionada en el patio del inmueble.
Por su parte, el abogado de la familia Chapa Valdés, Juan Manuel Cuéllar Miranda lamentó que el titular de la CES, Jesús Alberto Capella Ibarra “fabrique” delincuentes, al momento de que en los dichos de los supuestos policías que participaron en el hecho, no fueron acreditados su participación, debido las armas que supuestamente accionaron no había ningún casquillo percutido en el lugar de los hechos.
“Le pediríamos a la Fiscalía General a que solicite el resguardo de toda la corporación para saber cuál de todas las armas fueron disparadas y a cargo de quienes son (…) Es raro y no sé cómo está actuando la CES y hemos tenido casos en donde los policías son involucrados y han visto como los policías son puestos a disposición, la propia FGE ha tenido a propios elementos de la PIC y son puestos a disposición, se les resuelve su situación jurídica cuando fue parte de su función y en este caso no pisaron la FGE, sólo para ir a poner la puesta a disposición, lo absurdo es que jurídicamente esas cinco personas no está acreditado que ellos fueron, por lo que no podemos creer que nuestro titular de la CES, este fabricando delincuentes”, declaró.
Sin embargo, reconoció la labor del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), al momento de presentar las pruebas que dejaron en libertad a los cuatro sobrevivientes de la masacre, además de que lamentó que el titular de la CES, Jesús Alberto Capella Ibarra haya mentido a la “ciudadanía” sobre la puesta a disposición de los agentes policiacos que participaron en el multihomicidio, al mencionar que a más de 48 horas, no han sido puestos a disposición para que se les realice una investigación así como tampoco, las cuatro personas repelieron una agresión, debido a que no se acreditó tal hecho.
“Es grave que haya salido a los medios de comunicación nacionales y estatales, a decir lo que había sucedido, dio su versión y ustedes lo acaban de escuchar, si bien es cierto que la familia quería decir lo que había pasado, pero queríamos esta verdad legal y sustentada ante un juez de control y si bien, nuestros representados bajaron ante un juez de control, pero ciertamente a nosotros nos convino y se demostró en audiencia pública, todo lo que sucedió”, advirtió.
Por último, Cuéllar Miranda dijo que estará en espera de que la familia Chapa Valdés presente o no una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los elementos de la GOES adscritos a la CES, por el delito de homicidio calificado en agravio de cuatro mujeres, un menores de edad y una bebé de dos meses de edad, quienes fueron ultimados con el tiro de gracia.
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