Alejandro Vera Jiménez y María Elena Ávila fueron vinculados a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito y por no presentarse a la audiencia de vinculación. El juez de la sala 02 de juicios orales, Isidoro Sandoval; sin embargo, sus abogados trataron de justificar su ausencia con recetas médicas; él argumentó que era hipertenso y ella, crisis de ansiedad.
La etapa que sigue del juicio contra el ex rector de la UAEM y su esposa será definitiva, la cual puede comenzar en cuatro meses, aproximadamente.
Los abogados de los imputados adelantaron que iniciarán dos amparos en contra de los resolutivos para, de esa manera, evitar una eventual orden de aprehensión en contra de sus defendidos, además de señalar que si el juez ordena la aprehensión incurriría en una violación, ya que el amparo que presentaron hace unas semanas sigue vigente y ninguno de los dos puede ser detenido.
En la audiencia programada para ayer, a las 15:00 horas, los dos imputados, Alejandro Vera y María Elena Ávila, no se presentaron.
Al inicio los fiscales hicieron la observación y solicitaron de inmediato al juez que fueran sustraídos con el fin de que fueran llevados a la sala con la fuerza pública.
Sin embargo, la defensa argumentó que tenían justificantes médicos en razón de que sus defendidos tenían padecimientos que les impedían presentarse ante el juez; sin embargo, el argumento fue rebatido por la fiscal.
Ante la determinación del juez, la fiscal dio lectura a las acusaciones en contra de los imputados, ya que ambos, bajo la sociedad conyugal, elevaron su nivel de vida antes y después desde la Rectoría, ella como directora de Planeación y él como rector adquirieron bienes y sus cuentas bancarias crecieron considerablemente.
Se presentaron informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en 2011, Vera Jiménez concluyó el año con 17 mil pesos en números cerrados, y María Elena Ávila, con mil 400 pesos.
Pero esto cambió y desde su arribo a la Rectoría hubo movimientos de recursos en sus cuentas bancarias muy significativos de 2012 a 2017, con depósitos en diferentes momentos que van desde 400 y 500 mil pesos hasta un millón de pesos como el ocurrido el 30 de diciembre de 2016.
“Sin que esto se justifique, porque no concuerdan estas cantidades con el salario que ambos recibían en los encargos que tenían”, expuso el juez, por lo tanto, se sustenta y acredita que usaron su cargo para incrementar su patrimonio en agravio de la sociedad.