I. A prisa. La Cámara de Diputados aprobó en fast track la Ley de Seguridad Interior para que los estados y municipios con problemas provocados por el crimen organizado puedan obtener la ayuda de la federación. Fue un proceso rápido, el Pleno le dispensó los trámites a la ley y en cuestión de una hora se debatió este ordenamiento histórico. Hubo 11 panistas que se rebelaron y votaron en favor, en sintonía con el PRI y sus aliados. Ahora, la oposición anuncia que irá a la Suprema Corte para pedir una acción de inconstitucionalidad. Casi bien: los diputados apresuraron el paso para esta ley, pero cerraron el periodo ordinario y dejaron fuera el nombramiento del auditor Superior de la Federación, una pieza clave en el combate a la corrupción. No les digo.
II. Así ocurrió. El pasado 17 de noviembre era el primer día en el Senado para registrarse como aspirante a suceder en el cargo a Santiago Nieto en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Y la única persona que llegó al recinto fue Héctor Díaz Santana. En esa ocasión, dijo a Grupo Imagen que México no vive tiempos para generar más problemas, y pidió a la Cámara alta asumir un gran sentido de responsabilidad institucional en la designación de la persona adecuada para el cargo. Ese hombre, con una amplia hoja de servicios, fue nombrado titular de la Fepade y ahora será quien tendrá que honrar sus propias palabras y vigilar las elecciones de mayor importancia del país.
III. A consulta. Como no se logró un acuerdo para darle marco legal e institucional al Mando Único policiaco, optaron por una medida inédita: Una consulta popular que decida si los mexicanos queremos 32 policías estatales o más de mil 800 policías municipales, mientras los criminales se pasean por calles de ciudades y poblaciones impasibles, sabedores que los responsables de velar por la tranquilidad de la población deambulan sin oficio ni beneficio. Será la primera vez que se recurra a la consulta popular para tomar una decisión de esta naturaleza, programada, precisamente, para la fecha de las elecciones de 2018, el 1 de julio. Una resolución que tienen que validar el Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una buena alternativa.
IV. Histórico. Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, fue el primer mandatario mexicano invitado a participar en una mesa de diálogo organizada por la Cámara de Comercio de la ciudad de McAllen, Texas. El mandatario mexicano sostuvo que su administración ha emprendido acciones sin precedentes en el combate a la inseguridad, que se traducen en mejores condiciones para el desarrollo económico de la región en ambos lados de la frontera. El alcalde de McAllen, Jim Darling, entregó las llaves de la ciudad al mandatario, convirtiéndolo en el primer gobernador en recibir esta distinción. Mejor que le ayuden a acabar con de tráfico de armas. Sería lo óptimo. Esas “llaves” no ayudan mucho.
V. Pobreza crediticia. Para darse una idea del escollo en el que se encuentran las finanzas de algunas zonas del país, 60 municipios más desarrollados resultaron reprobados en viabilidad financiera, con una calificación promedio de 58.9 puntos, de acuerdo con el Índice de Viabilidad Financiera Municipal 2017, de la consultora Aregional. Flavia Rodríguez Torres, directora de la firma, informó que La Paz, BCS, con 31.2 puntos; Mexicali, Baja California, con 38.0 puntos y Ciudad del Carmen, Campeche, con 40.8 puntos, obtuvieron la peor viabilidad financiera. Los municipios colocados en los lugares más bajos tienen, en general, una baja generación de ingresos propios y altos costos operativos, por lo que tienen limitada su flexibilidad financiera. Por ello, el nivel de endeudamiento tan alto. Inseguridad y finanzas sanas, los problemas que los políticos mexicanos no saben resolver