Disyuntiva del caso Tlatlaya

El magistrado Adalid Ambriz Landa liberó a los tres soldados acusados de modificación de la escena, encubrimiento y ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, por “insuficiencia probatoria”.

La resolución, sin embargo, no impide que, “por medios posteriores de prueba, el MP actúe nuevamente contra los inculpados, pues en estos casos no opera el sobreseimiento hasta en tanto prescriba la acción penal…”.

Por desgracia, entre más tiempo transcurre entre un hecho de sangre y su cabal esclarecimiento (¿qué tal el caso Iguala?), más difícil se torna conocer la verdad.

Ambriz excarceló a los militares porque, aduce, “no es posible vulnerar los derechos humanos de los procesados...”.

La inocencia o culpabilidad que resulte en la última instancia judicial plantea inquietudes como estas:

De ser culpables, ¿por qué dejaron con vida a las tres testigos de la masacre?

Si resultan inocentes, ¿el Estado y quienes los lincharon les repararán el daño a sus derechos humanos que implicó para ellos y sus familias la deshonra y el encarcelamiento…?

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