Pasadas las nueve de la noche del 31 de diciembre de 2017, el comandante de la policía municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero, Cesáreo Balbuena Hernández, se comunicó a la Fiscalía General del Estado. En la calle Antonio Paco, en el centro de Atoyac, se encontraba “una persona del sexo masculino privada de la vida, al parecer por proyectil de arma de fuego”.

Era el último muerto del año en un estado que cerró 2017 con cifras de homicidio en sus máximos históricos: 2,273 asesinatos y una tasa de homicidio de 53.3 por cada 100 mil habitantes.

Personal de la fiscalía se trasladó al centro de Atoyac. En el área fueron recogidos ocho casquillos percutidos y una ojiva. La víctima fue identificada por un grupo de vecinos: era el precandidato priísta Adolfo Serna Nogueda, considerado el aspirante con mayores posibilidades de llegar a la alcaldía en el próximo proceso electoral. Lo habían asesinado frente a su domicilio. Tenía 33 años de edad.

La muerte del empresario Serna Nogueda no es solamente un aviso —otro más— de lo que puede sobrevenir en Guerrero de cara a las próximas elecciones del 1 de julio. Es la confirmación de que en aquel estado, en donde 15 grupos del narcotráfico se disputan el control de la amapola, la política se ha convertido en el oficio más letal.

El pasado 30 de diciembre, el perredista Mariano Catalán, director de Servicios Generales del ayuntamiento de Zihuatanejo, fue atacado a tiros en pleno centro de aquel destino turístico. Un grupo armado que fue directamente por él, lo cazó mientras conducía su camioneta. Catalán sobrevivió diez minutos. El funcionario aspiraba a contender por la alcaldía en las próximas elecciones.

Dos días antes habían asesinado, en una pozolería en la que departía con amigos, al alcalde perredista de Petatlán, Arturo Gómez Pérez. De nueva cuenta, los agresores fueron lisa y llanamente por él, y lo ultimaron a tiros.

Tengo una lista de más de 30 políticos y funcionarios asesinados en Guerrero en los últimos once años. La lista comienza el 21 de abril de 2006, la tarde en que el director de Seguridad Pública de Pungarabato, Fidel Arellano Arellano, fue atacado en la carretera que conduce al municipio de Tlalchapa.

Arellano logró desenfundar su arma e hizo algunos disparos. Fue abatido, sin embargo, por ráfagas de armas largas. Su cargo quedó vacante durante más de un mes porque no lo quiso ninguna de las personas propuestas para ocuparlo.

La investigación concluyó que Arellano brindaba protección a integrantes de La Familia Michoacana.

En la lista, la constante es precisamente la colusión de políticos y funcionarios con grupos del narcotráfico. Dos casos de 2009:

El primero, el asesinato del dos veces presidente municipal de Petatlán (una por el PRI, otra por el PRD), Javier Rodríguez Aceves. La investigación sostuvo que el homicidio era consecuencia de la relación que el político había establecido con integrantes de La Familia Michoacana.

El segundo, el homicidio del dirigente del PRD, Juan Sarabia Adame, en la carretera de Chichihualco, Guerrero. Se concluyó que el perredista estaba en tratos con Jesús Nava Romero, El Rojo, lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva. El homicidio fue cometido en el contexto de una disputa entre grupos criminales por el control de la región Centro.

En 2015 fue asesinado, junto con su chofer, el director de Recursos Humanos del ayuntamiento de Acapulco, Andrés Lara García. La Fiscalía presumió “acuerdos no cumplidos” con el Cártel Independiente de Acapulco. Lara García fue baleado tras la detención de uno de los líderes del CIDA, Fredy del Valle, alias El Burro.

Al año siguiente, 2016, vino el asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte. Soto era compadre del líder del grupo de Los Tequileros, Raybel Jacobo Almonte. La orden de asesinarlo fue dada por el líder de Los Templarios, Rodolfo Maldonado Bustos, alias Don José.

El año pasado, entre otros casos relevantes, fue ejecutado el ex alcalde y ex diputado perredista Roger Arellano. Un comando irrumpió en su domicilio durante la celebración de un convivio familiar. Lo asesinaron a él y a uno de sus tíos. Declaraciones obtenidas posteriormente relacionaron a Arellano con Santana Ríos Bahena, líder de La Familia Michoacana.

La Fiscalía de Guerrero opera en condiciones extremas de precariedad. En 45 de los 81 municipios del estado no cuenta siquiera con instalaciones. El presupuesto asignado a procuración de justicia en la entidad es infinitamente menor que el asignado a Chiapas, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco.

Hay una alarma sonando en Guerrero desde hace tiempo. El incendio ya comenzó en Atoyac, Zihuatanejo y Petatlán. Más que nunca, en el contexto de unas elecciones que se avizoran especialmente complicadas, el gobierno federal está obligado a apagarlo.

@hdemauleon demauleon@hotmail.com