El proceso electoral de 2018 no debe ser un pretexto o justificante para “despilfarrar” el gasto público, sobre todo cuando se está en la ruta de consolidación fiscal, por lo que expertos entrevistados consideraron que la transparencia y rendición de cuentas “en tiempo real” serán obligadas en el ejercicio del presupuesto.
Las calificadoras Moody’s y HR Ratings coincidieron en que el gasto público deberá estar “bajo la lupa” este año, porque existe el riesgo de mayores erogaciones por las elecciones presidenciales, de gobernadores en ocho estados y de jefe de gobierno en la Ciudad de México, lo que es un factor de incertidumbre para la economía.
Ernesto O’Farrill, presidente de Bursamétrica, consideró que este año deberá haber mayor transparencia en el ejercicio del gasto público a nivel federal, estatal y municipal, ya que en los estados los gobernantes se “sirven con la cuchara grande” y eso obliga a que haya rendición de cuentas.
“Debe haber una fiscalización del gasto público más efectivo y casi en tiempo real. El año electoral no debe ser una justificante para el despilfarro de recursos o poca transparencia”, sostuvo.
José Besil, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), señaló que aún con el proceso electoral en puerta, los gobiernos deben sujetarse a los niveles de gasto aprobados y su ejercicio debe de ser transparente, pero también austero y sin excesos.
“Debe haber mayor transparencia en la aplicación del gasto público, debemos vigilar para evitar gastos fuera de presupuesto o de actividades que no son reportadas, porque se hacen por abajo del agua, el riesgo que se presenta es que los políticos gasten más allá en las campañas electorales”, expuso Besil.
Moody’s advirtió que en 2018 existe un riesgo de mayor gasto en torno a las elecciones, por lo que la erogación de recursos públicos estará en observación, ya que la agencia ha registrado en años anteriores que en procesos electorales el gasto aumentó.
La calificadora subrayó que el riesgo de mayor gasto no es generalizado en todos los estados, pues si bien habrá una elección federal para elegir presidente, para la agencia las elecciones se concentran en siete estados que califica, por lo que el riesgo está acotado a Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco y Veracruz (Morelos y Yucatán no son calificados por Moody’s).
HR Ratings colocó la política de gasto público como un elemento que aportará este año incertidumbre a los agentes económicos, “las elecciones a mediados de 2018 naturalmente implican un detonante de riesgo”.
“Se tiene el compromiso de reducir el déficit para tener un superávit primario al cierre de año, incluso, de ser necesario se podrían aplicar nuevos recortes con el fin último de consolidar las finanzas públicas”, afirmó Félix Boni, director general de Análisis de la agencia.