Javier Corral ha puesto en jaque a Enrique Peña Nieto. La acusación por peculado por 250 millones de pesos en contra de su antecesor como gobernador de Chihuahua, César Duarte, colocó al Presidente en el centro de la lucha por la sucesión presidencial. Peña Nieto no estará en la boleta, pero por él cruza el descarrilamiento de la campaña presidencial del PRI. Corral lo ha emplazado desde el fin de semana. Peña Nieto, dijo, tiene que responder a los mexicanos. La estrategia detrás de él es clara y la ha delineado Ricardo Anaya, precandidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano: hay que eliminar al tercer lugar. Verbigracia, llevando la corrupción de Duarte al corazón de Los Pinos, inhabilitará la candidatura de José Antonio Meade y al final la lucha será entre dos, Andrés Manuel López Obrador y él.

En tiempos de precampaña electoral, donde los aspirantes a la Presidencia no pueden pedir el voto ni hacer propuestas, Corral es el mejor instrumento de Anaya para el ataque. La corrupción del neopriismo del nuevo siglo ha construido involuntariamente las condiciones para su vulnerabilidad. El Presidente reconoció la gravedad de las acusaciones de Corral, quizás no tanto por el fondo de su alegato, sino porque el ruido que ellas producen impacta en su proyecto transexenal. Peña Nieto fue forzado por las imputaciones de Corral a pelearse con él en el fango, y buscar frenar el daño que les estaba infligiendo.

“El gobierno de la República no puede ni merece ser descalificado, y menos señalado, por no estar respaldando al gobierno de Chihuahua”, dijo Peña Nieto horas después de procesar las imputaciones. “Yo les pregunto a los medios de comunicación si ha habido otro momento en la historia política del país donde algún funcionario del más alto nivel que hubiese sido señalado con sustento o con presumible sustento a la acusación, no esté enfrentando un proceso judicial alguno”. Improvisar en temas complejos no es el mejor ambiente para el Presidente. La respuesta es simple: se equivoca, sí ha habido otros momentos de esos.

Secretarios de Estado en regímenes priistas han ido a la cárcel por presuntos actos de corrupción; senadores priistas desaforados para poder ser juzgados por peculado, o gobernadores priistas por vínculos con el narcotráfico. Funcionarios en gobiernos estatales y municipales también fueron a prisión en el pasado. Una diferencia de aquellos años con los tiempos actuales, es que nunca fueron tantos priistas ni con sumas de dinero tan extraordinarias generadas por su presunta corrupción, los que habían enfrentado a la ley. Otra diferencia es que las percepciones otrora con las que se tienen ahora, es que nunca se concibió una corrupción tan rampante como la que se ha vivido en la era Peña Nieto, asociada intrínsecamente con la impunidad.

Las acciones de Corral en el proceso contra Duarte, su antecesor en Chihuahua, ya tienen una primera víctima de altos vuelos, Manlio Fabio Beltrones, quien ante la detención de Alejandro Gutiérrez, uno de sus principales colaboradores cuando era presidente del PRI, por el presunto desvío de 250 millones de pesos para campañas políticas del PRI, tramitó tres amparos ante un juez. Al hacerlo, automáticamente quedó inhabilitado para buscar un cargo de elección popular, porque la ley lo prohíbe al estar involucrado en un proceso judicial. Corral no ha quitado el interés sobre el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, que aparece en las indagatorias del Caso Duarte de manera indirecta hasta ahora –por lo que se sabe–, por haber presuntamente autorizado la transferencia ilegal de recursos presupuestales para fines electorales. Si avanza sobre esa ruta y procede judicialmente contra Videgaray, el siguiente en la lista será su sucesor en Hacienda, Meade, el precandidato presidencial. De ser así, no tardaría en aparecer en el camino, como se adelantó en este espacio el martes, Luis Vega, el secretario de Finanzas y Administración del PRI, incondicional del presidente Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México.

Corral tiene en sus manos lo que quiere Anaya, descarrilar al candidato del PRI y tener un proceso electoral polarizado. La sangre que corre por las heridas abiertas de los priistas ha sido claramente olida por muchos. La fotografía de la conferencia de prensa que dio Corral, el lunes, para acusar formalmente al gobierno de Peña Nieto de haber tomado venganza presupuestal contra Chihuahua por abrir el proceso contra Duarte, presentó a varias víctimas o denunciantes del priismo actual.

Entre ellos Santiago Nieto, el exjefe de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales que inició el proceso contra Duarte, que fue cesado y presionado con fotografías que afectarían su vida personal para que desistiera que el Senado lo repusiera en el cargo, y Paulo Díez, el abogado de Infraiber que hizo de su denuncia de corrupción contra la empresa OHL y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una cruzada personal. También Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta y Octavio López Presa, miembros del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, contra quienes El Universal, el periódico de batalla que ha utilizado el gobierno federal para fines políticos, enderezó una campaña de desprestigio.

Tiene razón el presidente Peña Nieto al decir que el montaje de Corral tuvo fines electorales. Pero hay matices. No todos los ahí presentes tienen ambiciones políticas o electorales, pero son luchadores probados contra la corrupción y por la transparencia. Estas dos variables son grandes déficits del gobierno peñista, que hoy ve en la suma de fuerzas, una alianza táctica y un piolet permanente contra la candidatura presidencial de Meade.

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