El 7 de enero, durante los festejos de la Purísima Concepción, se desató el infierno en la comunidad de Cacahuatepec, correspondiente a Acapulco, Guerrero. Integrantes de la policía comunitaria conocida como la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) se enfrentaron a tiros.

 

La jornada de violencia duró nueve horas. Dejó once muertos —entre ellos un menor— y 38 comunitarios detenidos.

 

Habían muerto las primeras ocho personas cuando policías estatales y ministeriales hicieron acto de presencia en el lugar. Los comunitarios los recibieron a cartucho cortado. Se desató entonces un segundo enfrentamiento.

 

Los comunitarios se resguardaron para impedir que su líder, Marco Antonio Suástegui Muñoz, fuera aprehendido. La nueva balacera dejó otros tres comunitarios muertos.

 

A los 38 miembros de la CRAC que fueron detenidos, la policía les aseguró 22 escopetas, cuatro armas cortas (dos de las cuales se hallaban en poder de Suástegui Muñoz y de uno de sus hermanos) y 730 dosis de marihuana.

 

La CRAC tenía en sus instalaciones a varios civiles privados de la libertad: se hallaban en proceso de “reeducación” —y tenían en el pecho letreros que así lo indicaban.

 

El Ejército, la Policía Federal y la estatal tomaron el control de la comunidad. La CRAC hizo circular un mensaje entre comunidades de las distintas regiones de Guerrero que llama a una movilización masiva para exigir:

 

“Respeto al sistema comunitario, castigo a los asesinos de nuestros compañeros, libertad de los compas detenidos, renuncia del general Pedro Almazán (secretario de Seguridad Pública), renuncia del fiscal Javier Olea Peláez y renuncia del gobernador Héctor Astudillo”.

 

El mensaje llama a concentrar la mayor cantidad de gente posible en San Luis Acatlán, Ayutla y Tlapa para “tomar agencias del MP y juzgados, cerrar las comandancias de policías ministeriales o estatales, y en dado caso que no hubieran liberado a nuestros compañeros, retener a funcionarios del gobierno para canjearlos”.

 

El líder de la CRAC, el activista Marco Antonio Suástegui Muñoz (vocero también del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, CECOP), había pasado un año y medio en la cárcel. Pesaban en su contra al menos cuatro órdenes de aprehensión.

 

Según la averiguación TAB/COL/02/0208/2014, hace cuatro años, al frente de un grupo de 200 personas “que portaban palos, machetes y armas de fuego”, Suástegui irrumpió en una empresa gravillera de la comunidad de Parotillas, y argumentó que desde esa fecha su grupo “explotaría la citada empresa en beneficio de la CECOP”.

 

El grupo fue acusado de haberse apoderado de muebles y objetos valuados en más de seis millones de pesos (le libraron orden de aprehensión por robo calificado).

 

Un año antes, a la cabeza de 300 personas, despojó al propietario de otra gravillera, privó de la libertad a algunos empleados, y luego les advirtió “que se tenían que retirar y no regresar” (le giraron orden de aprehensión por despojo).

 

En abril de 2014, Suástegui Muñoz fue acusado también de haber agredido a varios miembros de una familia —a la que los comunitarios acusaban de haberlos emboscado. Ese día, según la declaración de una de las víctimas, el líder de la CRAC viajaba a bordo de una camioneta, acompañado por otras personas, “las cuales iban realizando disparos con armas de fuego a distintos inmuebles”.

 

La víctima intentó correr a su domicilio. La hirieron en el cuello y el glúteo derecho (al líder de la CRAC se le acusó de tentativa de homicidio en agravio de tres personas).

 

En junio de ese año fue detenido. Las autoridades lo trasladaron al penal de La Unión y de ahí, alegando “cuestiones de seguridad personal”, al de máxima seguridad de Tepic.

 

La defensa de Suástegui fue emprendida por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. El centro declaró que el traslado había sido ilegal y violatorio de sus derechos: “seguramente le están ejerciendo actos de tortura”, alegó el abogado. Pidió que el delito de tentativa de homicidio fuera reclasificado. Alegó que la detención tenía como fin criminalizar un movimiento social y debilitar al grupo que se oponía a la construcción de La Parota.

 

La Red Nacional de Organismos Civiles TDT, entre otras organizaciones, exigió que Suástegui fuera liberado. El activista salió en libertad a fines de 2015. Grupos opositores lo acusaron de mantener secuestradas sus comunidades: “No permitan que haya una masacre”, alegaron, “están deteniendo gente y abusando de su autoridad”.

El 7 de enero hubo 11 muertos. Y no hay manera de saber cómo terminará todo esto.

@hdemauleon