La subsecretaria Vanessa Rubio afirma que se transfirió a Chihuahua en 2017 lo que por ley le correspondía. Remarca que la entrega de recursos firmados por convenio depende de la suficiencia presupuestal
La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Vanessa Rubio, rechazó las acusaciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y afirmó que no se puede extorsionar a la dependencia por recursos presupuestarios, y que la dependencia transfirió en 2017 los recursos que por ley corresponden.
Rubio explicó que no se entregaron recursos extraordinarios solicitados por el estado de Chihuahua durante 2017 mediante convenios debido a insuficiencias presupuestarias: “No se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por recursos que no corresponden conforme a la ley”, subrayó y enfatizó que los recursos que no corresponden por ley a las entidades federativas “no se pueden politizar”.
Dijo que las entidades federativas no han dejado de recibir los recursos que conforme a derecho le corresponden, “estos recursos no son discrecionales”, y explicó que para cualquier estado, la entrega de recursos firmados por convenio depende de la suficiencia presupuestal.
Ante esta falta de recursos presupuestales para transferir a los estados, “si no hay recursos adicionales, no se pueden obtener de ningún otro lugar, porque no vamos a recurrir a deuda, no vamos a recurrir a ningún otro modo de financiamiento, porque lo más importante a preservar son nuestras finanzas públicas sanas”, destacó.
Corral ha acusado que Hacienda no le ha entregado cerca de 780 millones de pesos a Chihuahua, pese a estar convenido desde el 14 de diciembre pasado, correspondiente a un fondo de saneamiento financiero que, según Corral, sólo se le ha negado a su entidad.
El gobierno de Chihuahua advirtió que, tras la negativa por parte del gobierno Federal para entregarle recursos que fueron convenidos, llevará el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Corral ha acusado al actual gobierno de haber retenido los recursos como una revancha política tras la investigación de un presunto desvío millonario de recursos que involucra a dirigentes y exlíderes del PRI.
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