Tras la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, el 12 de julio de 2015 del penal de El Altiplano, escuché muchas críticas diciendo que se había evadido porque el gobierno de México no lo había extraditado a Estados Unidos.

Tras su recaptura, el pasado 8 de enero, aumentaron las voces que exigían su entrega inmediata a Estados Unidos, anteponiendo proceso y sentencia por los delitos cometidos aquí, a la seguridad de que allí no se fugaría.

Para entonces, enero de este año, el presidente de la República hizo una declaración en la que fijaba su postura. De visita en Davos, los reporteros le preguntaron sobre el tema y respondió:

Se está trabajando en este caso que pasa por un proceso que involucra al Poder Judicial. Pero la indicación que tiene la Procuraduría General de la República es la de trabajar y acelerar para lograr, lo más pronto posible, la extradición de este delincuente de alta peligrosidad.

Y, pues ya con esa instrucción, la PGR aceleró los trabajos al punto de lograr que ya dos jueces federales han resuelto a favor de su extradición. El delincuente tiene expedientes abiertos en al menos otras ocho cortes federales en igual número de estados de la Unión Americana, que ya han solicitado su extradición.

A la notificación judicial, la secretaría de Relaciones Exteriores, y aquí sí es donde llega directa la instrucción presidencial, tiene 20 días hábiles para decidir si concede o no la extradición. Hoy tiene dos plazos corriendo, uno del juez tercero de Distrito de Procesos Penales, y otro del octavo.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Extradición, la SRE debe notificar a Guzmán Loera si otorga o no su entrega, ante lo que éste tiene 30 días para impugnarla vía amparo. Si no lo hace, se comunicará al gobierno de Estados Unidos la entrega que hará la PGR, previo aviso a la Secretaría de Gobernación.

Yo soy de los que piensan que Guzmán Loera debe ser procesado y sentenciado en México y ya luego, si procede, ser extraditado a Estados Unidos.

No comparto que la extradición sea el único recurso para evitar que se vuelva a fugar aquí.

RETALES

1. TIEMPO. Hasta los diputados se confunden: el extraordinario para desaforar a la diputada panista por Cosalá, Sinaloa, no es período, es sesión, dos cosas diferentes. Pero ya no lo convocará la Permanente;

2. DÍAS CLAVES. Hoy, para que la Comisión Permanente cite a período extraordinario para leyes anticorrupción, casi imposible, no hay ni predictámenes, y mañana, cuarto día de paro de maestros para dar de baja a los que sigan; y

3. OPERACIÓN. ¿Puede usted creer que algún gobernador esté operando a favor del candidato de otro partido en aras de la supervivencia? Eso andan revisando.

Nos vemos mañana, pero en privado

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