El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, anunció en Cancún que próximamente presentará una iniciativa de reforma para confiscar dinero, propiedades y bienes obtenidos ilícitamente por funcionarios “corruptos” y criminales.
La iniciativa, que espera sea presentada al Congreso de la Unión por los partidos Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza, que junto con el PRI integran la alianza Todos por México, abarcaría todos los activos registrados a nombre de “corruptos” y delincuentes, y aquellos que no lo estén, pero en los que se presuma que son propietarios y están registrados por prestanombres.
“Es una iniciativa de reforma para que los corruptos y los delincuentes no solamente paguen su pena, sino que a través de mecanismos ágiles y eficaces regresen el dinero y los bienes que obtuvieron ilícitamente.
“Es un nuevo modelo para recuperar todos los activos de los corruptos y los criminales”, sostuvo.
El anuncio del precandidato, desde el asta bandera de la zona hotelera de Cancún, ocurre justo en Quintana Roo, tierra del ex gobernador Roberto Borge, procesado y en prisión preventiva, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) por su probable responsabilidad en la compra-venta de terrenos a precios subvaluados —a través de prestanombres— para beneficiar a familiares, amigos, empresarios y políticos cercanos a su círculo de poder.
Castigo. En la zona turística, Meade estuvo acompañado por el dirigente estatal del PRI, Raymundo King; el integrante del Consejo Político Nacional del tricolor, Joaquín Hendricks; el ex gobernador de Tabasco Manuel Andrade, y varios jóvenes.
Acudió también Pedro Joaquín Delbouis, hijo del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien busca disputarle la presidencia municipal a la panista Perla Tun.
Ante ese reducido grupo, Meade amplió detalles sobre la iniciativa propuesta, que incluye cárcel con pena máxima ampliada a funcionarios que incurran en actos de corrupción y una certificación patrimonial obligatoria a los servidores públicos, que acredite la consistencia lógica entre sus cargos, sus ingresos y la evolución de sus fortunas.
“En conjunto, todo esto implica que las personas acusadas de un acto de corrupción tendrán la obligación de demostrar que su patrimonio es lícito; en caso contrario, se les confiscarán los bienes de inmediato.
“Quien no pueda explicar el origen de sus bienes, los perderá en beneficio de las obligaciones del Estado. Para ello se facultará a fiscales especializados en el combate a la corrupción para ejercer la extinción de dominio de manera ágil, equilibrada y justa”, detalló.
Con esa herramienta se recuperarán también bienes de cualquier otro delito, ya sea narcotráfico o lavado de dinero.
Sobre la cárcel con pena máxima ampliada, añadió que incluye la inhabilitación del servicio público y el impedimento para participar en procesos de contratación.