El secretario de Seguridad Pública de Nayarit, Javier Herrera Valles, acusa: “No podemos negar que tenemos todavía personas infiltradas, hemos dado de baja a elementos por situaciones de exámenes de control de confianza.
“Los que teníamos identificados como gente muy allegada al ex fiscal [Édgar Veytia], a sus operaciones, y algunos se han dado de baja”.
El ex mando de la Policía Federal (PF), secretario de Seguridad Pública de Nayarit es directo y sin titubeos.
La dependencia que encabeza sigue infiltrada por policías que operaban para el ex fiscal Veytia, conocido como El Diablo.
Hay fuga de información sobre operativos y otros elementos. Trabaja en depurarla por completo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Herrera Valles lanza un llamado a la Federación para que asuma su responsabilidad en el combate al crimen organizado, es puntual: que la Procuraduría General de la República (PGR) tenga más personal en Nayarit.
Mientras lo deciden, enfatiza que no se puede quedar con los brazos cruzados y opera con lo poco que tiene para garantizar la seguridad en la entidad.
Aclara que la violencia que se vive actualmente es producto de la administración pasada en la que el ex fiscal Veytia era el operador, tanto de la procuración de justicia como de la seguridad en el estado.
Menciona que en la administración del ex gobernador Roberto Sandoval se reformó la Constitución para darle facultades a Veytia que no le correspondían.
Desde su oficina comenta que la disputa entre los cárteles es por tomar el control de la capital del estado de la República: son los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y un grupo que comanda [Luis Antonio Torres] Valdivia, persona cercana a Veytia.
Pide al gobierno federal hacer un frente común para combatir la violencia y, además, Herrera Valles busca capacitar a sus policías con el apoyo de agencias de la Unión Americana para recobral la confianza de la sociedad.
El Diablo adentro
La dependencia que encabeza está infiltrada, ¿hay operadores del ex fiscal Veytia?
—Definitivamente sí. No podemos negar que tenemos todavía personas infiltradas, hemos dado de baja a elementos por situaciones de exámenes de control de confianza.
Los que teníamos identificados como gente muy allegada al ex fiscal [Veytia] a sus operaciones y algunos se han dado de baja.
No me cabe la menor duda que seguimos infiltrados, hemos tenido fuga de información importante, hemos dado fuertes golpes a la delincuencia organizada que no es tema del estado, sino de la Federación. Desgraciadamente no ha asumido la Federación su responsabilidad en estos temas; sin embargo, no podemos quedarnos con las manos cruzadas y hemos tenido algunos enfrentamientos.
Estamos luchando en dos vertientes, contra la delincuencia común y contra la organizada, la que tiene muchos recursos, hay halconeo, hay mucho dinero para comprar conciencias.
¿Hay reacomodos y qué organizaciones están peleando la plaza?
—Estaban los Beltrán Leyva, todo indica que eran los que estaban siendo protegidos por el ex fiscal Veytia, está Jalisco Nueva Generación y ahorita hay otro grupo que se ha estado manifestando últimamente. Han dejado mensajes de advertencia a [Luis Antonio Torres] Valdivia, un personaje de la policía municipal que pertenecía a la Policía Nayarit, al 18, perteneciente a los Beltrán Leyva. Esta guerra territorial es lo que nos trae la violencia.
¿Cómo estaba la Secretaría de Seguridad Pública y cuál ha sido la trasformación?
—Prácticamente no existía. Había una fiscalía que tenía atribuciones, era un fiscal el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y estaba al mando de la Secretaría de Seguridad Pública.
La secretaría no contaba con instalaciones propias, dentro del reglamento existía, pero no contaba con una academia.
Había un secretario que era una figura decorativa, porque no hacía las funciones.
La fiscalía conformó la Policía Nayarit con agentes municipales, estatales y ministeriales.
Esa fuerza operaba en todo el estado, los elementos estaban con el rostro cubierto y andaban en unidades que no tenían placas, identificación y cometían una sería de tropelías contra la población civil.
El ex fiscal operaba todos los temas de seguridad, persecución e investigación del delito.
Inclusive hubo reformas a la Constitución para darle atribuciones a la fiscalía para hacer revisiones en los caminos estatales, funciones que eran de tránsito o la policía vial.
La primera acción que se toma en la nueva administración es descubrir a la policía, darle rostro humano a la institución. Se van los policías municipales comisionados que eran alrededor de 100 elementos de la agrupación, la policía investigadora, de la fiscalía, regresa a sus labores.
¿Cuántos elementos se estima que están dentro de la corporación que tendrían que salir?
—El estimado no lo puedo dar. Hay gente muy comprometida, eso es innegable, considero que son muy pocos los elementos que están con esa tendencia a proteger a la delincuencia organizada en la entidad.
Hay una promesa del estado de aumentarles el sueldo, se está trabajando para darle esas condiciones de dignidad al policía que durante seis años sufrieron vejaciones, insultos y la moral estaba muy baja. Es uno de los aspectos que estamos trabando.
¿Cuántos fueron los que dieron de baja o que se salieron de la corporación?
—Hablamos de 100 elementos.
¿Qué están haciendo para recobrar la confianza de la sociedad, para que se acerquen al policía?
—Estamos atendiendo sus manifestaciones. Todas sus denuncias las estamos atendiendo, desgraciadamente hay muchas llamadas distractoras por la misma delincuencia organizada. Estamos trabajando muy de cerca con las autoridades municipales, coordinando acciones y muy en contacto con la ciudadanía para crear ese clima de confianza.
Con la experiencia que tiene en el ámbito federal, ¿está haciendo algo para capacitar a la policía?
—Tenemos un cuerpo de docentes de la academia que están certificando a los instructores que estaban en plantilla, estamos llevando cursos de actualización y estamos gestionando algunos cursos con agencias estadounidenses policiacas y esperemos que se concreten en este año.
¿La Federación no coadyuva?
—Sí está coadyuvando. Hay un apoyo con la fiscalía por parte de la Policía Científica [PF]), ayuda del área de inteligencia, pero realmente no se ha aplicado en traer elementos que ataquen frontalmente a la delincuencia organizada.
Lo estamos haciendo con las herramientas que no son muchas porque dejaron una Secretaría de Seguridad Pública desmantelada, sin equipamiento, sin patrullas, sin personal capacitado. Estamos luchando contra corriente.
Es un tema que tiene que atender la Federación, los últimos acontecimientos nos deja muy marcada la presencia de la delincuencia organizada desde mucho antes que entráramos a tomar posesión.
Nayarit tenía una tranquilidad ficticia porque era manipulada, no había denuncias por temor a lo que les pudiera acontecer, eran amenazados si presentaban alguna denuncia.
Se empezó a ver la realidad con el abatimiento de El H2, uno de los líderes de la plaza, posteriormente la detención del ex fiscal Veytia, ejecuciones y venganzas.
Ahorita es una guerra territorial, sobre todo en Tepic porque los problemas fuertes están en la capital.
Con los reacomodos en Nayarit, ¿la violencia irá en aumento?
—Tenemos que trabajar fuerte para disminuir la violencia. No podemos permitir la violencia en suelo nayarita y mucho menos en la capital del estado, estamos trabajando, coordinando apoyos con la Federación para que, con la responsabilidad que les compete, entren al tema y hagamos un frente común.
Esperemos que pronto se logre una coordinación más efectiva y obviamente con la Policía Federal ministerial de la Procuraduría General de la República, que tiene pocos elementos aquí y necesita incrementar su personal para que podamos trabajar.
Un llamado que siempre he hecho a la población: que nos tengan confianza, que hagan la denuncia de lo que ellos consideren inusual, donde vean gente armada.
Un aspecto muy importante es que la gente tome conciencia al rentar sus casas porque pueden ser utilizadas por la delincuencia organizada y en un momento dado se les puede aplicar la ley de extinción de dominio.