El jueves pasado, la Procuraduría General de la República pidió oficialmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos la inmediata captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, con fines de extradición. El procurador Alberto Elías Beltrán, cuando anunció que se ejecutaría esa acción, no dio a conocer a qué país se haría la solicitud, para evitar, explicó, la posibilidad de que Duarte escapara. Ese no era el motivo. La PGR sabe hace tiempo dónde se encontraba Duarte, pero extremaron cuidados para evitar una eventual denuncia por violación al proceso. Duarte se encuentra viviendo en Miami, Florida. Lo sabía el gobierno mexicano y lo sabía el estadounidense.

Duarte terminó su mandato como gobernador en octubre de 2016, tras lo cual se fue a vivir a El Paso, Texas, población gemela de Ciudad Juárez. Desde marzo de 2017 se fue a vivir a Miami, en la zona de Coral Gables, en el condado de Miami-Dade, al sur de aquella ciudad, y en donde permanece hasta este momento. Duarte nunca se ha escondido, y el departamento que rentó lo hizo a su nombre. Ahí ha seguido todo el proceso que tiene en México y la cruda realidad de que sus amigos y protectores lo fueron abandonando en el camino. Ofrecimientos de dinero prometido para ayudarlo, al tener congeladas sus cuentas y bienes, nunca llegaron, con lo cual sus recursos se han ido agotando lenta pero continuamente.

La vida cotidiana de Duarte no ha sido la de alguien a salto de mata, de acuerdo con personas que ha conocido de su estadía. Incluso hay quienes lo han llegado a ver caminando por la avenida Brickell, donde se encuentra el centro financiero de Miami, muy cerca de Coral Gables, o en algunos restaurantes de la zona. Su familia, o los pocos que lo visitan, tampoco se esconden. Su estadía de casi 11 meses en Miami había sido en relativa calma, sin que las autoridades de ambos países trabajaran para apurar el caso. Fue la presión del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a las autoridades estadounidenses, lo que llevó a que el gobierno de ese país la trasladara a la PGR y empezara a insistir de manera creciente que solicitara la extradición.

De acuerdo con la información a la que se ha tenido acceso, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto había estado alargando el proceso, que tuvo que acelerar por la presión de Washington. Públicamente, las autoridades mexicanas han negado presiones políticas para darle cause a la solicitud de extradición, pero no es así. Soportaron las de Corral, pero no las de Estados Unidos, e iniciaron el proceso en contra del deseo de algunos de políticos amigos de él, como el presidente Peña Nieto y el líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa.

El viernes pasado la PGR presentó tres solicitudes formales con fines de extradición, dos de ellas de la Fiscalía de Chihuahua y una más de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Elías Beltrán anticipó que se trabajaba en ocho más para dar seguimiento a las 11 causas penales que han sido presentadas, pero tendrían que ser entregadas al Departamento de Justicia para integrarlas al caso antes de proceder a extraditarlo. De no ser así, sólo podrán juzgar a Duarte por los delitos bajo los cuales se pidió que lo regresaran a México.

La estrategia de la PGR parecería acotar el daño que pueda causar el proceso contra Duarte, el propio gobierno federal y el PRI. La acusación más seria en ese capítulo es la de desvío de 250 millones de pesos del presupuesto para campañas políticas priistas, triangulada entre la Secretaría de Finanzas de Chihuahua, con la autorización de la Secretaría de Hacienda, para ser entregadas a PRI. Por ese presunto delito está preso Alejandro Gutiérrez, quien era secretario general adjunto del PRI durante los procesos electorales de 2015 y 2016, y obligó a quien era líder del partido y que figuraba entre los posibles militantes a una de las cámaras, Manlio Fabio Beltrones, a ampararse y hacer de lado la posibilidad de una nueva oportunidad parlamentaria. La acusación impactó la gestión de Luis Videgaray al frente de Hacienda y, de seguirle la pista del dinero público para fines electorales –no necesariamente a través de esos personajes–, se llegaría a Luis Vega, secretario de Finanzas y Administración del PRI, el hombre de confianza de Peña Nieto en materia de dineros.

Que regrese Duarte no es una noticia que deba tener tranquilos a muchos en Los Pinos, Hacienda, el PRI y el gobierno en general. El exgobernador, según personas que saben de su estado de ánimo, se encuentra decepcionado de quienes le ofrecieron ayuda y lo abandonaron mientras estaba en Miami, o no le construyeron la protección que hubiera esperado por los servicios prestados. Cuando regrese, su destino natural será una cárcel en Chihuahua.

Lo que no se sabe en México es cuánto tiempo tardará el Departamento de Justicia en responder al gobierno mexicano. La solicitud será examinada esta semana en Washington, para ver si está bien argumentada, bien presentada y bien justificada. La respuesta puede tardar horas, días o meses, según la velocidad que aplique el Departamento de Justicia, y la pulcritud legal del texto mexicano. Por lo que toca a su localización, las autoridades estadounidenses no tendrán problema en encontrar a Duarte, quien desde que llegó a Miami les informó en dónde residiría, como una muestra de que no estaba escondiéndose, ni del gobierno mexicano ni del anfitrión.

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