I. Derroche. El costo de la democracia en México es cada año más oneroso. Los partidos y los precandidatos a cualquier puesto de elección popular gastan a manos llenas. Si una coalición o partido presentara a candidatos para los 365 cargos federales en disputa, podría gastar hasta mil 646.9 millones de pesos. La política como negocio es redituable para el grupo que maneja los recursos en cada instituto político. La campaña para Presidente contempla gastos de 429.63 millones de pesos por candidato; cada uno de los 300 candidatos a diputados puede gastar 1.43 millones de pesos y cada uno de los que van al Senado, 2.86 millones de pesos. ¿Vale la pena el despilfarro?
II. Las herencias malditas. Otro exgobernador y su equipo se suman a la lista de funcionarios investigados por no entregar bien las cuentas a sus predecesores. La Auditoría Superior de Tamaulipas y la Contraloría Gubernamental indagan a Egidio Torre Cantú y a 40 exalcaldes por falta de solvencia de cuentas públicas por alrededor de 25 mil millones de pesos, de los cuales diez mil son exclusivos del sexenio anterior. Mario Soria, contralor gubernamental, señaló que están robusteciendo los expedientes y solicitando que el exmandatario tamaulipeco rinda cuentas. Inicia otra novela de presunta corrupción. Todos se subirán a este barco, según sus conveniencias.
III. Adiós bastión. El diputado Santiago Taboada se registró para convertirse en el primer alcalde de la delegación Benito Juárez, compitiendo Por México al Frente. Esta es la primera consecuencia nefasta de los pactos entre Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento Ciudadano. Primero fue Jorge Romero Herrera, después Christian Von Roehrich, exdelegados de BJ, y ahora Taboada, ¿No tienen otra camada? Mala decisión apostar a la continuidad de esta camarilla de panistas que sólo han alquilado las esquinas a puestos lamineros, otorgado licencias para construcciones irregulares y protegido a ambulantes y franeleros, antes que mantener la seguridad. Adiós, BJ azul.
IV. ¿Ahora sí? Cuántas veces ha escuchado usted esta historia: La Secretaría de la Función Pública, para prevenir delitos electorales, ya trabaja con la Secretaría de Desarrollo Social y con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en la actualización del Convenio de Colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenirlos, suscrito en febrero de 2016. Arely Gómez González, titular de la SFP, llamó a promover acciones para evitar el uso político de los programas sociales, así como a supervisar y vigilar los recursos públicos destinados al desarrollo social. Y, al final, todos embarrados, pues nadie cumple limpiamente. Ya lo veremos.
V. Prisas. Toca al Instituto Nacional Electoral (INE) resolver la apatía de los ciudadanos. Ayer domingo, a tres días de que venza el plazo para tramitar la credencial del INE, el único módulo que abrió en la Ciudad de México se abarrotó de ciudadanos que peregrinaron durante varios días para encontrar un lugar en el que pudiesen realizar su trámite. Lo malo es que a las 6:30 de la mañana ya estaban entregadas las 200 fichas que se repartirían para atender a los ciudadanos, de 8 de la mañana a 12 del día. Qué grave que sólo ese ínfimo número de ciudadanos pueda resolver su situación electoral. ¿Así quieren que la gente acuda a las urnas? ¿Atendiendo sólo a 200 en un día?