En la página oficial de la Procuraduría General de la República aparece Alberto Elías Beltrán como “Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales-En suplencia del Procurador General de la República”.

Desde el 16 de octubre pasado, en México no hay procurador general. Ese día, Raúl Cervantes renunció al cargo, con el propósito, según dijo, de dar vía libre a la nueva Fiscalía General de la República. El empantanamiento político en el Congreso y los pleitos de los partidos opositores con el Ejecutivo Federal dejaron el proceso en suspenso. El Presidente Peña Nieto declaró que tal vez habrá que esperar a que pasen las elecciones del 1 de julio para buscar un consenso para nombrar al que será el primer fiscal general.

Coincidentemente, en estos meses, se van acumulando pifias en la PGR.

El ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías obtuvo en diciembre un auto de libertad por el delito de defraudación fiscal por causa de un expediente mal armado y mal defendido. No está libre aún porque corre un plazo de 40 días para que la unidad de medidas cautelares entregue un informe de “evaluación de riesgos”. Es solo un trámite. Al final, saldrá de la cárcel. En agosto, Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex gobernador panista, había quedado libre del cargo de ser cómplice de su padre en delitos de corrupción. La PGR —todavía de Cervantes— se desistió de su acusación por falta de pruebas.

Durante la megaoperación para intentar rescatar a la vaquita marina, las autoridades federales (Marina, PGR, Semarnat y Gendarmería) expresaron públicamente que uno de los responsables del tráfico ilegal de especies era el dirigente de una de las asociaciones de pescadores, Sunshine Rodríguez. En noviembre, la PGR lo detuvo en Baja California. ¿Lo acusaron de tráfico de totoaba? ¿De pertenecer a una mafia con conexiones en China? ¿Le sacaron el expediente por pertenecer a una organización criminal fuertemente armada? No. La acusación se centró en que supuestamente llevaba en su coche una botella con anfetaminas. Unos días después, fue liberado sin cargos. La PGR no pudo armarle un caso tras su dudoso y opaco arresto, del que no hubo información, claridad ni expediente.

El penúltimo día de 2017, Erick Valencia Salazar, El 85, líder de los Matazetas y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, salió del penal de Puente Grande, en Jalisco, por falta de pruebas. Había sido detenido por el Ejército en 2012, con un arsenal de alto poder. La PGR no pudo —¿o no quiso?— sostener el caso y tampoco intentó impedir la liberación.

Hace unos días, el 25 de enero se frustró la extradición desde España del ex tesorero de Javier Duarte, ex gobernador priísta de Veracruz, por una pifia: faltaron documentos al presentar la solicitud al juez. La Procuraduría atribuyó el error a las autoridades españolas pero los fiscales mexicanos debieron detectar la falta de esos papeles desde semanas atrás.

El 19 de este mes, Elías Beltrán anunció tres órdenes de aprehensión con fines de extradición contra el ex gobernador de Chihuahua César Duarte, del que el gobierno de su sucesor, el panista Javier Corral, llevaba más de seis meses pidiéndole al gobierno federal que pidiera su detención en Estados Unidos. El problema es que se anuncie una orden antes de cumplirse, cosa prohibida por la ley. El prófugo ex mandatario priísta recibió el aviso.

Desde octubre, el manejo de la investigación de 1,500 cajas de seguridad de la First National Security en Cancún fue una de las primeras muestras de desaseo de la actual administración suplente de la PGR.

¿Es la falta de procurador? ¿O será que la persecución de los delitos se acomoda a los tiempos electorales?

El caso es que la lista de errores crece.
 

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