El regreso de Marcelo Ebrard a la política en activo, tras casi tres años de un exilio autoimpuesto, no pasó para nada desapercibido. La incorporación abierta del ex jefe de Gobierno de la CDMX a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, como uno de sus “generales” para enfrentar cualquier “operación de Estado” en la elección del próximo 1 de julio, desató toda clase de reacciones no sólo por el carácter y la experiencia de operador político-electoral que se le reconocen, sino también por los asuntos que dejó pendientes cuando se fue del país en mayo de 2015 y que motivaron, en buena medida, su decisión de autoexiliarse de la política nacional.

El propio Ebrard, con todo y su sonrisa que demostraba el gusto por su regreso triunfal, sabe que esos “pendientes”, tanto políticos como posiblemente judiciales, están ahí y podrían ser activados por sus enemigos políticos, los mismos que también vieron con preocupación y gesto adusto su llegada a la campaña del puntero en las encuestas por la carrera presidencial. Uno de ellos fue sin duda Miguel Angel Mancera, quien pasó de ser pupilo y proyecto de Marcelo, a convertirse, por una guerra de egos y por el intento de imposición y manipulación de su antecesor, primero en duro crítico y después en exhibidor, persecutor y verdugo de la gestión de quién lo impulsara para ser primero candidato y luego jefe de Gobierno en 2012.

“¿Hay investigaciones abierta contra Marcelo Ebrard en la procuraduría capitalina?”, le preguntaron los reporteros a Mancera, justo el jueves que se anunciaba el arribo del personaje a la campaña lopezobradorista. La respuesta fue puntual y muy política: “Nosotros en la Ciudad de México no tenemos una indagatoria abierta”, diría el jefe de Gobierno, quien también lamentaría la división de la izquierda —“No es algo que nosotros hubiésemos querido”— y aceptaría como “normal” y como “decisiones de partido” la incorporación de Ebrard como coordinador regional en el equipo de López Obrador.

Expedientes en PGR y las preguntas de Aguilar Zinser. Por la respuesta de Mancera a la prensa, no es de la procuraduría capitalina de la que debe cuidarse Marcelo en su regreso al país, pero nadie podría asegurarle en este momento al ex jefe de Gobierno la misma confianza en la actuación de la Procuraduría General de la República. Fuentes bien informadas sobre el expediente de la Línea 12 afirman a esta columna que en el gobierno federal, concretamente en la PGR que encabeza el encargado Alberto Elías Beltrán, sí hay un expediente con una averiguación abierta por “irregularidades y posibles desvíos” en la asignación de convenios por 9 mil millones de recursos federales que fueron entregados a su gobierno para la construcción de la Línea 12 del Metro. Los recursos de la Federación fluyeron entre 2010 y 2012 en diversas entregas a la administración ebrardista y son materia de auditorías e investigaciones de la Secretaría de Hacienda que nunca fueron del todo solventadas sobre el uso adecuado de esos recursos.

Antes de su actual regreso, entre 2016 y 2017, Marcelo Ebrard mandó en varias ocasiones a su abogado defensor, Gonzalo Aguilar Zinser, quién muriera el jueves pasado en la Ciudad de México víctima de un infarto, a preguntar a la PGR, de manera extraoficial si había alguna investigación en su contra o alguna razón jurídica por la que no debiera regresar al país. El fallecido Aguilar Zinser se reunió en al menos tres ocasiones con la entonces procuradora Arely Gómez, a quién le preguntó de parte de su cliente “si el gobierno federal veía algún impedimento legal” para que él volviera a territorio mexicano.

La respuesta entonces de la procuradora, después de hacer consultas “al más alto nivel”, fue que de parte del gobierno federal no tenían impedimento, pero que Ebrard considerara si era “conveniente” su regreso. Es claro que entonces Marcelo entendió el mensaje de su amiga la procuradora y prefirió no volver, lo que no evitó que en los últimos meses hiciera visitas esporádicas de algunos días, y siempre de bajo perfil, para ver a algunos de sus amigos políticos como Dante Delgado y el propio López Obrador.

La pregunta es si esa posición del gobierno federal cambió con el regreso de Ebrard Casaubón y sobre todo con su integración a la campaña lopezobradorista. Porque tampoco ya está en la PGR Arely Gómez y está claro que en el gobierno federal tienen presente sus señalamientos en contra del ex jefe de Gobierno, al que señalan de ser el autor de las primeras filtraciones y de “documentación” que dieron origen a las revelaciones periodísticas de la Casa Blanca de Las Lomas, uno de los expedientes de corrupción que marcaron la actual administración de Peña Nieto.

¿Será que del expediente político pasaron finalmente al expediente judicial con la existencia de una investigación formal sobre el uso de los 9 mil millones de pesos transferidos a la Línea 12 del Metro capitalino? Eso es lo que afirman los que conocen esas investigaciones. Así que, por aquello del “no te entumas” y con la muy desafortunada y lamentable muerte de su amigo y abogado Gonzalo Aguilar Zinser, bien haría Marcelo Ebrard en andarse con cautela. No vaya a ser que esa sonrisa tan comentada que lució en su regreso se le vaya a congelar por obra y gracia de la justicia politizada del gobierno federal y el perro fiel que tienen en el despacho principal de la PGR.

¿Contraataque político desde la PGR? Y hay razones de sobra para pensar que la actual procuraduría, en manos del subprocurador Elías Beltrán, será utilizada para responder a los golpes jurídico-políticos que empiezan a abundar en la actual contienda por el poder en el país. Dos acciones recientes de la Procuraduría General de a República apuntan a una respuesta jurídica, pero también con fuerte carga política, en dos casos emblemáticos de corrupción lanzados en este momento desde dos gobiernos estatales en contra de figuras políticas del partido del Presidente.

El primer caso tiene que ver con Chihuahua, donde la PGR se enfrascó esta semana en una serie de dimes y diretes con el marchista gobernador Javier Corral, por el tema de la atracción y el traslado de las acusaciones en contra del priísta Alejandro Gutiérrez por desvío de recursos federales al PRI chihuahuense. Primero la procuraduría dijo que Gutiérrez sería trasladado a una cárcel federal a petición de gobierno de Chihuahua; luego Corral los desmintió y dijo que había sido la PGR la que había pedido el traslado y así se pasaron varios días litigando en los medios. Y ayer vino la reacción desde la instancia federal, al anunciar una multa de 241 mil pesos al fiscal estatal de Chihuahua, César Augusto Peniche, por no “entregar la información solicitada sobre la denuncia de presuntos actos de tortura” de autoridades chihuahuenses en contra del detenido Gutiérrez. Por la misma razón multaron al director del Cereso 1, Juan Martín González, a la directora de Inspección de la Fiscalía, Ericka Juditth Jasso, y al fiscal especializado en Ejecución de Penas, David Flores, los tres con una multa de 80 mil pesos.

Otra medida de la PGR, ayer, que pareció “respuesta” a otro gobierno estatal por sus investigaciones de corrupción contra priístas fue la detención, por parte de la Policía Federal Ministerial, de Juan Vergara, ex tesorero del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, acusado de “lavado de dinero de más de 50 millones de pesos. Aunque el gobierno quintanarroense ayer se deslindó de su ex tesorero y dijo que las acusaciones en su contra son “por acciones privadas” y movimientos en sus cuentas personales, lo cierto es que la captura de Vergara se dio días después de que la Fiscalía de Quintana Roo detuviera a otro ex tesorero estatal, Mauricio Góngora, pero éste priísta y ex colaborador de Roberto Borge.

Vale la pena preguntarse si en la PGR la política ahora, al calor de las campañas, es responder también políticamente a los golpes judiciales de la oposición. De ser así que todos los que están en la contienda se preparen para enfrentar al brazo político de la justicia federal al grito de “ojo por ojo… político por político”.

Notas indiscretas… Cuando se trata de luchas de poder, las ambiciones no distinguen entre grillas políticas y empresariales. El próximo viernes habrá elecciones para renovar la dirigencia de la Concamin, en un proceso que se ofreció como “abierto y democrático”. Sin embargo, no es fácil desterrar los vicios electorales en México, sean entre políticos o entre empresarios, que se suponen acomodados y educados. Resulta que uno de los tres aspirantes, Rodrigo Alpizar —a quien sus contrincantes acusan de no ser empresario y de tener una denuncia abierta ante la PGR, de la Secretaría de Economía, por desvío de 14 millones de pesos del Fondo Pyme cuando presidió Canacintra— lleva a cabo una campaña de amedrentamiento y chantaje a las cámaras que elegirán al nuevo presidente nacional. Varios representantes dicen haber recibido “llamadas telefónicas amenazantes” del equipo de Alpizar y atribuyen su desesperación a que otro de los aspirantes, Francisco Cervantes Díaz, ya recibió el respaldo de 27 de los 45 presidentes de cámaras que votarán en esta elección, lo que haría que Cervantes tuviera prácticamente amarrada la dirigencia de los industriales del país. ¿Cómo acabará esta elección en la Concamin?.. En el caso del ex secretario de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas, y su acercamiento a Morena, en el actual gobierno estatal de Qurino Ordaz aseguran que no hubo las “amenazas” que éste les atribuyó para que no se registrara como candidato al Senado y, por el contrario, afirman, los “coqueteos” de Vargas con Andrés Manuel López Obrador no fueron recientes, sino desde hace varios meses, según reveló el propio candidato de Morena en sus recientes declaraciones en el estado, donde dijo que el ex secretario de Gobierno de Malova lo había buscado “desde hace seis meses para quejarse de que lo estaban persiguiendo”. En fin, que los priístas en Sinaloa andan enfrentados… Los dados mandan Serpiente. Buena Semana.

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