El acuerdo para que el gobierno de Javier Corral reciba 900 millones de pesos de la Federación está sujeto a transparencia; cada centavo es auditable, dice senador
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró que con los acuerdos alcanzados con el gobierno federal da por culminado el conflicto y confía en que el presidente Peña cumpla sus promesas.
CIUDAD DE MÉXICO.
El gobierno de Chihuahua requiere un nuevo convenio con Hacienda para acceder a los 900 millones de pesos que la Secretaría de Gobernación acordó darle, pues la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria impide la entrega de dinero federal sin un instrumento con cláusulas y reglas de operación.
Jorge Luis Lavalle, secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, explicó que no se puede otorgar dinero sin respaldo. “Y si el gobernador de Chihuahua presentó una controversia constitucional contra el convenio actual, debe retirarla o firmar uno nuevo”.
La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga a que cada peso que Hacienda entrega por un convenio, está sujeto a transparencia y rendición de cuentas y cada centavo es auditable y hay conceptos específicos bajo los cuales se pueden ejercer los recursos y todos ellos tienen que estar sustentados en estos convenios, precisó.
“Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales”, precisa el artículo 82 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ven necesario pacto entre Corral y SHCP
La Ley de Presupuesto y Responsabilidad impide la entrega de dinero sin cláusulas y reglas de operación.
Aunque el gobierno de Chihuahua logró un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, necesita pactar un convenio con la Secretaría de Hacienda para que tenga acceso a los 900 millones de pesos comprometidos, porque la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria impide la entrega de dinero federal sin la suscripción de un instrumento con cláusulas y reglas de operación.
“Tiene que haber un convenio forzosamente, con reglas claras, sujeto a transparencia, rendición de cuentas y auditorías federales, porque la Secretaría de Hacienda no tiene libertad de entregar dinero alguno sin un respaldo. Y si el gobernador de Chihuahua presentó una controversia constitucional contra el convenio actual que permite esas transferencias, como lo anunció hace una semana, entonces él debe retirar esas controversia o firmar un nuevo convenio, porque de otra forma no puede recibir dinero”, explicó a Excélsior el secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, Jorge Luis Lavalle.
El legislador federal precisó que “estos convenios surgen del Ramo 23; son extraordinarios que normalmente salen de los recursos remanentes o excedentes que se generan a lo largo del año y esos se redistribuyen entre los estados.
“Cada estado celebra para instrumentos específicos o para programas específicos y a mí no me ha quedado claro para qué los quiere el gobierno de Chihuahua, porque finalmente le dieron un presupuesto ordinario de 40 mil millones de pesos, luego de manera extraordinario otros dos mil millones de pesos y le endeudas con otros dos mil millones de pesos; estamos hablando de 44 mil millones de pesos.
“Y en el momento mediático en que empezó este asunto, se dijo que Chihuahua no tenía para el pago de aguinaldos y eso me parece gravísimo administrativamente hablando, porque los aguinaldos son sagrados y forman parte del presupuesto ordinario y bajo ninguna circunstancia se pueden prevén con base en excedentes, pero a fin de cuentas todo esto fue un tema político”, detalló el senador.
En efecto, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga a que cada peso que la Secretaría de Hacienda entrega por un convenio, que se conoce técnicamente como “instrumento”, está sujeto a transparencia y rendición de cuentas y cada centavo es auditable y hay conceptos específicos bajo los cuales se pueden ejercer los recursos y todos ellos tienen que estar bien sustentados en estos convenios, precisa Lavalle.
“Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales. En la suscripción de convenios se observará lo siguiente”, precisa el artículo 82 de la Ley de Hacienda y Responsabilidad Hacendaria.
También precisa que “de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante convenios de reasignación y aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal, se destinará un monto equivalente al uno al millar para la fiscalización de los mismos, en los términos de los acuerdos a que se refiere la siguiente fracción”.
El artículo 83 añade que “los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter federal, por lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para ello se sujetarán en lo conducente a lo dispuesto en el artículo anterior, así como deberán verificar que en los convenios se establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los documentos comprobatorios del gasto.
“La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos que permitan un ejercicio transparente, ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de sus competencias.
“La Auditoría proporcionará a las áreas de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas las guías para la fiscalización y las auditorías de los recursos federales. Las dependencias o entidades que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse al convenio modelo emitido por la Secretaría y la Función Pública, así como obtener la autorización presupuestaria de la Secretaría”, dispone.