Había vivido casi toda su vida en Estados Unidos, y de pronto fue detenida, encerrada y deportada al sur del Río Grande.

La deportación separó a la mexicana Lucía H. de su marido y de sus hijos, de cinco y 14 años. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch dado a conocer en diciembre del año pasado, el menor de los hijos de Lucía dejó de comer por el shock, mientras que su hijo adolescente cayó en profunda crisis nerviosa.

No fue todo: su marido se vio obligado a abandonar el campo de trabajo para atender a ambos niños. La vida de Lucía y de su familia se rompió. De pronto y para siempre.

A un año de la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, el perfil de los deportados ha cambiado drásticamente. Durante la administración de Barack Obama, la mayor parte de estos eran personajes en tránsito, gente que intentaba sortear los pasos fronterizos.

Las deportaciones en la era Trump ocurren en cambio en las ciudades, entre gente de “tierra adentro” que ha establecido en Estados Unidos lazos familiares, patrimoniales, de estudio y de arraigo.

Los efectos de la política migratoria de Donald Trump, con su feroz retórica de rechazo, arrojan ya sus primeros resultados. Todos ellos devastadores.

Diez días después de las elecciones de noviembre de 2016, se habían registrado en Estados Unidos 867 casos de hostigamiento e intimidación por motivos raciales. Se trataba de pintas, mensajes amenazas, golpizas y afectación en bienes materiales.

Un año más tarde (entre enero y diciembre de 2017) el FBI registró que a lo largo del país se habían cometido 6 mil 121 crímenes de odio. “Todos alentados de alguna manera por el lenguaje violento del mandatario”, afirma la doctora Eunice Rendón, de Agenda Migrante.

Como se sabe, Trump firmó al principio de su mandato dos decretos ejecutivos que convirtieron en objetivos prioritarios de arresto, detención y deportación a los inmigrantes no autorizados; más adelante derogó las medidas adoptadas por Obama, que ofrecían a migrantes con vínculos afianzados en Estados Unidos “algún grado de resguardo contra la deportación”.

Un año más tarde, según Agenda Migrante, la agresiva política de Trump hizo descender las deportaciones en un 60%. La razón: el número de intentos de cruce de la frontera bajó, “debido al miedo que produce el discurso del presidente”.

Sin embargo, dentro del país aumentaron 42% los arrestos con perfil racial, es decir, los arrestos de personas que carecían de antecedentes delictivos y que fueron detenidas por su aspecto. De hecho, explica Rendón, de los últimos 500 mil deportados, solo 27 mil habían cometido un delito considerado grave: el resto fueron acusados de petty crimes o faltas menores (como conducir sin licencia).

La mexicana, por cierto, fue la nacionalidad más deportada sin que hubiera de por medio declaración de culpabilidad.

Las deportaciones vía aérea, mientras tanto, se intensificaron: 400 connacionales fueron deportados cada semana desde el día en que Trump rindió protesta.

De acuerdo con Agenda Migrante, el saldo del primer año de persecución contra los migrantes se traduce en la ampliación del concepto de lo criminal para aumentar el número de deportados; en la aceleración de los juicios de deportación y en los lineamientos que instruyen a los agentes de la Homeland Security “a hacer pleno uso de todas las autoridades estatutarias para la detención y deportación de extranjeros de manera expedita”.

También, en el entrenamiento de policías locales para que realicen tareas de control migratorio; en el debilitamiento de las “ciudades santuario”; en la desaceleración de los procesos de naturalización; en la solicitud de mil 600 millones de dólares para construir 19 kilómetros del muro fronterizo; en la aprobación de 100 millones de dólares para contratar 5 mil nuevos miembros de la patrulla fronteriza.

Y por último, en la solicitud de 185.6 millones de dólares para reforzar con 10 mil nuevos elementos a la ICE (el servicio de inmigración y control de aduanas).

La agenda antiinmigrante que Trump convirtió en eje de su campaña se ha traducido, en un año, en políticas oficiales concretas. El odio tiene permiso.
 

@hdemauleon
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