Por otra parte, cayeron en blandito. Como se ha escrito y discutido en los últimos años, primero el gobierno de Fox, pero sobre todo el de Calderón, tuvieron que pactar con un priismo necesario para construir gobernabilidad con base en la repartición indiscriminada de dinero a los gobernadores, con pocas, si es que alguna, manera de auditarlos o que en las entidades se ejerza una mínima rendición de cuentas.

Los gobernadores se atascaron. Literal.

No hay uno de los que ahora salen, ni de los que han salido en los últimos años que no esté rodeado de escándalos de dinero. O al menos que no hayan terminado viviendo tan cómodamente como empresario millonario.

Todo eso, mientras muchos de estos estados colapsan ya sea por inseguridad o por deuda, o por falta de inversión en infraestructura pública, o por altos niveles de pobreza.

La democracia en los estados abarató la llegada al poder: solo es cosa de tener mucho dinero para la campaña —ese dinero siempre se puede pagar de regreso desde la gubernatura—, y cualquiera puede llegar a ser gobernador.

En este sexenio, algunas cosas se han intentado para reducir la voracidad de los gobernadores: les quitaron la nómina de los maestros, se pasó una ley para intentar controlar su gusto por endeudarse, la Auditoría Superior de la Federación ahora puede hacer algo por que rindan cuentas, pero son pellizcos frente a los muchos miles de millones que se transfieren a los estados y de los que nadie se entera dónde quedan. Basta mirar a Veracruz o los fideicomisos de Moreno Valle, o...

Las elecciones del 5 de junio no parece que vayan a corregir, no lo suficiente por lo menos, este cáncer de nuestra vida pública. Los candidatos han descubierto en sus rivales vicios similares, a veces peores, que los de los que se van.

El problema es estructural, las entidades no aguantan el mínimo escrutinio respecto al uso de los recursos del erario. La transición creó estas zonas de impunidad y corrupción de las que no hay elección que nos ayude a escapar.

Twitter: @puigcarlos

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